El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Castro Urdiales ha imputado a un total de 32 personas, entre concejales, funcionarios, empresarios y técnicos, por presuntos delitos de prevaricación administrativa y urbanística, falsedad documental, estafa y delito contra la ordenación del territorio dentro del conocido como caso Urdicam. Las imputaciones se corresponden con las presuntas irregularidades que se sucedieron en el desarrollo urbanístico de las unidades de ejecución 1.33 y 1.34 del municipio castreño, así como en la venta de las viviendas pese a la supuesta ilegalidad de las construcciones.
Entre los imputados se encuentran concejales de las corporaciones de las legislaturas 1999-2003 y 2003-2007, incluidos el ex alcalde Rufino Díaz Helguera y el actual regidor, Fernando Muguruza, junto con el ex secretario municipal, personal del Ayuntamiento, y responsables y técnicos de las empresas que edificaron en esta zona.
El juez Luis Acayro desglosa cada una de las imputaciones en un auto de 60 páginas con el que pone fin a la instrucción de este caso y acuerda la apertura de procedimiento abreviado.
Ahora, la Fiscalía y las acusaciones particulares tendrán diez días de plazo, desde que reciban la notificación, para presentar escrito de acusación --lo que implicaría la apertura de juicio--, o para pedir el sobreseimiento de las actuaciones. También cabe la posibilidad de recurrir el auto.
En dicho auto, el juez concluye que el urbanismo de Castro Urdiales se ha gestionado "durante bastante tiempo como se ha estimado oportuno, a criterio y voluntad de los responsables municipales y sin ajustarse a la legalidad". A su juicio, "se ha producido una anulación sistemática, consciente y voluntaria de los controles de legalidad urbanística en beneficio de los promotores y en perjuicio del municipio".
De los informes solicitados a la Administración Tributaria sobre los imputados y su entorno se desprende en bastantes de los casos un "desfase" entre ingresos y gastos declarados y, mientras algunos de los imputados apenas poseen patrimonio relevante, "ha experimentado un incremento importante" el de sus familiares cercanos.
También se observa que algunas de las personas investigadas o vinculadas con ellas eran "declarantes de rentas escasas" antes de desempeñar funciones públicas, y a raíz de su relación con el Ayuntamiento han experimentado un "notable incremento en su actividad económica".
Según se indica en el auto, se ha producido un "enriquecimiento ilícito generalizado" de los implicados --que se sigue investigando-- y que supera "ampliamente" los nueve millones de euros. Y eso, en una "estimación prudente", ya que "posiblemente" la cifra real "se podría multiplicar por dos o por tres".
De todo ello, el juez concluye que hay "evidencias sólidas como para apreciar una trama de corrupción en la gestión del urbanismo en el Ayuntamiento de Castro Urdiales integrada por personas de perfil bajo, incorporadas a la vida política municipal con el único ánimo de enriquecerse de manera ilícita", tanto personalmente como para "familiares cercanos o amigos".
CASO URDICAM
En el caso concreto que lleva a la actual imputación, corresponde al desarrollo urbanístico de las unidades de ejecución 1.33 y 1.34, donde, en opinión del titular del juzgado, se incurrió en presuntas irregularidades al modificar el Plan General, al aprobar los estudios de detalle, al conceder las sucesivas licencias y en sendos proyectos de reparcelación y de urbanización.
Según explica el auto, el Ayuntamiento, en marzo de 2003, aprobó de forma definitiva la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) --que ha recibido hasta cinco informes en contra de la CROTU--, permitiendo construir viales en suelo que debía reservarse a equipamiento público y eximiendo a los promotores de nuevas cesiones de suelo para compensar por la ejecución de los viales.
Y es que, en materia urbanística, el Consistorio actuaba "haciendo caso omiso" a los informes vinculantes de la Comisión Regional de Urbanismo, "prescindiendo" de solicitar informes preceptivos y en otros casos buscando "informes a la carta".
La consecuencia de esa modificación del PGOU sin las compensaciones correspondientes ha supuesto que el municipio pierda casi 2.000 metros cuadrados de equipamiento público valorado en 2,4 millones de euros, indica el juez.
A la supuesta "ilegalidad" en la modificación del Plan General se sucedieron otras en el posterior desarrollo de las dos unidades de ejecución. Por ejemplo, la construcción sobre un arroyo sin respetar el dominio público hidráulico y obviando las denuncias de particulares.
Además, ve también indicios de falsedad documental en la documentación sobre la modificación del Plan General remitida al Boletín Oficial de Cantabria (BOC) para su publicación, así como en la inscripción de parte de las parcelas en el catastro y el Registro de la Propiedad.
CONSECUENCIAS
Como consecuencia de las sucesivas actuaciones urbanísticas se culminó la construcción de algunos de los edificios y se vendieron sin advertir a los compradores de las ilegalidades y de que las viviendas son por tanto, "ilegales e ilegalizables". El auto cifra en seis millones de euros los daños ocasionados a los compradores de las viviendas de Urdicam, y en un millón para los compradores de viviendas de Promociones Cotolino.
En cuanto a las viviendas de Izarra, no llegaron a venderse, mientras las proyectadas por Castrum Varduliex, el juez paralizó las obras como medida cautelar y, ahora, una vez finalizada la instrucción, deberá decidir qué ocurre con ellas. Para ello, ha citado a la fiscalía y a los administradores de la empresa mañana viernes para decidir si se adopta una nueva medida cautelar que mantenga la paralización o se levanta.
"TODO VALE"
Para el juez, los hechos se han sucedido en un contexto de "todo vale", marcado por un desarrollo urbanístico "brutal" en el que la voluntad de los responsables municipales "ha prevalecido sobre la legalidad".
Además, el auto advierte de que este "auténtico desastre urbanístico", no termina ahí, ya que las supuestas irregularidades se extienden a otras facetas de la vida municipal, por ejemplo, la contratación de personal, que ha propiciado la incorporación al Consistorio de personas "a dedo" y "vaciando de contenido" a los funcionarios a los que competían realmente los trabajos.
De hecho, Acayro asegura que los servicios técnicos municipales han estado integrados principalmente por personas de confianza de los concejales" y "se ha prescindido, cuando se ha estimado oportuno, de los funcionarios que podían resultar molestos por actuar conforme e la legalidad".
LOS IMPUTADOS
Como responsables de los hechos señala primero a los concejales que apoyaron la aprobación de la modificación del PGOU en la legislatura 1999-2003 y el estudio de detalle de la unidad de ejecución 1.34; y después a miembros de la Junta de Gobierno local de la legislatura 2003-2007, por los desarrollos y licencias posteriores.
Junto a los ediles imputados (16 en total), están el ex secretario municipal, y cuatro trabajadores del Ayuntamiento que emitieron informes favorables al estudio de detalle y la concesión de licencias. La lista de imputados se completa con otras once personas, promotores, constructores y técnicos de las empresas Izarra, Promociones Cotolino y Urdicam.
A los cargos públicos y trabajadores municipales se imputan, según los casos, delitos de prevaricación administrativa y urbanística, y para alguno de ellos también falsedad en documento público. En el caso de las empresas se imputa el delito contra la ordenación del territorio; para algunos también estafa (por la venta de las viviendas pese a su ilegalidad) y en algún caso falsedad documental.
