Cantabria anuncia "visitas sorpresa" para controlar la presencia de menores en salones de juego y casas de apuestas

El Gobierno de Cantabria pondrá en marcha en los próximos días un plan de inspección extraordinario para controlar la entrada de menores a salones de juego y casas de apuestas, dentro del programa de Juego Responsable que dirige la Consejería de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior.

La titular de este departamento, Paula Fernández Viaña, ha explicado que este plan se sumará a los procesos ordinarios de inspección que realiza habitualmente el Servicio de Juego autonómico y que además se han intensificado en los últimos años, si bien las nuevas actuaciones programadas en materia de juego se encaminan a hacer frente a los problemas de ludopatía que puede generar, principalmente entre la población menor.

Por eso, ha informado que los servicios técnicos realizarán un total de 94 visitas ‘sorpresa’ a salones de juego y locales de apuestas para detectar la presencia de menores, lo que implicará examinar a la totalidad de establecimientos (41 salones de juego y 7 casas de apuestas).

Además, el Gobierno de Cantabria ha fijado un protocolo de actuación que consistirá en la observación desde el exterior para controlar el acceso de clientes y, en caso de apreciar la entrada de algún posible menor, se accederá al interior para solicitar su identificación. En cualquier caso, después del periodo de observación exterior, se accederá al establecimiento para efectuar las oportunas identificaciones de aquellos que pudieran parecer menores.

Para que el plan extraordinario sea aún más eficiente, las inspecciones se harán de forma más extensa en aquellos establecimientos de juego con centros educativos cercanos y, al mismo tiempo, que coincidan en los momentos de salida o de recreo de los colegios e institutos.

La consejera ha dicho que la prioridad del Gobierno es proteger a los menores y colectivos vulnerables y combatir la ludopatía, si bien ha reconocido que el sector del juego “cumple en una amplísima mayoría” con las normas “por responsabilidad social” y ha recordado las sanciones que se prevén en la ley de juego por estos incumplimientos, pudiendo alcanzar los 150.000 euros, según el grado.

“El Gobierno, el sector del juego y colectivos como asociaciones de padres y vecinos trabajamos de manera conjunta para aportar iniciativas y sugerencias que propicien un crecimiento ordenado del juego, a la vez que se proteja a los colectivos más vulnerables”, ha subrayado.

Decreto de control de accesos y ley de juego

Fernández Viaña ha informado que su departamento ha ultimado el texto del decreto que implantará nuevas medidas de control de accesos a las salas de juego y casas de apuestas, con el fin de impedir de forma efectiva la entrada de menores y de las personas inscritas en el Registro de Control e Interdicciones de Acceso.

Entre las medidas, se prevé establecer un servicio de admisión para todos los salones de juego y locales de apuestas, mediante una aplicación informática para el control de accesos. También regulará el Registro de Interdicciones de acceso al juego para agilizar los procesos de inscripción de los interesados y la comunicación con los establecimientos, y facilitar la gestión del mismo a las empresas del sector.

Asimismo, también se continúa avanzando en la redacción del nuevo texto de la ley de juego autonómica, tras la constitución del grupo de trabajo creado al efecto y que integra a todos los colectivos implicados en el sector. Actualmente y hasta finales de mes, se encuentra abierto el plazo para que sus miembros trasladen al Gobierno autonómico las cuestiones que deben ser objeto de regulación.

Cantabria emprendió en 2017 una serie de medidas restrictivas para limitar el crecimiento del sector del juego. En primer lugar, limitó las distancias entre los propios salones de juego, que pasó de una distancia mínima de 150 metros a una distancia mínima de 500 metros.

Esta misma limitación (distancia mínima de 500 metros), se extendió a partir de 2020 (con la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas de 2019) entre los establecimientos de juego y los centros escolares, siendo actualmente la comunidad autónoma española más restrictiva en este ámbito.

El resto de autonomías no regula las distancias con los centros de enseñanza o bien las limitaciones van de los 50 metros de Canarias, a los 100 de Madrid, Asturias, Balerares, Cataluña y Castilla y León. Galicia establece 150 metros, Extremadura fija una distancia mínima de 300 metros y la Comunidad Valenciana prevé impulsar en el próximo tiempo una norma con la misma distancia establecida por Cantabria, 500 metros.

Por otro lado, ante la preocupación social por el incremento de la adicción del juego, Cantabria ha intensificado de forma importante las inspecciones de juego, pasando de las 564 en 2016 a las 1.188 en el último año.

Otras medidas restrictivas han consistido en la suspensión de concesión de nuevas autorizaciones de explotación de máquinas tragaperras, una suspensión que se mantiene desde el año 2006.

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