El siguiente comunicado ha sido envíado a esta redacción por parte de Otro Castro Es Posible. En él, la asociación manifiesta sus opiniones acerca de la constitución Ecoparque de Mioño S. L
A continuación mostramos el comunicado completo.
Comunicado:
Recientemente hemos asistido a una desatada euforia por parte de las administraciones públicas en pro del desarrollo sostenible, la defensa del medio ambiente y la preocupación por el cambio climático. Naturalmente, muchas de estas acciones son merecedoras de aplauso, pero en otras ocasiones se atisba que el cuidado del medio ambiente no es sino un señuelo para despistar al ciudadano y hacerle creer que se está apostando por la protección del medio cuando realmente se persigue lo contrario. A las asociaciones como la nuestra les resulta especialmente molesto que nos quieran dar gato por liebre cuando está en juego la protección del medio ambiente. Ya estamos viviendo esa situación con el vertedero de la Cota 100 de Dícido, lugar en el que bajo el pretexto de una “recuperación paisajística”, aún hoy se siguen autorizando toneladas y toneladas de vertidos que están reportando importantes beneficios a sus promotores. Así mismo, los promotores del PSIR de Vallégon (Junta Vecinal de Sámano y Consejería de Industria) han promovido un convenio para la restauración ambiental de la zona oeste de la Peña de Santullán, próxima al Polígono Industrial, con el que nos quieren convencer que se van amortiguar los perversos efectos ambientales que la ampliación del polígono va a tener sobre la Cava, el Tabernillas, y la ladera occidental de la Peña. Tanto en un caso como en otro se usa y abusa de expresiones como “restauración ambiental” con patente ignorancia de su significado, y con la evidente intención de despistar a la opinión pública.
Pero el hecho en el que queremos detenernos se refiere al reciente anuncio de constitución de una sociedad mercantil en la que participan el Gobierno de Cantabria y la Junta Vecinal de Mioño. El pasado 7 de marzo, Victor Echevarria, presidente de la Junta Vecinal, y el Consejero de Industria, Javier del Olmo, presentaron a la opinión pública la constitución de una sociedad mercantil que se va a denominar Ecoparque Mioño S. L. con el objeto, se dice, de gestionar el suelo industrial y la recuperación ambiental de un territorio que tiene una extensión de más de ocho millones de metros cuadrados y que afecta al entorno de las Minas de Dícido y de Setares. Este vasto territorio recorre las juntas vecinales de Mioño, Ontón, Lusa, Santullán y Otañes. Su superficie supera con creces el suelo urbano y urbanizable desarrollado durante los diez últimos años en el municipio y permitirá la recalificación de tres millones de metros cuadrados de suelo industrial, además de otros usos (no se señalan cuales, pero adivinamos que el superproyecto también contendrá suelo residencial, ya lo veremos).
Este sorprendente anuncio en el se llegaron a utilizar frases tan grandilocuentes como “hoy es un día histórico para Castro Urdiales, Mioño y Cantabria Oriental” en el que se daba “el pistoletazo de salida para la puesta en marcha del mayor volumen de suelo industrial de Cantabria”, ha prescindido de la presencia de los presidentes de la mayoría de las juntas vecinales propietarias de los terrenos, y se omite el consiguiente protocolo que obliga a una necesaria participación del Ayuntamiento de Castro Urdiales. Al parecer, el consejero y el pedáneo serán quienes diseñen el futuro de Castro Urdiales. La tramitación se está haciendo mediante un PSIR (Plan Singular de Interés Regional) promovido por la Junta Vecinal de Mioño, que se está tramitando ante la Consejería de Ordenación del Territorio y sobre el que ni siquiera el Ayuntamiento tiene información. Ignoramos en que lugar deja este PSIR con sus tres millones de metros cuadrados de suelo industrial, al otro PSIR, el de Vallegón, que alcanzaba un millón de metros cuadrados. La escasa información disponible nos hace deducir que el superpolígono de Vallegón va a quedar reducido a los 150.000 m2 de su primera y única fase que se van a desarrollar en la zona que se ubica entre el actual polígono y las paredes de la Peña, mientras que se va a renunciar al resto debido a la orografía del terreno. Sin embargo, la orografía del monte de Dícido no parece ser obstáculo para trasladar ahora este superpolígono sobre los terrenos de las antiguas instalaciones mineras. Resulta tragicómico.
Como también resulta extravagante enterarse por la prensa de la constitución de una sociedad en la que dos administraciones deciden dedicarse a realizar actividades económicas que exigen un cuidadoso procedimiento regulado por las normas de régimen local. Si el Ayuntamiento tuviera que constituir una sociedad mercantil para gestionar un servicio o actividad económica tendría que someterse a un riguroso procedimiento, incluido un trámite de información pública. ¿Y las juntas vecinales? Lo mismo. Con la salvedad que a la hora de disponer de sus bienes, la Junta Vecinal de Mioño debe solicitar la autorización del pleno del Ayuntamiento. Nada de esto se ha producido al constituir Ecoparque de Mioño S. L., por lo que esta sociedad nace, probablemente, nula.
Un Plan estratégico para definir el municipio en el que queremos vivir.
En este contexto, a medio camino entre la prepotencia y la improvisación, nuestra asociación tiene que manifestar lo siguiente:
Primero. Las propuestas que quieran organizar el desarrollo del municipio o de una parte de su territorio, deben liderarse desde el Ayuntamiento, con la necesaria participación de las juntas vecinales, y de los ciudadanos. Todas las administraciones públicas y el conjunto de la ciudadanía deberían involucrarse en un plan estratégico para definir el municipio en el que queremos vivir.
