«Cuando había un tema de interés se lo trasladaba al secretario. Él
decidió». «Se le requirió al por entonces secretario la presentación de
un informe al respecto, y no lo hizo». «No comprobé que la oferta
cumpliera todos los requisitos porque entendí que es trabajo del
secretario». Estas son algunas de las declaraciones que tanto Salvador
Hierro (IU) como José Miguel Rodríguez López hicieron ante el juez que
lleva el caso del túnel de Mioño. Ambos citaron al por entonces
secretario municipal, César Saiz, como responsable del procedimiento
por el que se adjudicó esta obra.
Estas testificaciones no han pasado desapercibidas para el juez, quien
ha decidido llamar a declarar, en calidad de imputado, al propio César
Sáiz. Además, el instructor del caso ha abierto otras diligencias entre
las que se encuentra la solicitud de un informe pericial sobre esas
obras de acondicionamiento del túnel de Mioño, con el objetivo de
determinar la magnitud de los trabajos que se acometieron en esa zona.
Del mismo modo, el instructor del caso podría estar revisando, entre la
documentación requisada al Ayuntamiento de Castro Urdiales, diversos
expedientes de contratación.
Según ha podido conocer este periódico, el auto judicial podría
emitirse finalmente dentro de tres o cuatro semanas, aproximadamente.
Con la imputación del ex secretario, que podría ser llamado a
declarar en dos semanas, son ya nueve las personas implicadas en ese
proceso abierto por el Juzgado de Instrucción Número 2 de Castro
Urdiales en su carrera por determinar si finalmente hubo o no un delito
de prevaricación por la presunta adjudicación «a dedo» de las obras de
acondicionamiento del túnel de Mioño.
Hay que recordar que el pasado miércoles, el juez instructor llamó
a declarar a los ocho primeros imputados por este caso, siete de de
ellos concejales de la Junta de Gobierno de la pasada legislatura. Se
trata del alcalde de Castro Urdiales, Fernando Muguruza; los ediles del
Partido Popular, José Miguel Rodríguez López y Concepción Carranza, el
concejal de Izquierda Unida, Salvador Hierro, y los ex ediles
regionalistas Jaime Díez Muro y Juan Tomás Molinero, así como el
entonces concejal de Deportes, Santiago Vélez (IU).
Del mismo modo, el instructor del caso llamó a declarar a Ignacio
Díez Muro, hermano del ex concejal de Industria y ex gerente de la
empresa Izeta, adjudicataria de la obra del túnel de Mioño.
Sobreseimiento
Hasta el momento, únicamente el alcalde Fernando Muguruza ha dicho
públicamente que solicitará al juez el sobreseimiento de su causa
particular.
Aunque el alcalde admitió que las obras del túnel de Mioño se
habían hecho sin proyecto previo, el pasado miércoles aseguró que «aquí
no había nada. No hay caso».
«Creo que el alcalde no ha cometido prevaricación, sus declaraciones ante el juez se ajustan a la realidad»
El ex secretario municipal de Castro Urdiales, César Saiz, que ayer no
había recibido todavía la citación para testificar ante el juez, señaló
que sobre las declaraciones vertidas a la prensa por los imputados en
el caso de las obras del túnel de Mioño «a mi juicio sólo son
coherentes y ajustadas a la realidad las declaraciones del alcalde». La
de los otros imputados «son falsas y no ajustadas a la realidad y
además son contradictorias». Además, Saiz aclaró que «esas acusaciones
graves hacia mi persona de forma directa y veladamente, las aclararé
ante el juzgado correspondiente». Saiz aseguró que en este tema el
alcalde confiaba en sus concejales, en su grupo de gobierno y cree que
el regidor «no ha cometido prevaricación. La prevaricación puede estar
por otro lado».
Saiz se refieró a las funciones del secretario y dijo que «la
advertencia de ilegalidad de los secretarios ha sido suprimida a raíz
del texto refundido de la Ley de régimen local de 1985». «Los informes
que tienen que hacer los secretarios, tienen obligación de hacerlos
cuando se lo ordena el alcalde (no concejales), cuando lo piden el 25
por ciento de los concejales y en asuntos que precisan quorum».
Por otro lado, recordó que «hay un plazo establecido para
contestarlos, es decir, que la contestación no es inmediata para emitir
estos informes». Además, normalmente «yo lo hacía constar en acta», es
decir, en los acuerdos figuraba que «se pide informe al secretario y
debo hacer constar que nunca he dejado de hacer un informe que se me
haya ordenado».
Asimismo, César Saiz afirma que las plicas o las ofertas, como todo
documento que ingresa en el Ayuntamiento, «deben pasar por los
registros públicos y de allí a los departamentos correspondientes. La
correspondencia la recibían las secretarias del señor alcalde»,
recuerda.
En relación al funcionamiento de las comisiones de gobierno en la
legislatura anterior, dijo que «se pronunciará ante el juzgado, porque
puede ser esclarecedor el funcionamiento para verificar el resultado de
los acuerdos».
«Las comisiones, cuando comenzó el tripartito, eran de locura, yo
salía sonado, eran de cuatro horas de un machaqueo. Salían papeles por
todos los lados. Esto lo quiero decir en el juzgado porque no había
quien lo controlara», dijo.
Extraído de: eldiariomontanes.es
