El caso Trapur, o el supuesto trato de favor en la concesión del servicio de desratización, se resolverá finalmente en la Audiencia Provincial de Santander. El ex interventor municipal del Ayuntamiento de Castro Urdiales, Fernando Urruticoechea, y con fecha de 25 de mayo, ha formulado escrito de acusación particular en el Juzgado 2 de la villa contra los imputados en las diligencias (243/2008) –ha finalizado la instrucción y existe auto de procedimiento abreviado–, para los cuales pide un total de 14 años y tres meses de prisión. Así mismo, solicita diversas penas de inhabilitación, cuantifica la responsabilidad civil en 865.300 euros y plantea la remisión de las actuaciones a la Audiencia.
La acción del ex interventor supone un cambio radical en la estado procesal de la causa. Así mismo, abre un nuevo camino para otras diligencias ya instruidas o todavía en tramitación. ¿Por qué? El Juzgado 2 no puede más que aceptar la acusación y, una vez comunicado el escrito a las partes y a la Fiscalía, remitir el expediente a la Audiencia (unos díez días). A partir de ahí, ésta tendría que pronunciarse sobre el caso Trapur y decidir la apertura o no de juicio oral, sin que puedan mediar procesos dilatorios de parte por la vía del recurso. Sólo caben ya apelaciones ante el Tribunal Supremo.
La hábil artimaña jurídica promovida por el letrado Josu Samaniego, representante legal de Urruticoechea, puede coadyuvar de esta forma a la agilización en gran medida de los procesos en curso en Castro Urdiales. Hasta la fecha son tres los autos de procedimiento abreviado; junto al relativo al caso Trapur, destaca otro referido a las mejoras realizadas durante la anterior legislatura en el túnel de Mioño por al empresa Izeta, gerenciada por Juan Ignacio Díez Muro, hermano del entonces concejal de Industria, Jaime Díez Muro (PRC).
Como ya informó EL MUNDO, y tal y como dispuso el auto del Juzgado 2, la adjudicación de la obra, el 21 de octubre de 2004, se realizó sin concurso e incumpliendo la Ley de Contratos, que exige solicitar un mínimo de tres ofertas en todos aquellos proyectos con costes de entre 30.000 y 60.000 euros. Izeta cobró 58.765 euros. Así mismo, quedaron constatadas otras irregularidades en el procedimiento.
Además del alcalde, el tránsfuga Fernando Muguruza (ex PRC) y los dos hermanos citados, se encuentran procesados José Miguel Rodríguez, actual primer teniente de alcalde (PP); Concepción Carranza, concejal de Cultura (PP); Salvador Hierro, entonces concejal de Obras (IU) y hoy en la oposición; Santiago Vélez, ex concejal de Deportes (IU); Juan Tomás Molinero, ex concejal de Medio Ambiente (PRC), y tres funcionarios del Ayuntamiento: el secretario municipal César Sáiz (jubilado en 2006), un técnico de administración general, José Antonio Gutiérrez, y Gregorio Alcedo. Muchos de ellos están incursos en otras diligencias.
Caso Trapur
El caso Trapur ya es conocido. En síntesis, el Juzgado 2 considera acreditado que Pedro María Llamas, a través de la empresa Trapur S.L, ha sido beneficiado sistemáticamente con sucesivas adjudicaciones irregulares de servicios de desratización, desinsectación y desinfección por parte del Ayuntamiento de Castro Urdiales. Así, de empresa deficitaria en 2002, pasa a ser extraordinariamente rentable a partir de 2003. De ese año a 2009 consta un beneficio neto de 486.775 euros (hay pagos, incluso, no declarados a Hacienda, por lo que se ha deducido testimonio de la documentación fiscal y se ha remitido a la Agencia Tributaria).
Por todo ello, se imputa a Pedro Llamas un delito continuado de tráfico de influencias al valerse de su amistad con Muguruza, Dopico, Rodríguez y Revuelta para conseguir la adjudicación del servicio, así como otro de cohecho al haber pagado 1.000 euros a Dopico como dádiva. Para él, la acusación particular propone 15 meses de prisión y multa de 973.511,38 euros por el primer delito, y cuatro años de prisión, multa de 3.000 euros e inhabilitación durante 9 años por el segundo.
En el caso de Dopico, se le imputa un delito continuado de prevaricación al ordenar la contratación (y prórroga) de Trapur a sabiendas de vulnerar la Ley de Contratos; todo ello en concurso con otro continuado de tráfico de influencias por ordenar a los funcionarios que sólo avisaran a Trapur y otro de cohecho por haber recibido de la empresa al menos 1.000 euros en su propio beneficio. Urruticoechea pide para ella penas de inhabilitación especial por 10 años (prevaricación), 1 año y 6 meses de prisión y multa de 169.764,50 euros (tráfico de influencias), y 6 años de prisión, inhabilitación por 12 años y multa de 3.000 euros por el delito de cohecho.
Pedro Revuelta, a su vez, está procesado por prevaricación –la acusación particular propone 10 años de inhabilitación–; en tanto que José Miguel Rodríguez lo es por prevaricación y tráfico de influencias. Urruticoechea pide para él penas de 1 año y 6 meses de prisión, multa de 587.769,76 euros y 10 años de inhabilitación. Finalmente, a Muguruza, incurso en prevaricación, se le piden 10 años de inhabilitación (prevaricación), en tanto que para la funcionaria Iciar Infante, por prevaricación, se reclaman otros diez.
También se exige responsabilidad civil a Llamas (486.775 euros), Dopico (85.882 euros), y Rodríguez (293.884 euros). Dichas cantidades serían ingresadas en las arcas del Ayuntamiento de Castro Urdiales. Igualan el quebranto.
El cheque de Dopico
>EL MUNDO desveló que la concejala Elisa Dopico, hoy en AxC y antes en el PP, cobró un talón al portador de 1.000 euros extendido por la empresa Trapur. Hay más cheques, pero no se ha podido identificar a los perceptores.
>En su declaración ante el juez, la edil admitió haber recibido el talón, pero negó que ello le hubiera condicionado al adoptar resoluciones. «Nadie compra a un concejal por un cheque de mil euros, cuando aquí se han movido maletines con billetes de quinientos que ni te cuento».
Extraído de: EL MUNDO
