El pleno desbloqueó, en su sesión de ayer, parte del proyecto de la fachada marítima de Castro Urdiales. La Corporación, mediante una moción presentada por el PSOE, instó al Gobierno de Cantabria a ejecutar de urgencia, y con un coste cero para el Ayuntamiento, el aparcamiento subterráneo del parque de Amestoy y la urbanización del frente litoral mientras que el puerto deportivo y reordenación de la bahía quedará pendiente de consensuar. Al comienzo de esta sesión, de cuatro horas y media de duración, La socialista María Luisa Iturbe tomó posesión de su cargo de edil para sustituir a Emilio Cabezas, concejal que presento su dimisión, tras el pleno de la fallida moción de censura.
El tripartito (PRC-PP-IU) respaldó la moción socialista sobre el frente marítimo, cuya aprobación da luz verde a la ejecución de 1.100 plazas de aparcamiento en el nuevo subterráneo del parque Amestoy y la rehabilitación de de sus jardines. También se ampliará el paseo marítimo, y se procederá a reparar el rompeolas.
De esta manera, la Corporación municipal da un paso al frente y la parte más polémica, la actuación en la bahía que ha sido el punto de fricción que provocó el desacuerdo de muchos castreños, entre ellos el Colectivo contra el Puerto, deberá de esperar. No obstante, la votación provocó suspicacias y contó con el único voto en contra del edil no adscrito, Pedro Revuelta (ex PP), quien vio en este cambio de planes «una trampa, que pretende colar por la puerta de atrás la ejecución del puerto deportivo». Los cinco no adscritos expulsados del PSOE votaron «sí al parking, no al puerto».
Por otra parte, el edil Pedro Olano (expulsado del PSOE) acusó al equipo de gobierno de haber podido incurrir en un presunto delito de prevaricación al dar el visto bueno al acuerdo que permite la ejecución de 42 viviendas y garajes en El Chorrillo, obras contra las cuales, los ediles entonces socialistas interpusieron un contencioso administrativo . «Existe un acuerdo extrajudicial, denunció Olano, que considera que la licencia concedida por el tripartito (PP, PRC e IU) no es legal, ya que el PGOU sólo contempla dos y no cuatro plantas de garaje, por lo que los miembros del equipo de gobierno han podido delinquir y el Ministerio Fiscal debe abrir diligencias».
Hierro, edil de Obras recordó que «existen muchos edificios construidos en la anterior legislatura que están en la misma situación, y solicitó que también sean investigados».
Precisamente el pleno amplió ayer el número de plazas de garaje contempladas por el Plan General, un punto que prosperó pese a los votos en contra de los nueve ediles no adscritos.
Fuente : eldiariomontanes.com