«Hay un tratamiento injusto hacia la institución municipal. Para mí, lo que está haciendo el juez roza la prevaricación. Está absolutamente decidido a no dejarme vivir, a amargarme la vida, y lo que no sabe es que a la gente que tiene la conciencia bien tranquila no se le puede amargar la vida». Estas eran algunas de las reflexiones que el alcalde de Castro Urdiales, Fernando Muguruza, realizaba horas después de conocer que el Juzgado de Instrucción Número 2 de Castro Urdiales le imputaba un presunto delito de prevaricación por irregularidades en el pago de facturas a la empresa castreña de desratización Trapur.
El regidor municipal cargó tintas contra el instructor del caso y señaló que «el despliegue de medios que está haciendo el juez es absolutamente desproporcionado». «Lo único que se consigue es continuar dañando el nombre de personas honradas y honestas que han trabajo por el bien de Castro Urdiales», apuntó.
En esta misma línea, Fernando Muguruza insistió que el juez está «absolutamente decidido a no dejarme vivir, a amargarme la vida. Y lo que no sabe es que a gente con la conciencia bien tranquila no se le puede amargar la vida. Sus actuaciones no me van a quitar el sueño», comentó indignado el alcalde.
El primer edil, que testificará ante el juez el 28 de mayo, consideró que instancias superiores del Poder Judicial «deberían tomar cartas en el asunto, porque esto es un acoso que no es democrático». «Ante este acoso judicial he de decir que confío que el corporativismo no impida que actúen instancias judiciales superiores», apuntó Muguruza al mismo tiempo que pidió amparo.
«Caza de brujas»
En declaraciones a este periódico, el alcalde argumentó las causas por las que se requirió los servicios de la empresa Trapur en 2005. «Se contrató a esta empresa de desparasitación, única en Castro, ante una epidemia de ratas que había que resolver urgentemente por las múltiples denuncias de los ciudadanos». En este sentido, el regidor explicó que fue en 2006 cuando se realizó la adjudicación del contrato, por un importe de 110.000 euros, y de una manera «completamente justificada».
Pero Muguruza fue más allá y dijo que este proceso judicial «va a suponer muchísimo más dinero al erario público que lo que supuso en su día la contratación de esta campaña de desratización». «Abrir expedientes judiciales y cazas de brujas supone un mal gasto del dinero público», apostilló.
El también concejal de Urbanismo señaló que «se demuestra una intencionalidad con nombres y apellidos. «No se está buscando la justicia, sino descalificar la gestión de unas personas. Esto atenta contra un desarrollo normal de la democracia. Es un claro acoso al equipo de gobierno, que hace difícil trabajar en estas condiciones. No van a conseguir mi rendición», advirtió.
Para el regidor, «es lamentable que entre los funcionarios que vienen a mejorar nuestra ciudad - como los jueces- haya algunos como el interventor Urruticoechea que lo único que están haciendo es daño, gastando el dinero de todos».
Cuatro imputados
El juez instructor del caso ha imputado un presunto delito de prevaricación por irregularidades en el pago de facturas a la empresa Trapur, al gerente de esta entidad, Pedro Llamas; al alcalde de Castro Urdiales, Fernando Muguruza; al concejal de Hacienda, José Miguel Rodríguez López (PP) y al ex edil de Juntas Vecinales, Pedro Revuelta, concejal del PP durante la pasada legislatura.
Extraído de: eldiariomontanes.es
