No hay dos sin tres. El juez de Instrucción del Juzgado Número 2 de Castro Urdiales ha imputado un nuevo delito por prevaricación al alcalde, Fernando Muguruza, por la contratación del arquitecto Pedro Restegui, y de la ingeniera de Caminos Alicia García para que firmasen informes o dictámenes urbanísticos para los que no estaban habilitados. Asimismo, el instructor del caso ha imputado este mismo presunto delito de prevaricación al ex concejal de Obras del Consistorio municipal y actual portavoz de IU, Salvador Hierro.
Esta nueva imputación está relacionada con uno de los expedientes urbanísticos que el juez requisó y que afecta al plan parcial del SUNP 7 de Castro Urdiales, ubicado en el paraje denominado La Estación, en Mioño. Al parecer, el instructor del caso ha observado irregularidades en la tramitación de este plan parcial.
En el caso de Fernando Muguruza, se trata de la tercera imputación desde que el Juzgado de Instrucción Número 2 de Castro Urdiales iniciase su investigación dentro del Consistorio municipal el pasado 28 de marzo. En primera instancia, el juez imputó a Muguruza un presunto delito de prevaricación por la adjudicación «a dedo» de las obras de acondicionamiento del túnel de Mioño. Dos meses después, el instructor del caso imputó al primer edil otro presunto delito de prevaricación por irregularidades en la adjudicación de un contrato a la empresa de desratización Trapur.
Injurias y calumnias
Al margen de las imputaciones, Muguruza también se ha visto envuelto en la investigación que la Policía Judicial ha abierto por un presunto delito de calumnias e injurias contra el juez instructor del Juzgado Número 2 de la ciudad que inició la investigación hace dos meses. Y todo ello, a raíz de las declaraciones efectuadas por el alcalde de Castro Urdiales, Fernando Muguruza, en este periódico, en las que señaló, entre otras cosas, que «lo que está haciendo el juez roza la prevaricación».
A pesar de ello, las acusaciones de Muguruza hacia el juez que investiga estos tres presuntos delitos de prevaricación, no han cesado. Después de tener conocimiento de que la Unidad Orgánica de la Policía Judicial había requerido a este periódico las diferentes grabaciones en las que el alcalde de Castro se refería al propio juez que instruye el caso de la intervención judicial, Muguruza dijo a los periodistas que cree que tiene «el derecho y la libertad de expresión de decir lo escandalosa que es la actuación del juez».
Salvador Hierro
Con respecto al ex concejal de Obras y actual portavoz de Izquierda Unida, Salvador Hierro, esta es la segunda imputación. Al igual que el alcalde, Hierro tuvo que comparecer semanas atrás en el Juzgado de Instrucción Número 2 de Castro Urdiales por un presunto delito de prevaricación en relación a la posible adjudicación 'a dedo' del acondicionamiento del túnel de Mioño.
CRONOLOGÍA
28-03-08: El Juzgado de Instrucción Número 2 de Castro Urdiales imputa un presunto delito de prevaricación por la posible adjudicación «a dedo» de las obras del túnel de Mioño al alcalde, Fernando Muguruza y otros seis ediles del anterior equipo de gobierno. Además, se imputa un presunto delito de tráfico de influencias al ex gerente de la empresa Izeta, Ignacio Díez Muro.
18-04-08: El ex secretario municipal, César Saiz, se convierte en el noveno imputado en el caso Mioño.
21-05-08: El juez imputa otro presunto delito de prevaricación a Fernando Muguruza; el primer teniente de alcalde, Rodríguez López (PP), el ex edil Pedro Revuelta y la ex veterinaria municipal, Itziar Muruaga por irregularidades en la adjudicación de un contrato a la empresa de desratización Trapur. Pedro Llamas, gerente de esta empresa es imputado por un presunto delito de tráfico de influencias.
23-05-08: La Policía Judicial abre diligencias por presuntas injurias y calumnias de Muguruza contra el juez de Instrucción Número 2 de Castro Urdiales.
La ingeniera municipal
A la lista de imputados en relación a la investigación que ha iniciado el Juzgado Número 2 de Castro Urdiales hay que sumar un nuevo nombre. Se trata de María del Carmen Villanueva, ingeniera municipal, y actual presidenta de la Cruz Roja de Castro Urdiales.
Según ha podido conocer este periódico, el juez le ha imputado un presunto delito de prevaricación y falsificación de certificados urbanísticos. Al parecer, Villanueva podría haber expedido certificados careciendo de autorización en relación al plan parcial del SUNP 7 del PGOU de Castro Urdiales, situado en el paraje de La Estación, en Mioño.
Pero esta no será la primera vez que Villanueva tenga que comparecer ante el juez. Hay que recordar que la ingeniera municipal mantuvo un careo con la técnico de Infracciones Urbanística, Yolanda Sánchez, en relación a la urbanización 'Residencial San Pelayo' en Santullán que promueve la empresa Sacyr Vallehermoso. Al parecer, Villanueva planteó en su día que se podría haber cometido una irregularidad dentro de estas obras en Santullán. Por el contrario, Sánchez habría argumentado no tener constancia de esta posible irregularidad. Tras declarar ante el juez sobre este asunto, ambas podrían haber coincidido en sus testificaciones. Incluso, se especula con que responsabilizaran ante el instructor de esa presunta denuncia por irregularidades al ex secretario José Manuel Ballestero.
Extraído de: eldiariomontanes.es
