El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Castro Urdiales dio a conocer ayer una sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 3 de Santander en la que se condena al Consistorio a que ponga a disposición de este grupo municipal un despacho en otro emplazamiento distinto que el actual, que «reúna las condiciones de espacio e infraestructura suficiente».
Con fecha 19 de julio de 2007, el Grupo Socialista solicitó al regidor municipal, Fernando Muguruza, la elección de un despacho «acorde con las necesidades materiales y físicas», al entender que son el grupo mayoritario de la Corporación y «disponen del despacho más pequeño (11,90 metros cuadrados) que no nos permite realizar nuestra labor de manera adecuada». «Una petición que, ante la falta de resolución por parte del alcalde, reiteramos con fecha 8 de agosto», recordó ayer el concejal del PSOE, Daniel Rivas.
Después de todos los escritos y denuncias formuladas tanto públicamente como en el Pleno del Ayuntamiento y «ante la falta de atención y el menosprecio del alcalde» los socialistas se vieron obligados a acudir a la vía judicial que finalmente «nos ha dado la razón», condenando al Ayuntamiento a «proporcionarnos un local acorde a nuestras necesidades y composición». Según el juez queda probado que el despacho ocupado por el Grupo Socialista «es el de menor superficie y que existen otras posibilidades funcionales para ubicar al Grupo Municipal más numeroso del Ayuntamiento, en un local más acorde con su nivel de representación política». Además, en dicha sentencia se recoge que el alcalde «debería haberse pronunciado de acuerdo con sus potestades de dirección».
Esta resolución que es firme y sobre la que no cabe recurso ordinario, demuestra una vez más, según los socialistas, «la falta de respeto que el alcalde tiene con el PSOE y por consiguiente con los miles de personas que han depositado su confianza en nosotros».
Apisonadora
Según el PSOE, con este tipo de resoluciones judiciales se comprueba que el alcalde de Castro sí que es una «apisonadora» de los derechos fundamentales de los concejales de la oposición, y «es lamentable que tengamos que acudir a los tribunales, algo que haremos para defender nuestros derechos como representantes de una gran mayoría de los castreños, cada vez que no se nos deje ejercer la labor para la cual hemos sido elegidos», concluyeron.
Extraído de: eldiariomontanes.es
