Con incertidumbre, preocupación e impotencia están viviendo los propietarios del Hotel Miramar de Castro Urdiales, ubicado en la Playa de Brazomar, la situación que mantiene este establecimiento a un paso de la piqueta. Un edificio que, al igual que el polideportivo castreño Peru Zaballa, está en el punto de mira de la Demarcación de Costas para ejecutar su posible demolición.
El edificio hotelero de la Playa de Brazomar parece condenado al derribo toda vez que la Demarcación de Costas en Cantabria ha fijado para el próximo 6 de abril, como fecha tope para que se realice el acta de reversión de la concesión otorgada al Ayuntamiento por resolución de la Jefatura de Obras Públicas de Santander el 31 de octubre de 1055, ratificada por Orden Ministerial de la Dirección General de Puertos y Señales Marítimas, el 6 de abril de 1963 y que caducó, a su vez, el 28 de mayo de 2008 por resolución emitida por parte de la Dirección de Sostenibilidad de la Costa y el Mar.
Tanto el Ayuntamiento, como entidad a la que se hizo la concesión, como los propietarios del hotel, la Familia Alonso, han sido citados por Costas para realizar el acta de reversión. Previamente, ambas partes mantendrán un encuentro para analizar la decisión del Ministerio de Medio Ambiente de adelantar la fecha de la caducidad del permiso que autorizaba al hotel a permanecer hasta 2017 en terrenos de dominio público marítimo-terrestre.
La concesión fue otorgada al Ayuntamiento para la construcción de un balneario, aunque tras unos años, cuando el edificio pasó a manos privadas, fue transformado en hotel. Ha sido precisamente ese cambio de uso de las instalaciones, ‘el incumplimiento de las cláusulas concesionales’, lo que ha provocado la cancelación anticipada de la concesión, según confirmó la Delegación del Gobierno de Cantabria.
Los propietarios del establecimiento, parte de cuyos cimientos ocupan el arenal de Brazomar, no entienden la actitud ‘radical y urgente’ de Costas por aplicar la ley sin tener en cuenta los ‘grandes problemas’ que supondría la desaparición del hotel.
‘Sería una ruina que lo derribasen, no podemos consentirlo porque un buen número de familias se irían a la calle, y habría que indemnizarlas, además de la gran inversión que hemos hecho desde que mi familia lo cogió; ¿acaso tienen en cuenta todo esto?’, cuestionaba el gerente del negocio Álvaro Alonso. A su juicio, la ley de Costas es ‘muy cruel’ porque solo persiguen la demolición sin tener en cuenta las circunstancias del caso.
Cuenta atrás
La cuenta atrás ha empezado pese a que el conflicto dura ya varios años, desde que Costas anunciase su intención de no renovar ninguna de las licencias otorgadas a infraestructuras levantadas en dominio público marítimo-terrestre.
Pese la requerimiento para dejar sin efecto la concesión, los propietarios del hotel recuerdan que aun está pendiente de resolución el recurso de apelación que presentaron para que se les reconociese la propiedad de instalación. Consideran además, que ‘el Ayuntamiento también tiene que tomar cartas en el asunto, porque es a él a quien reclaman la concesión, pero se da la circunstancia de que vendió el inmueble.
Construido por el Ayuntamiento a comienzos de los años 40, fue utilizado, con un fin social, como lugar de descanso para los enfermos del municipio.
En el proyecto original figuraban vestuarios, baños de algas y un bar-restaurante. En 1942 fue arrendado por la Familia Alonso, que pagaba 1.000 pesetas anuales de alquiler. Tres años después, el Consistorio lo convirtió en hotel y se lo alquiló a un madrileño, que lo abandonó en el año 1946.
En 1955, la instalación se sacó a subasta y fue adquirida por el castreño Ramón Peña Aznar, que realizó obras de ampliación. Cuatro años después de esto lo compraron los Alonso, familia que ha sido su propietaria desde entonces y que se enfrenta ahora a un incierto futuro.
La misma historia
> El Peru Zaballa. Además del Hotel Miramar, el polideportivo Peru Zaballa está también en el punto de mira de Costas, al ocupar terrenos de dominio público marítimo-terrestre y estar vencido el plazo de concesión. Pese a las promesas y compromisos públicos adquiridos por el PSOE sobre el mantenimiento de esta infraestructura, la oposición mayoritaria de la ciudadanía al derribo y los acuerdos plenarios para que se realice un nuevo deslinde, lo cierto es que en la actualidad existe una sentencia de demolición por parte de la Audiencia Nacional.
Costas, o el otro Plan ZP
Han pasado apenas unas horas desde que el Parlamento Europeo diera luz verde al Informe Auken: una denuncia sobre las políticas urbanísticas insostenibles y contrarias al Derecho Comunitario que se desarrollan en España. El documento incluso, incluye una advertencia: si el Gobierno español no adopta medidas para revertir la situación, Europa podría retirar los fondos estructurales asignados al país.
Hay muchas referencias y ejemplos concretos en el análisis aprobado en Estrasburgo, y uno de ellos es la aplicación retroactiva de la Ley de Costas en tanto que expoliación de derechos legítimos. El caso Miramar en Castro, acredita que Moncloa no se ha tomado en serio a la Cámara. Tampoco a los ciudadanos, titulares en este caso de una concesión adquirida al Ayuntamiento (1955) y que ahora quedan sin empleo y patrimonio. Pura seguridad jurídica. Otro Plan ZP.
Extraído de: EL MUNDO
