El hotel Miramar de Castro Urdiales, situado en la playa Brazomar, está condenado al derribo. La Dirección de Costas del Ministerio de Medio Ambiente ha decidido adelantar la fecha de caducidad del permiso que le autorizaba a permanecer hasta 2017 ubicado en dominio marítimo-terrestre. El establecimiento fue concebido como balneario. Sin embargo, tras unos años, el edificio pasó a manos privadas y fue transformado en hospedaje. Y esa reconversión ha motivado la cancelación anticipada de la concesión.
El conflicto viene de antiguo. Costas ya anunció hace dos años su intención de no renovar ninguna de las licencias otorgadas a inmuebles levantados en dominio público marítimo-terrestre. Los cimientos del hotel ocupan parte del principal arenal castreño, por lo que el Ministerio decidió no sólo no prorrogar el permiso, sino iniciar un expediente de caducidad por incumplimiento de las cláusulas concesionales para dejarlo sin efecto.
6.000 firmas en contra
Construido por el Ayuntamiento en plena posguerra española, el recinto ofreció los servicios de un balneario. Entonces tenía un objetivo social, ya que era utilizado como lugar de descanso para los enfermos del municipio. Desde 1945, en cambio, funciona como hospedaje. Pese a que ya están concienciados de que lo van a derribar, sus gestores pusieron el asunto en manos de sus abogados y han presentado varios recursos en los tribunales. Además, ya han recogido «unas 6.000 firmas» para intentar frenar la demolición.
«Nosotros no cambiamos el uso del establecimiento. Que lo tiraran supondría la ruina para la familia. Nos tendrían que indemnizar. Además, hay más edificios en situación parecida en Castro. La ley debería ser la misma para todos», se duele Álvaro Alonso, gerente del hotel.
Es cierto. En la localidad existen otras construcciones edificadas en zona de dominio marítimo-terrestre, entre ellas el Club Náutico y el dique solarium, pero ambas infraestructuras son competencia del Ejecutivo regional. El edificio sobre el que sí pesa una orden de derribo es el polideportivo Peru Zaballa. El Consistorio mantiene un litigio en la Audiencia Nacional para evitar su demolición.
La emblemática construcción, de todos modos, parece condenada a la piqueta, aunque no hay fecha para ello. La mayoría de los vecinos se opone al derribo. «Si tiran la terraza, que es lo que en realidad está sobre la arena, la playa apenas va a ganar espacio. No merece la pena», comenta Rosa García. «Si lo echan abajo, ¿qué pondrán en su lugar? Después de tantos años funcionando como hotel, no veo por qué hay que tirarlo ahora», se lamenta otra residente.
El actual hotel Miramar fue construido por decenas de presos políticos y en el proyecto original figuraban vestuarios, baños de algas y un bar-restaurante. En 1942 fue arrendado por la familia Alonso, que pagaba 1.000 pesetas anuales de alquiler. Tres años después, el Consistorio lo convirtió en hotel y se lo alquiló a un madrileño, que lo abandonó en 1946. En 1955, los responsables locales lo sacaron a subasta y el edificio acabó en manos de Ramón Peña, que lo amplió. Cuatro años después lo compraron los Alonso, familia que ha sido su propietaria desde entonces.
HOTEL MIRAMAR
