miércoles. 28.02.2024

«Cuando había un tema de interés se lo trasladaba al secretario. Él

decidió». «Se le requirió al por entonces secretario la presentación de

un informe al respecto, y no lo hizo». «No comprobé que la oferta

cumpliera todos los requisitos porque entendí que es trabajo del

secretario». Estas son algunas de las declaraciones que tanto Salvador

Hierro (IU) como José Miguel Rodríguez López hicieron ante el juez que

lleva el caso del túnel de Mioño. Ambos citaron al por entonces

secretario municipal, César Saiz, como responsable del procedimiento

por el que se adjudicó esta obra.
Estas testificaciones no han pasado desapercibidas para el juez, quien

ha decidido llamar a declarar, en calidad de imputado, al propio César

Sáiz. Además, el instructor del caso ha abierto otras diligencias entre

las que se encuentra la solicitud de un informe pericial sobre esas

obras de acondicionamiento del túnel de Mioño, con el objetivo de

determinar la magnitud de los trabajos que se acometieron en esa zona.

Del mismo modo, el instructor del caso podría estar revisando, entre la

documentación requisada al Ayuntamiento de Castro Urdiales, diversos

expedientes de contratación.


Según ha podido conocer este periódico, el auto judicial podría

emitirse finalmente dentro de tres o cuatro semanas, aproximadamente.


Con la imputación del ex secretario, que podría ser llamado a

declarar en dos semanas, son ya nueve las personas implicadas en ese

proceso abierto por el Juzgado de Instrucción Número 2 de Castro

Urdiales en su carrera por determinar si finalmente hubo o no un delito

de prevaricación por la presunta adjudicación «a dedo» de las obras de

acondicionamiento del túnel de Mioño.


Hay que recordar que el pasado miércoles, el juez instructor llamó

a declarar a los ocho primeros imputados por este caso, siete de de

ellos concejales de la Junta de Gobierno de la pasada legislatura. Se

trata del alcalde de Castro Urdiales, Fernando Muguruza; los ediles del

Partido Popular, José Miguel Rodríguez López y Concepción Carranza, el

concejal de Izquierda Unida, Salvador Hierro, y los ex ediles

regionalistas Jaime Díez Muro y Juan Tomás Molinero, así como el

entonces concejal de Deportes, Santiago Vélez (IU).


Del mismo modo, el instructor del caso llamó a declarar a Ignacio

Díez Muro, hermano del ex concejal de Industria y ex gerente de la

empresa Izeta, adjudicataria de la obra del túnel de Mioño.


Sobreseimiento


Hasta el momento, únicamente el alcalde Fernando Muguruza ha dicho

públicamente que solicitará al juez el sobreseimiento de su causa

particular.


Aunque el alcalde admitió que las obras del túnel de Mioño se

habían hecho sin proyecto previo, el pasado miércoles aseguró que «aquí

no había nada. No hay caso».

«Creo que el alcalde no ha cometido prevaricación, sus declaraciones ante el juez se ajustan a la realidad»

El ex secretario municipal de Castro Urdiales, César Saiz, que ayer no

había recibido todavía la citación para testificar ante el juez, señaló

que sobre las declaraciones vertidas a la prensa por los imputados en

el caso de las obras del túnel de Mioño «a mi juicio sólo son

coherentes y ajustadas a la realidad las declaraciones del alcalde». La

de los otros imputados «son falsas y no ajustadas a la realidad y

además son contradictorias». Además, Saiz aclaró que «esas acusaciones

graves hacia mi persona de forma directa y veladamente, las aclararé

ante el juzgado correspondiente». Saiz aseguró que en este tema el

alcalde confiaba en sus concejales, en su grupo de gobierno y cree que

el regidor «no ha cometido prevaricación. La prevaricación puede estar

por otro lado».


Saiz se refieró a las funciones del secretario y dijo que «la

advertencia de ilegalidad de los secretarios ha sido suprimida a raíz

del texto refundido de la Ley de régimen local de 1985». «Los informes

que tienen que hacer los secretarios, tienen obligación de hacerlos

cuando se lo ordena el alcalde (no concejales), cuando lo piden el 25

por ciento de los concejales y en asuntos que precisan quorum».


Por otro lado, recordó que «hay un plazo establecido para

contestarlos, es decir, que la contestación no es inmediata para emitir

estos informes». Además, normalmente «yo lo hacía constar en acta», es

decir, en los acuerdos figuraba que «se pide informe al secretario y

debo hacer constar que nunca he dejado de hacer un informe que se me

haya ordenado».


Asimismo, César Saiz afirma que las plicas o las ofertas, como todo

documento que ingresa en el Ayuntamiento, «deben pasar por los

registros públicos y de allí a los departamentos correspondientes. La

correspondencia la recibían las secretarias del señor alcalde»,

recuerda.


En relación al funcionamiento de las comisiones de gobierno en la

legislatura anterior, dijo que «se pronunciará ante el juzgado, porque

puede ser esclarecedor el funcionamiento para verificar el resultado de

los acuerdos».


«Las comisiones, cuando comenzó el tripartito, eran de locura, yo

salía sonado, eran de cuatro horas de un machaqueo. Salían papeles por

todos los lados. Esto lo quiero decir en el juzgado porque no había

quien lo controlara», dijo.

Extraído de: eldiariomontanes.es

El ex secretario, César Saiz, será el noveno imputado en el caso Mioño