El juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Santander ha declarado nulo el nombramiento de Gregorio Alcedo como interventor accidental del Ayuntamiento de Castro. El funcionario ocupa el puesto del titular, Fernando Urruticoechea, desde julio de 2004, una decisión del equipo de gobierno que fue denunciada ante los tribunales por el grupo socialista.
La oposición había alertado en varias ocasiones de que el cargo sólo podría ser ocupado por un funcionario de habilitación nacional, un requisito que Alcedo no cumple. Asimismo, la sentencia apunta que en la provisión del cargo no se especifica el plazo durante el cual el empleado ocupará su nuevo puesto por lo que «tenemos un nombramiento accidental que tiene carácter indefinido, lo que atenta contra su naturaleza excepcional».
Devolver el dinero
La decisión, que podrá ser recurrida, supone «que se anulan también todos los actos firmados por este funcionario», aseguró el ex socialista Rufino Díaz. Esto incluiría entre otras cosas, y según alertaron desde el gabinete municipal, «los sueldos o los pagos realizados a los proveedores que tendrán que devolver el dinero».
Por otro lado, durante el pleno celebrado ayer, la edil disidente del PP, Elisa Dopico, manifestó que denunciará por vía penal el convenio firmado el año pasado entre el Ayuntamiento y la sociedad Sepisma, que gestiona el servicio de Bomberos. La corporativa desveló que el acuerdo supone «adjudicar a dedo a una empresa privada un servicio público». Asimismo, Dopico apuntó que el responsable de la sociedad, y actual jefe de Bomberos, Manuel Santamaría, es además, funcionario municipal. «Cobra mensualmente una nómina de este Ayuntamiento, un hecho que podría calificarse como malversación de fondos», advirtió.
Fuente : elcorreodigital.com