domingo. 21.04.2024

El caso Trapur, o lo que es lo mismo, el supuesto trato de favor por parte del Ayuntamiento de Castro Urdiales en la adjudicación del servicio de desratización del municipio a la empresa Trapur, ya está en manos de la Audiencia Provincial de Santander. En total, dos cajas que incluyen once tomos (hay incluso varios anexos). Además, y en virtud de una providencia que tiene fecha del 29 de mayo, el juzgado 2 de la villa castreña ha instado de nuevo a la Fiscalía (hasta la fecha ha informado únicamente respecto a los recursos interpuestos), a que formule escrito de acusación, solicitando la apertura del juicio oral en la forma prescrita por la ley o bien el sobreseimiento de la causa.

Según las fuentes jurídicas consultadas, la Fiscalía dispone de un plazo de diez días para fijar su posición. A partir de ahí, la Audiencia tendrá que determinar la apertura del juicio oral. Solo existe una posibilidad de que no sea así: que el fiscal abogue por el sobreseimiento, la Audiencia asuma esa tesis y, a la par, admita el recurso en curso contra la personación del ex interventor municipal Fernando Urruticoechea como acusación particular. Toda una carambola jurídica que, a priori, no parece posible dada la minuciosidad de las diligencias.
 
Ese recurso ha sido promovido por varios de los procesados, caso del alcalde tránsfuga Fernando Muguruza (ex PRC), y los concejales José Miguel Rodríguez (PP), Concepción Carranza (PP) y Salvador Hierro (IU). En el mismo, al que ha tenido acceso este periódico, apelan a la jurisprudencia y sostienen que ‘para poder personarse en calidad de acusación particular en un proceso penal es necesario tener la condición de perjudicado’.
 
Procesados
 
El caso Trapur ya es conocido. En síntesis, el juzgado 2 considera acreditado que Pedro María Llamas, gerente de la empresa Trapur S.L., ha sido beneficiado con sucesivas adjudicaciones irregulares de servicios de desratización y desinfección por parte del Ayuntamiento. Así, de empresa deficitaria en 2002, pasa a ser extraordinariamente rentable a partir de 2003. De ese año a 2009 consta un beneficio neto de 486.775 euros.
 
Por todo ello, se imputa a Llamas un delito continuado de trafico de influencias al valerse de su amistad con ediles para conseguir la adjudicación del servicio, así como otro de cohecho al haber pagado 1.000 euros a la concejala Elisa Dopico como dádiva. Lo hizo a través de cheque al portador.
 
En el caso de Dopico, se le imputa un delito continuado de prevaricación al ordenar la contratación (y prórroga) de Trapur a sabiendas de vulnerar la Ley de Contratos; todo ello en concurso con otro continuado de tráfico de influencias por ordenar a los funcionarios que solo avisaran a Trapur y otro de cohecho por haber recibido de la empresa los 1.000 euros aludidos.
 
Pedro Revuelta, a su vez, está procesado por prevaricación; en tanto que José Miguel Rodríguez lo es por prevaricación y tráfico de influencias. Finalmente, Muguruza está incurso en prevaricación.
 
Al Defensor del Pueblo
 
El alcalde de Castro Urdiales, Fernando Muguruza, ha anunciado su intención de trasladar al Defensor del Pueblo su preocupación por la ausencia de funcionarios. El ex interventor, Fernando Urruticoechea, medita también dirigirse al Defensor para “explicarle” los “porqués” de esa situación. “Mobbing”

Extraído de: EL MUNDO

El caso Trapur, once tomos, ya está en manos de la Audiencia