Segundo. El territorio sobre el que se pretenden las operaciones mencionadas está calificado actualmente por el Plan General como suelo no urbanizable de varias categorías (no urbanizable ordinario, de explotación forestal, de protección agropecuaria, de protección ecológica, y de especial protección ecológica). Cuando se diseño el plan del 96, sobre el que no hace falta juzgar su enorme proyección expansiva, las zonas así calificadas permitían contrarrestar los impactos de los crecimientos urbanos de Mioño, Lusa, Santullán, Los Corrales, Otañes y Baltezana. Ahora con este proyecto se traspasa una barrera más hacia una expansión sin límites. El desarrollo de nuestro municipio no tolera una recalificación de estas dimensiones, que rompa todas las previsiones del plan general y del sentido común de los mortales. Afortunadamente la jurisprudencia más reciente del tribunal Supremo repudia las recalificaciones de suelo protegido en suelo urbanizable, por muy santificadas que vengan desde los llamados planes singulares de interés regional.
Tercero. Es importante saber lo que contiene esta parte de Castro Urdiales. Entre sus contornos se hallan las antiguas minas de Dícido y de Setares, incluida una compleja y atractiva red de rutas mineras desde las cuales se pueden visitar unos cincuenta yacimientos mineros desde la Cota 100 hasta Campo Ezquerra, desde las minas de la Carmelita hasta la Gracera y que constituyen un recurso local de enorme valor cultural e histórico no sólo para las juntas vecinales, sino para Cantabria. Entre sus yacimientos destacan las explotaciones a cielo abierto del Pocillo o la de Setares, las ruinas de los poblados mineros de Campo Ezquerra y Setares, las instalaciones del Manzanal (en Ontón), o las de la cota 185 (en el monte de Dícido) que se completan con un hermoso elenco planos inclinados, cabeceras de planos, bocaminas, galerías, depósitos, lavaderos, talleres, muros de contención, túneles… que definen y dan personalidad a este territorio y que conforman una parte de la historia de Castro Urdiales de enorme relevancia para la tecnología, la economía, la sociedad entre los siglos XIX y XX. El futuro del entorno minero de las Minas de Dícido y de Setares debe priorizar la protección de los valores ambientales, y del patrimonio minero. Su restauración ambiental debe encaminarse a poner en valor sus valores paisajísticos, históricos y culturales, los yacimientos arqueológicos y las rutas mineras, y a partir de ahí, potenciar su uso como recurso turístico y cultural, compatible con la protección del entorno y con usos forestales sostenibles y con la actividad agropecuaria. La amplia zona de más de ocho millones de metros cuadrados entre Mioño, Santullán, Otañes, Baltezana y Ontón debe planificarse en esa dirección dejando de lado cualquier intención especuladora con destino a usos industriales o residenciales.
Cuarto. Si respetamos la definición que utiliza la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria y la comunidad científica, se consideran actuaciones de restauración ambiental “las encaminadas a conseguir la restitución de lo que había antes de sufrir una alteración o impacto negativo, favoreciendo la recuperación de las condiciones naturales”. De acuerdo con ello la restauración ambiental del entorno de las antiguas minas de Dícido y Setares nunca puede contemplar usos como vertederos, usos industriales u otros como los que se persiguen con el PSIR promovido por la Junta Vecinal de Mioño y la Consejería de Industria, porque de este modo no restituyen sino que cambian el territorio provocando nuevos impactos. Repudiamos el falseamiento de lo que implica una recuperación ambiental para justificar actividades que van justamente por el camino contrario.
Quinto. Castro Urdiales necesita organizar de forma coherente su oferta de suelo industrial. Ni la administración regional, ni la local, se han ocupado hasta ahora de este problema, mucho más distraídos por satisfacer la demanda de suelo residencial al rumbo marcado por el mercado inmobiliario. Este suelo industrial habría sido justamente el de la zona que se ubica entre Santullán y La Loma, si no hubiera sido arrebatado por la especulación inmobiliaria con el consentimiento del Ayuntamiento. Descartada esta opción, el futuro suelo industrial del municipio, de acuerdo con las previsiones del Plan de Ordenación del Litoral es el que se sitúa entre el actual polígono de Vallegón y Helguera, zona con extensión suficiente y que no contiene valores ambientales relevantes. Es aquí donde debe organizarse el futuro polígono industrial aprovechando y mejorando las infraestructuras del actual polígono de Vallegón.
Por último, no vamos a despedirnos sin denunciar el escandaloso silencio que mantiene el Ayuntamiento y los grupos políticos ante los hechos y los proyectos que planean sobre los territorios mineros. Parece ser que no es suficientemente relevante este proyecto como para que le presten atención.
¿Y las juntas vecinales? ¿Acaso se está esperando a ver que es lo que toca de las enormes plusvalías para ver si interesa entrar al dictado de lo que marca el presidente de la Junta Vecinal de Mioño?
A nuestro modo de ver el urbanismo en Castro Urdiales está entrando en una deriva en la que, si no hubiera sido suficientemente lamentable y problemática, sólo nos faltaba que venga a dictarse entre el Consejero de Industria y algunos alcaldes pedáneos burlando las competencias municipales y despreciando a la autoridad municipal, mientras los ciudadanos nos quedamos estupefactos. No puede ser. Es imprescindible una respuesta ciudadana si es que queremos participar en el modelo de municipio en el que queremos vivir. Quizás para ello tenga que cambiar la actitud de ciudadanos y asociaciones. Pero también es exigible un cambio de actitud de la administración. La administración debe cumplir primero con la ley, y luego con las formas. El urbanismo es cosa de todos, lo dice la ley. Por lo tanto, la administración debe convocar a los ciudadanos, no como mero trámite para cumplir con el procedimiento de información pública, sino para activar una participación efectiva.
Asociación Ciudadana OTRO CASTRO ES POSIBLE
16 de marzo 2008
