8 de agosto de 2005, 14:36
Según el comunicado escrito por los cinco concejales exsocialistas de Castro Urdiales, el Defensor del Pueblo ha admitido la queja de los cinco concejales.
A continuación, exponemos el texto integro del comunicado recibido en esta editorial.
"Hemos tenido que acudir a otra instancia el Defensor del Pueblo para poder resolver los problemas importantes que existen en el Ayuntamiento ante el impas de los partidos políticos, ya que la función de velar por los derechos constitucionales de los concejales tiene que ser asumida por la autoridad judicial o por los órganos institucionales que salvaguardan las garantías de los derechos constitucionales.
El 26 de Julio el Defensor del Pueblo nos ha comunicado que en base al art. 54 de la Constitución y la Ley Orgánica de 6 de Abril de 1981, hay indicios de que se están menoscabando los derechos constitucionales de representación política que como concejales legítimamente elegidos, tenemos al formar parte de la corporación del Ayuntamiento de Castro. En esa misma fecha se ha cursado la oportuna orden al Ayuntamiento representado por el tripartito (PP-PRC-IU), para que remitan el pertinente informe al Defensor del Pueblo, para que de esta forma en base a la legislación vigente, se nos restituyan todos los derechos y obligaciones que poseemos y que nos han sido denegados por decisión unilateral y arbitraria del tripartito que dice gobernar este Ayuntamiento.
Es manifiesta, así lo presupone ahora el Defensor del Pueblo, la actitud autoritaria, antidemocrática y anticonstitucional del tripartito, que en tres meses nos han retirado los derechos constitucionales que como concejales miembros de esta corporación nos asisten. Va a tener que ser el Defensor del Pueblo el que llame la atención al tripartito para recordarles las obligaciones que asumieron cuando aceptaron representar a los ciudadanos y ciudadanas de Castro, velar por el fiel cumplimiento de la constitución (……..cumplir y hacer cumplir la Constitución como norma fundamental del Estado…..) aspecto este que han despreciado y que con su actitud desprecian a los ciudadanos que nos eligieron en las urnas democráticamente.
Ante esta actitud, nuestra obligación es denunciar un acto injusto y pedir responsabilidades políticas que tienen, ya que sus actos les deslegitiman para representar a nadie, sobre todo dentro del marco de la Constitución.
Pero, ¿Cuáles son las consecuencias de una actitud interesada, arbitraria y prepotente, que hemos denunciado desde el primer día y que de forma pactada parece no querer darse respuesta de solución?. Pues que Castro no tiene gobernabilidad, que está dirigida por intereses personalistas amparados en las direcciones de los partidos políticos que no defienden ni los mínimos principios constitucionales que a ellos mismos les legitima; la ciudadanía pierde protagonismo y Castro se ve paralizado en esta legislatura, rezagada en las conquistas sociales y de bienestar social. Los ciudadanos y ciudadanas castreñ@s no podemos consentir que el silencio, la desidia sea la herramienta política que se utiliza para gobernar, sin asumir la responsabilidad que la Ley les marca. Por el contrario, no existe ningún motivo por el cual el tripartito puede arrojarnos acusaciones contra nuestra condición de concejales y concejalas, ni somos tránsfugas, ni hemos realizado nada en contra de la Ley, somos expulsados de un partido que es el nuestro, y el reglamento de nuestro partido dirá si hemos actuado ajustándonos al mismo.
El tripartito no cuenta con la mayoría de la corporación desde febrero de 2005 y eso y nada más que eso ha provocado esta situación, porque no asumen la realidad. Deben rectificar y, restituir nuestros derechos constitucionales y de representación institucional. "