«Se ha estado ocultando documentación muy relevante al juzgado, a pesar de haber sido reiteradamente solicitada». A esta conclusión ha llegado el juez Luis Acayro, que instruye la causa por presuntas irregularidades urbanísticas, falsedad documental y malversación de caudales públicos, entre otros supuestos ilícitos cometidos en el denominado caso La Loma de Santullán.
De la instrucción judicial se desprende que existen indicios claros sobre la desaparición de documentación, al existir incluso copias en los expedientes judiciales, cuyos originales no han sido aportados al Juzgado.
En una providencia dictada el pasado cinco de octubre se informa a las partes que se ha recibido en el juzgado la documentación relativa a la zona de La Loma. La información que seguía sin ser entregada, a pesar del «reiterado» requerimiento judicial al Ayuntamiento. Asimismo, también se ha aportado el registro informático de las personas que han estado consultando esta documentación.
El procedimiento judicial abierto por el Juzgado número 2 de Castro investiga la existencia de presuntas irregularidades urbanísticas en La Loma de Santullán como invasión de viales públicos o construir más de lo permitido sin aportar servicios básicos a las urbanizaciones. La instrucción de este caso fue, precisamente, la que llevó a prisión en febrero de este año al alcalde de Castro, Fernando Muguruza, ante la sospecha del juez sobre la presunta manipulación de información relevante para esclarecer los hechos denunciados, toda vez que se le habían retirado ya las competencias en materia de urbanismo.
Según se desprende del auto de Luis Acayro, el hecho de que se haya presentado parte de la documentación requerida es un indicio de que, hasta ahora, se había ocultado la misma de forma más o menos deliberada. Tanto es así que advierte –en referencia a la ocultación de datos– que «negarse reiteradamente esta realidad e incluso faltar manifiestamente a la verdad en la actuación profesional, es algo que se resolverá en su momento», apostilla.
Acayro ordena en la providencia unir toda la documentación aportada ahora por el Ayuntamiento al resto de tomos de la instrucción para que pueda ser consultada por las partes.
Asimismo, el magistrado requiere, por segunda vez, al abogado del alcalde Fernando Muguruza, la letrada Revenga Nieto, para que «explique de dónde sacó las fotocopias» de un informe del ex secretario municipal César Saiz Alonso (también imputado en la causa), cuyo original no aparece, a pesar de haberse aportado la citada copia a las actuaciones judiciales que «indiciariamente forman parte de los expedientes », matiza el magistrado.
Con anterioridad, el juez ya había solicitado a la letrada del Ayuntamiento que presentase la documentación que se le pedía y eludiese la presentación de documentación que nada aportaba al caso: una carpeta amarilla y un escrito que fue devuelto al Consistorio por ser irrelevante. «Si la letrada del Ayuntamiento quiere, mediante la acumulación de documentos, acreditar que ha entregado lo que ha solicitado, bastaría con que presentase una copia de la documentación en cuestión. Lo cual, sigue sin hacer», opinó y advirtió entonces Acayro.
Pero insistiendo en la tesis de «ocultación» de datos, el magistrado emite –con fecha ocho de octubre pasado– una segunda providencia en la que informa del contenido de la documentación entregada al Juzgado por la Policía Judicial tres días antes. Según describe se trata de 14 carpetas relativas a instrumentos urbanísticos y distintos proyectos, que contienen informes del Colegio Oficial de Arquitectos de Cantabria (COAC) advirtiendo al Ayuntamiento de ilegalidades que «evidencian el continuo ocultamiento de documentación al juzgado », concluye.
Kaika ha sido citado el día 22
El edil de Hacienda, José Miguel Rodríguez ‘KaiKa’, está citado el próximo 22 de octubre a declarar junto a los testigos y los peritos de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU) que emitieron los informes desfavorables a los proyectos urbanísticos relativos a los Suelos Urbanizables No Programados (SUNP) 3 y 12 en la Loma. En el amplio proceso –en el que se investigan las posibles responsabilidades por la construcción de los chalés en zonas de servidumbre, o la edificación de más viviendas que las permitidas, mientras que otras se dejaron sin finalizar o sin servicios básicos– están imputados además de tres constructores, dos funcionarios, el ex secretario César Saiz, el alcalde Fernando Muguruza, el edil de IU Salvador Hierro y el ex concejal y ex PRC Jaime Díez Muro.
Fuente: EL MUNDO CANTABRIA
