El Juzgado de Instrucción Número 2 de Castro Urdiales ha imputado de nuevo al alcalde de Castro Urdiales, Fernando Muguruza, por un posible delito de prevaricación por irregularidades en el pago de facturas a la empresa castreña de desratización y desinfección Trapur, que ha prestado sus servicios al Consistorio en diversas ocasiones. El juez instructor del caso ha imputado también este presunto delito al propio gerente de la empresa Trapur, Pedro Llamas; al concejal de Hacienda, José Miguel Rodríguez López (PP) y al ex edil de Juntas Vecinales, Pedro Revuelta, concejal del PP durante la pasada legislatura, que en 2005 se integró en el grupo de no adscritos tras apoyar la moción de censura contra Muguruza.
Durante la mañana de ayer, la Policía Judicial volvió a acudir al Ayuntamiento para entregar las correspondientes citaciones del Juzgado de Instrucción Número 2 de Castro Urdiales. Se trata del mismo Juzgado que abrió hace dos meses una investigación por la presunta adjudicación «a dedo» de las obras de acondicionamiento del túnel de Mioño. Éste fue el detonante para que el juez procediera a requisar una serie de expedientes y contratos, la mayoría de ellos con informes de reparo del interventor municipal, como es el caso de las facturas expedidas por la empresa Trapur en materia de desinfección y desratización.
Según ha podido conocer este periódico, se podría haber adjudicado «a dedo» un contrato de desratización y desinfección a la empresa Trapur, en un concurso en el que presuntamente se habrían presentado otras dos empresas ficticias.
Otros expedientes
El expediente de la empresa Trapur es uno de los múltiples que el juez titular del Juzgado de Instrucción Número 2 sigue analizando desde que iniciara la investigación. Entre ellos también se encuentra la licencia de obras de la urbanización 'Residencial San Pelayo', en Santullán; documentación sobre el Plan Parcial del SUP 4, relativa a la zona del nuevo colegio de Santa Catalina, así como otro plan parcial en La Estación de Mioño, y diversa información sobre varios proyectos de urbanización del sector SUNP 3, ubicado en la zona del Alto de la Loma.
En este entorno, el instructor incautó información sobre proyectos de varias viviendas promovidas por las empresas Bifamiliares y Adosados, Altos de Otañes, Condominios del Norte, Promociones Inmobiliarias del Pisuerga, Alcalá 120 Promociones y Gestión Inmobiliaria.
El 'caso Mioño', sin resolver
Han pasado dos meses desde que la Policía Judicial acudió a la Gerencia de Urbanismo de Castro para requisar abundante documentación sobre expedientes urbanísticos, en referencia a un posible delito de prevaricación en torno a la contratación de las obras del túnel de Mioño. Una investigación en la que están implicados el alcalde, Fernando Muguruza, y seis concejales del anterior equipo de gobierno. También declararon como imputados en la causa Ignacio Díez Muro, ex gerente de la empresa Izeta, adjudicataria de las obras de acondicionamiento del túnel de Mioño, y el ex secretario municipal, César Saiz.
El caso de Mioño está a la espera de un auto judicial que determine si finalmente hubo un delito de prevaricación o no, en este asunto en el que el juez imputó a nueve personas.
Extraído de: eldiariomontanes.es
