La sentencia del Tribunal Supremo (TS) que ratifica que el casco urbano de Agüera y el monte Fuentebosa son cántabros y no vizcaínos -como reclamaba el País Vasco- es importante porque cierra «definitivamente» el pleito territorial entre ambas comunidades autónomas, pero también porque en el caso del deslinde que enfrenta a Ontón (Cantabria) con Muskiz (Vizcaya) se podrá aplicar la tesis del TS. «Ontón va a aprovechar esta doctrina».
Así lo considera el catedrático de Historia del Derecho de la Universidad de Cantabria, Juan Baró, que también cree que el pronunciamiento del Alto Tribunal «es un gran éxito para Cantabria» puesto que se da la razón a esta autonomía «en todas sus pretensiones».
Como es conocido, esta sentencia viene a cerrar el contencioso conocido como la 'guerra de los carteles', que se desató cuando el alcalde del municipio de Guriezo quitó unas señalizaciones instaladas por el País Vasco en 1996 en Agüera, una localidad cántabra en la que Vizcaya reivindicaba derechos territoriales, junto con un monte vecino. En total, las dos autonomías colindantes se disputaban la titularidad de 800 hectáreas.
Baró, que ha intervenido en el proceso judicial, explicó que la solución dada ahora «es tajante. Este conflicto no puede volver a abrirse. El del Supremo es un pronunciamiento firme y permanente y lo fundamental es que recoge pronunciamientos reales y hace justicia, porque se fundamenta en la historia que existe. Sobre esta cuestión, ya no hay más que decir: los territorios que reclamaba el País Vasco pertenecen a Cantabria».
El abogado recordó que el conflicto por este área se suscitó en 1.518 y se reanudó en el siglo XIX debido a que los vizcaínos no querían pagar los impuestos que les correspondían por el monte. El catedrático apuntó que ya entonces no se les dio la razón «y tampoco ahora, ya que su demanda no responde a la historia».
Agregó que el Ayuntamiento de Trucíos había situado en su Plan General de Ordenación Urbana todo el caserío de Agüera. «Pero esta sentencia zanja de forma clara y contundente la llamada 'guerra de los carteles'. Los habitantes de Agüera pueden estar tranquilos». En su opinión, que la mitad de Agüera perteneciera a Cantabria y la otra mitad no, «es incompatible con el sentido actual del derecho. Era una solución jurídica que no cabía».
Documentos, «la clave»
El también decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Cantabria (UC) indicó, además, que la clave del logro ha sido que la región ha conservado los documentos sobre el territorio desde el siglo XVI. La titularidad de Agüera y del monte se ha defendido tomando como base los datos históricos. «La suerte ha sido que contábamos con ellos. Y éstos, debidamente interpretados, han dado la solución. Han sido concluyentes».
Por este motivo, Baró reconoció el mérito al archivo municipal de Castro Urdiales «y a los archiveros que han custodiado los papeles». A sus ojos, también ha sido «decisiva» la colaboración del despacho del abogado García de Enterría y la de los Servicios Jurídicos del Gobierno de Cantabria, con su representante, Edurne Sánchez.
«La verdad es que el Ejecutivo cántabro ha estado siempre en esta cuestión con verdadero interés», añadió. Tanto el anterior, presidido por Martínez Sieso, como los encabezados por Miguel Ángel Revilla. «También el alcalde anterior, Adolfo Izaguirre, y el actual han sabido defender lo suyo»
Baró tampoco tiene duda de que la resolución que se espera sobre el conflicto que enfrenta a la pedanía castreña de Ontón con la vasca de Muskiz será similar a la recientemente conocida sobre Agüera. Así se pronunció el pasado 6 de mayo, al hilo de una visita que giraron a la zona representantes del Instituto Geográfico Nacional.
Extraído de: eldiariomontanes.es
