Los ediles no adscritos Pedro Olano y Teresa Pérez Barreda han asegurado, a través de una nota de prensa, que las escaleras y el llamado ascensor urbano de conexión entre las calles Leonardo Rucabado y Libertad «se debieron haber construido con fondos públicos y con cargo al Ayuntamiento y no con fondos privados a cambio de contraprestaciones dificilmente controlables».
Ambos ediles han asegurado que acatan pero no comparten la sentencia del Tribunal Superior de Justicia, que confirmó la legalidad del convenio urbanístico suscrito entre el Ayuntamiento y las mercantiles 'Castro 2000 Promociones' y 'Martín del Río Construcciones' para su construcción.
Al respecto, Olano y Barreda aseguran que ese convenio «encierra un importante desequilibrio financiero a favor del empresario». En este sentido, señalan que las prestaciones a que las empresas se comprometían se valoran en 187.550 euros.
«Hay un saldo favorable a las empresas de 523. 758 euros, al que además, habría que añadir los 378.000 euros que se obtienen de que ahora es posible construir 14 parcelas de garaje más. El empresario obtiene un beneficio de 901.758 euros», concluyeron.
Extraído de: eldiariomontanes.es
