El alcalde de Castro Urdiales, Fernando Muguruza, y los dos concejales del PP, José Miguel Rodríguez López y Concepción Carranza -todos ellos imputados en el caso Mioño- han pedido el sobreseimiento de sus causas dentro de la investigación que ha abierto el Juzgado de Instrucción Número 2 de Castro Urdiales, en relación a la presunta adjudicación «a dedo» de las obras de acondicionamiento del túnel de Mioño.
Aunque los dos ediles populares no han querido pronunciarse sobre este proceso judicial iniciado por el Juzgado castreño, el regidor municipal ha reiterado en varias ocasiones que «aquí no hay nada, no hay caso».
Por otro lado, el instructor del asunto, que requisó hace unas semanas diferentes expedientes urbanísticos del Consistorio castreño, llamó ayer a testificar en calidad de testigo, al concejal de Obras, Rufino Díaz Helguera, en relación al Plan Parcial del SUNP 4 (Suelo Urbanizable No Programado), relativo a la zona del nuevo colegio de Santa Catalina.
Sobre este asunto hay que recordar que en marzo de 2007, el alcalde de Piélagos, Jesús Ángel Pacheco, denunció al consejero de Presidencia y Urbanismo del Gobierno de Cantabria, Vicente Mediavilla, ante la Fiscalía por la tramitación seguida por la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (Crotu) en el Plan Parcial del sector 4 de Castro Urdiales (SUNP-4), que incluye la construcción del quinto colegio público del municipio y viviendas colectivas.
Esta denuncia del Ayuntamiento de Piélagos se fundamentaba en la presunta relación familiar entre Mediavilla y el promotor inmobiliario de los terrenos de Castro Urdiales.
Además de las obras del túnel de Mioño, el Juzgado Número 2 de Castro investiga otros expedientes relacionados con la licencia de obras de la urbanización 'Residencial San Pelayo', en Santullán. Además, la Policía Judicial intervino también documentación sobre el Plan Parcial del SUNP 4, relativa a la zona del nuevo colegio de Santa Catalina, así como otro plan parcial en La Estación de Mioño. Por otro lado, el juez requisó diversa información sobre varios proyectos de compensación, reparcelación y urbanización del sector SUNP 3, ubicado en la zona del Alto de la Loma. En este entorno, el instructor incautó información sobre proyectos de varias viviendas promovidas por las empresas Bifamiliares y Adosados, Altos de Otañes S.L, Condominios del Norte S L, Promociones Inmobiliarias del Pisuerga SA., Alcalá 120 Promociones y Gestión Inmobiliaria SL.
Por último, además de una batería de carpetas, la Policía Judicial requisó el texto de la ordenanza sobre licencias urbanísticas y su tramitación.
Extraído de: eldiariomontanes.es
