¿Puede una funcionaria dosmileurista llegar a tener en su cuenta corriente más de 700.000 euros en dinero líquido, contante y sonante? ¿Y otros 597.000 euros en fondos de inversión? ¿Y abonar a tocateja 353.000 euros para adquirir una vivienda en plena milla de oro de Santander, en el número 16 del Paseo Pereda? Son algunos de los datos que aparecen en el informe patrimonial de la funcionaria de Urbanismo del Ayuntamiento de Castro, Yolanda Sánchez Sebastián, imputada en el caso La Loma y que el departamento de Vigilancia de la Agencia Tributaria ha facilitado para su inclusión en el procedimiento judicial abierto por el Juzgado número 2 de Castro, que investiga la existencia de presuntas irregularidades urbanísticas en La Loma de Santullán. Quizás la respuesta a estos cuanto menos sorprendentes datos de su desahogada situación económica sea su gran capacidad de ahorro. Quizás sea otra. ¿Le tocó la lotería?
Dicha patrimonial refleja los ingresos y gastos de esta técnico del Ayuntamiento castreño, abogada de profesión, letrada municipal ocasional y, en momentos puntuales encargada de dar el visto bueno a los proyectos urbanísticos en Castro, en el periodo 2001/2008.
A modo de referencia sirva que en el último ejercicio obtuvo, por los rendimientos de su trabajo en el Ayuntamiento, unos ingresos declarados de 54.912 euros. Un sueldo de algo más de 2.000 euros al mes. Por su parte, una cantidad sensiblemente inferior obtuvo su marido (31.633 euros) en ese mismo año por su trabajo en un comercio al por mayor de maquinaria para madera y metal con sede en Sámano. Cifras ambas que difícilmente pueden justificar los altos niveles de ahorro alcanzados, máxime cuando poseen dos hijos en común.
Otros ‘ahorros’
Junto a los 704.909 euros que, en la suma de los saldos de sus distintas cuentas, llegó a tener Yolanda Sánchez, en el citado periodo analizado en la patrimonial destaca especialmente el que acumulara 597.073 euros en fondos de inversión –cifra muy similar a la de su marido, 588.888 euros–, así como otros 57.506 euros en planes de pensiones.
Su patrimonio inmobiliario también es otro de los aspectos que más destaca en el informe de la Agencia Tributaria. Esta funcionaria castreña, imputada en el caso La Loma, una urbanización que se finalizó sin tener el abastecimiento de agua, invadiendo viales públicos y suelo rústico, pasó de tener en el año 1995 una vivienda con garaje y trastero en la calle Menéndez Pelayo de Castro Urdiales (con un valor declarado de 105.117 euros) a adquirir en 2003 una vivienda en pleno centro de Santander, en el número 16 del Paseo Pereda, con un valor declarado de 353.395 euros; dicha cantidad nunca salió de sus cuentas. Un inmueble que al cabo de tres años vendió en 570.000 euros (declarados), en una operación que supuso una ganancia de 220.000 euros; eso sí, tal y como recoge el informe de la Agencia Tributaria, en su renta declaró una ganancia patrimonial de 163.000 euros, dejándose por el camino 57.000 euros.
Ingresada en Valdecilla
Yolanda Sánchez, imputada por el titular del Juzgado número 2 de Castro como presunta implicada en las irregularidades urbanísticas del caso La Loma, había sido citada a declarar el pasado lunes, al reanudarse la instrucción del caso tras el parón de un mes decretado por el juez mientras se resolvía la petición de recusación contra su persona presentada por el alcalde de Castro, el tránsfuga Fernando Muguruza. El lunes, esta funcionaria castreña justificó su ausencia alegando motivos de salud. Según ha podido saber este periódico, actualmente se encuentra ingresada en el Hospital Valdecilla tras sufrir una crisis de ansiedad. No obstante, una vez se recupere volverá a ser citada como imputada en el caso para que aporte su declaración.
Agencia Tributaria
>Ingresos. En el año 2008, último de los analizados por Vigilancia Aduanera, declaró 54.912 euros.
>Ahorros. Entre 2001 y 2008 tuvo una situación ecómica desahogada: 704.909 euros en cuenta y 597.073 en fondos de inversión.
>Patrimonio.Pisos en Castro y Santander.
«Decía que ella arreglaba las cosas»
El técnico castreño citado como testigo apunta a Yolanda Sánchez receptora de cobros
Por si quedaba algún resquicio de duda sobre la presunta implicación de la funcionaria de Urbanismo castreña Yolanda Sánchez –imputada por un delito de prevaricación y cohecho–, en las irregularidades urbanísticas detectadas en Castro Urdiales, la declaración que como testigó aportó ayer al caso el técnico de la administración general del Ayuntamiento, Gutiérrez de Olivares, aportó un poco más de luz. «No me consta que la entregaran dinero, ni su petición expresa, pero sí de otra forma sibilina, diciendo que ella arreglaba las cosas, los problemas». Y añadió que, cuando era funcionario, venían a su oficina perjudicados por expedientes sancionadores en las licencias de obras y urbanismo que le comentaban que «la letrada del Ayuntamiento lo había arreglado».
Restegui, el ‘doscientas mil’
También apuntó ayer este testigo hacia otro de los imputados en el caso La Loma: el ex arquitecto municipal Pedro Restegui, del que «se comentaba que cobraba por agilizar las licencias», siendo conocido como «el doscientas mil pesetas ». «Era el que informaba muchísimas licencias de construcción y también intervenía en planes parciales en estudio y en proyectos de urbanización», dijo este testigo.
El resto de la declaración de Gutiérrez Olivares ayer vino a confirmar el caos de personal, organigrama y funciones en el que ha vivido, y vive, el Ayuntamiento de Castro Urdiales, llegando a asegurar que «hay continuas bajas de funcionarios por persecuciones si no se pliegan a lo que dicen los concejales (...) porque los funcionarios preparados o cualificados son molestos en el Ayuntamiento». Y añadió que «en materia de personal en el Ayuntamiento de Castro Urdiales unas veces se respetaba la legalidad y otras veces no».
Eso sí, Gutiérrez de Olivares, que puntualmente sustituyó al secretario municipal cuando éste se ausentaba, dejó claro en reiteradas ocasiones que «no se hace nada sin orden o mandato de los concejales».
Hierro se negó a declarar
Del resto de citados ayer a declarar, bien como testigos o como imputados, destacar que el concejal de IU Salvador Hierro (imputado), se acogió a su derecho a no declarar ni responder a ninguna de las preguntas que se le formularon. Por su parte, Rodríguez López Kaika (suspendido temporalmente del PP), ratificó el contenido de su declaración de hace varios meses.
Fuente: EL MUNDO CANTABRIA
