El alcalde de Castro Urdiales, Fernando Muguruza, interpuso ayer en el Juzgado de Instrucción Número 1 de Castro Urdiales un recurso de apelación contra el auto emitido el pasado jueves, en el que se observan indicios de delito de calumnia del alcalde contra el juez que lleva la investigación en el Ayuntamiento de Castro, Luis Acayro Sánchez. Asegura que «toda persona acusada de un hecho punible tienen derecho a valerse de toda clase de pruebas de descargo y a contradecir las de cargo».
El regidor señalaría en ese escrito que la razón de solicitar una serie de documentos está motivada en justificar el marco en el que se produjeron sus declaraciones y la relación con los hechos imputados en el auto, «ya que es importante para enmarcar mis manifestaciones». Estas mismas fuentes aseguran que Muguruza estima que el auto es «precipitado» y «vulnera el derecho a un proceso con todas las garantías» puesto que a día de hoy, no se le han entregado los soportes audiovisuales recabados a los diversos medios de comunicación, «vetándome la posibilidad de acceder a los medios de prueba obrantes en las actuaciones» e «impidiendo proponer otras pruebas», añade.
En su recurso, el primer edil castreño califica como «nula de pleno derecho» la instrucción practicada, al haberse iniciado las diligencias «vulnerando los cauces procedimentales establecidos en el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por haber ordenado el presunto perjudicado de los hechos -el juez Luis Acayro Sánchez- a la Policía Judicial la iniciación del procedimiento.
Muguruza justifica esta consideración basándose en el Artículo 215 del Código Penal que establece que «nadie será penado por calumnia o injuria sino en virtud de querella de la persona ofendida por el delito o de su representante legal y que se procederá de oficio cuando la ofensa se dirija contra funcionario público, autoridad o agente de la misma sobre hechos concernientes al ejercicio de sus cargos». «Estamos ante un supuesto en el que no media querella por no ser necesario, pero en el que tampoco es cierto que se proceda de oficio», señala. Según el regidor esta es la razón que le lleva a mantener la «inexistencia de indicios racionales de criminalidad válidos para la continuación del procedimiento», puesto que los medios de prueba han sido obtenidos «vulnerando el ordenamiento jurídico, al haberse iniciado las actuaciones por orden del propio perjudicado del delito». Es por lo que ahora, el alcalde pide la nulidad del proceso ya que, el artículo 238 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, establece que «los actos procesales serán nulos de pleno derecho cuando se prescinda de normas esenciales del procedimiento, siempre que, por esa causa, haya podido producirse indefensión».
Muguruza considera que en este caso, el inicio del procedimiento en sí, «por unos cauces irregulares», produce «indefensión» ya que a su juicio, «es inviable que el juez, supuestamente perjudicado por las declaraciones del alcalde de Castro, ordene a la Policía Judicial actuar, porque aunque es cierto que en el caso de funcionario público en el ejercicio de sus funciones el procedimiento se puede iniciar de oficio, no lo es menos que parece totalmente inadecuado que lo acuerde iniciar el ofendido, aunque sea juez».
«Imputación injusta»
Finalmente, estima que procede el sobreseimiento de este caso ya que en ningún momento ha imputado al titular del Juzgado de Instrucción Número 2 de Castro la comisión de un delito de prevaricación sino que ha manifestado en el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión, que «a su juicio su imputación en los procedimientos judiciales tramitados por dicho Juzgado es injusta».
Extraído de: eldiariomontanes.es
