El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria declara nulo el plan
parcial que permitió la construcción de adosados en Sámano. La decisión deja a estas viviendas, ubicadas en la urbanización El
Prado, fuera de ordenación y abre las puertas a «que cualquiera pueda
pedir su derribo», advirtieron fuentes judiciales.
Tribunal Superior de Justicia de Cantabria declara nulo el plan parcial
que permitió la construcción de los adosados en Sámano, comprados en su
mayoría por vizcaínos
sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria
ha declarado nula una reparcelación aprobada por el Ayuntamiento de
Castro que ha posibilitado la construcción de más de 150 chalés en la
pedanía de Sámano, comprados en un alto porcentaje por vizcaínos. La
decisión deja a estas viviendas, ubicadas en la urbanización El Prado,
fuera de ordenación y abre las puertas a «que cualquiera pueda pedir su
derribo», advirtieron fuentes judiciales.
El Consistorio
aprobó en abril de 2004 una actuación urbanística y un plan parcial
(SUNP-1), que afectaba a 160.838 metros cuadrados y que contemplaba la
construcción de los adosados, situados a la entrada de Sámano. Ahora,
esa operación urbanística se declara ilegal porque «vulnera el Plan
General de Ordenación Urbana (PGOU)» del municipio, que sólo contempla
la posibilidad de actuar en un sector de 88.300 metros cuadrados.
El
Ayuntamiento ha argumentado durante el proceso judicial que la
diferencia de terreno se debe a un error «fruto de la incorporación» de
una parcela de suelo vecina. El alto tribunal califica este argumento
de «mera alegación» y advierte de que si es un fallo, éste «debió de
corregirse en el PGOU». Así, mientras ese error no se subsane, «la
única superficie sobre la que puede desarrollarse una actuación
urbanística es la reflejada en el Plan General -88.300 metros
cuadrados-», detalla la sentencia.
Recalificaciones
La
decisión de la sala, aunque no hace mención expresa, afectaría a los
chalés dado que «la licencia y todos los permisos de construcción se
concedieron de acuerdo al plan parcial que se acaba de declarar nulo»,
detallan fuentes judiciales. En este sentido, hay que recordar que un
dictamen similar abrió las puertas al derribo de 144 pisos en la
localidad cántabra de Arnuero.
Los chalés, la mayoría de los
cuales aún no están terminados, no son los únicos que podrían verse
afectados por la sentencia. El SUNP-1 se extiende hasta parte de la
zona denominada Pando, donde el equipo de gobierno de Castro, compuesto
por PP, Partido Regionalista e IU, ha previsto desarrollar varias
actuaciones urbanísticas. Para ello, el pasado mes de julio, el pleno
municipal aprobó inicialmente un convenio con dos promotoras que
contempla la recalificación de 150.000 metros cuadrados de suelo
industrial a urbanizable. En aquella sesión los populares se
abstuvieron por considerar que la operación hacía perder a las arcas
municipales entre dos y tres millones de euros en plusvalías. Sin
embargo, el convenio salió adelante gracias al apoyo de los tres ediles
del PSOE, en la oposición.
El proyecto, al que ya se han
presentado varias alegaciones según fuentes municipales, permitiría la
construcción de medio millar de viviendas, de las cuales 208 serán de
protección oficial. También en esa zona se ubican los terrenos que el
Ayuntamiento planea ceder al Gobierno de Cantabria para la edificación
del futuro parque de emergencias, según reconoció ayer el alcalde,
Fernando Muguruza, así como un posible espacio para un hospital.
El
regidor manifestó su disconformidad con una sentencia «que aún no nos
ha sido remitida». No obstante, el primer edil adelantó que los
abogados del Consistorio recurrirán la decisión del Tribunal Superior
de Justicia. «Consideramos que es injusta y que en el siguiente juicio
ganaremos porque nuestros argumentos son totalmente válidos», auguró
Fernando Muguruza.
Fuente: El Correo Digital
