Las calles de Castro Urdiales podrían verse invadidas de basura este verano si antes la adjudicataria del servicio municipal de limpieza urbana, recogida y transporte de residuos, Vertresa, y su plantilla no acercan posturas. Los 60 trabajadores, que exigen un convenio para incrementar en dos años sus nóminas por encima de los 1.000 euros -en la actualidad perciben unos 700- y mejoras en la maquinaria, protagonizarán una huelga entre el 27 de junio y el 12 de julio.
Su representante sindical, Aurelio Sañudo, señaló que el paro, que será indefinido a partir del 24 de julio, no cuenta hasta el momento con acuerdo de servicios mínimos, «y no admitiremos una medida unilateral por lo que, o se negocia, o no saldrá nadie a limpiar».
El presidente del sindicato Sitas aseguró que, en la actual situación, «no se puede trabajar». Según explicó, la única propuesta lanzada desde la compañía en seis meses de conversaciones es una subida del IPC más una décima, cuando la reivindicación de la plantilla plantea el incremento para este ejercicio de 120 euros por empleado, además de valorar la jornada del domingo como festiva. También exige la renovación de la flota de camiones, «obsoletos, hasta tal punto que nos planteamos dejar de utilizarlos porque empiezan a suponer un riesgo para nuestra propia seguridad».
Sañudo reconoció que, en medio de este conflicto, se sitúa el retraso de casi dos años que acumula el Ayuntamiento en adjudicar el nuevo contrato de limpieza viaria y recogida de basuras, lo que ha obligado a prorrogar las labores que realiza Vertresa desde 1998. En este sentido, la portavoz del grupo municipal del PSOE, María Jesús Esteban, urgió al equipo de gobierno a mediar entre empresa y trabajadores para buscar una solución. El Ejecutivo local, dijo, es el «auténtico responsable de esta situación ante su incapacidad para tomar decisiones, pese a ser mayoría».
Según recordó la edil, el Ayuntamiento trabaja en este contrato desde 2007. Seis empresas se presentaron al concurso público y se propuso adjudicarlo a Ascán por 100 millones de euros durante 16 años. La abstención de tres miembros de AxC -socio de gobierno-, truncó la operación tras rechazar por «subjetiva» la valoración de las ofertas elaborada por una firma externa.
«Excesivo retraso»
La Corporación encargó entonces a los técnicos municipales un estudio de las propuestas, y su informe determinó que la mejor era la de una UTE «que rebaja en seis millones la inversión municipal». «La oposición aprobó esa valoración, pero nuestros gobernantes la rechazaron y ahora nos vemos ante este panorama», criticó Esteban.
El concejal de Obras y Servicios, Rufino Díaz Helguera, lamentó la «tristísima» situación que se presenta para este verano en Castro tras reconocer el «excesivo retraso» que acumula la adjudicación.
Extraído de: elcorreodigital.com
