sábado. 27.07.2024

Los presuntos ilícitos advertidos por el Tribunal de Cuentas (TC) en el urbanismo castreño ya tienen respuesta. El juzgado numero 2 de Castro Urdiales ha dictado un auto en el que ordena a la Policía Judicial de la Guardia Civil que investigue de manera independiente (abre pieza separada) un total de 14 unidades de ejecución, así como el desarrollo del Suelo Urbano Programado (SUP) 1, 3 y 4, y el controvertido convenio denominado APD2. El auto, al que ha tenido acceso EL MUNDO y que el pasado jueves fue recibido por las partes, constata indicios de delito en los casos relatados por el Tribunal y, no menos importante, posibilitará agilizar en gran medida la resolución de los procesos en curso.

Hasta ahora existían sólo unas diligencias previas (840/2008) incoadas a raíz del informe provisional del TC relativo a la gestión urbanística realizada en el municipio de Castro Urdiales por los responsables de la Corporación. Esa situación obligaría al juzgado numero 2, según explicaron a este diario fuentes de la Abogacía, a concluir la instrucción de todos los desarrollos presumiblemente fraudulentos antes de emitir auto conjunto de procedimiento abreviado a la Audiencia Provincial.

Como quiera que las actuaciones urbanísticas bajo sospecha son múltiples, y algunas muy complejas, mantener una única diligencia podría llegar por tanto a eternizar el proceso. No obstante, al abrir pieza separada, el magistrado puede instruir cada caso urbanístico de manera independiente al resto y, lo más relevante, la remisión de autos de procedimiento abreviado si ha lugar a Salesas. En 2009, con seguridad, los primeros.

El auto

En el auto, el juzgado numero 2 establece que ‘de la lectura del informe del TC se desprende la existencia de múltiples indicios de delitos de prevaricación, falsedad de documentos públicos, fraude y contra la ordenación del territorio, sin perjuicios de los hechos que se puedan concretar durante la instrucción que den lugar a nuevos tipos penales’.

A partir de ahí, el juez señala que ‘con la finalidad de simplificar y activar el procedimiento se hace necesaria una investigación independiente y separada de cada unidad de ejecución o sector a los que se refiere el TC’.

La Unidad de Ejecución 1.34 (Urdicam), queda sin embargo incursa en las diligencias 840/2008, toda vez que la instrucción ya está muy avanzada. Así mismo, los suelos urbanos no programados (SUNP) ya son objeto de otras diligencias previas: SUNP 3 (La Loma, 92/2008), SUNP 4 (Mioño, 93/2008), SUNP 7 (oeste de Mioño, 94/2008), o SUNP 11, en Otañes, (95/2008). A todos ellos, entre otros, se suma la investigación judicial sobre la construcción de 16 viviendas y casa Torre en Cerdito (1262/2008).

Se abre por tanto pieza separada para la investigación de las unidades de ejecución 1.1, 1.10, 1.2, 1.3, 1.16, 1.26, 1.29, 1.39, 1.44, 1.55, 1.56, 1.74, 2.14, 2.20, así como el SUP 1, SUP 3, SUP 4 y APD 2. Todas ellas se numerarán correlativamente del 1 al 18 y se inician con el auto, de fecha 5 de mayo, del que queda testimonio en la causa principal y que ha sido ya remitido al Ministerio Fiscal, así como a todas las partes personadas. Ahora bien, cabe la presentación de recurso de reforma y subsidiario de apelación en el plazo de tres días, o de apelación en 5 días.

Informe demoledor

El informe del TC es demoledor. En el mismo se expone que la Corporación le negó parte de la información solicitada; advierte infracciones manifiestas de la legalidad urbanística, de la imposibilidad de concretar las modificaciones reales y su alcance del PGOU, de la manipulación de expedientes urbanísticos, de permutas fraudulentas y claramente perjudiciales para los intereses municipales, de recalificaciones irregulares, de incrementos de edificabilidad para los promotores sin compensación proporcional en espacios libres y equipamientos, de la falta de cobros de aprovechamiento urbanísticos, de enajenación de bienes de dominio público incumpliendo los requisitos legales, de construcciones no autorizadas en suelos protegidos o públicos...

Pese a las evidencias, el alcalde tránsfuga Fernando Muguruza, ex PRC, siempre se ha escudado en que hay una campaña de acoso. La teoría de la conspiración.

Extraído de: EL MUNDO

Ordenan investigar, una a una, 18 unidades urbanísticas en Castro