«Si ha habido algún error en este procedimiento la verdad es que lo desconozco». «No recibí ningún requerimiento o advertencia de ningún técnico en el sentido de que se estaba consumando un acto contrario a la normativa administrativa de contratación». Estos son dos de los aspectos que el alcalde de Castro Urdiales, Fernando Muguruza, dejó claro ayer al titular del Juzgado de Instrucción Número 2, Luis Acayro Sánchez, en su nueva comparencia como imputado por un presunto delito de prevaricación. Sobre la mesa, en esta ocasión, la posible adjudicación irregular de las obras de eliminación de barreras arquitectónicas en el mercado municipal, en concreto la ejecución de un ascensor.
Y es que el juez llamó a testificar por quinta vez a Muguruza al comprobar que en el expediente de esta obra, «la única oferta presentada es de Izeta, que carece de sello de entrada y es de fecha 16 de diciembre de 2004, es decir, anterior incluso a la notificación al por entonces concejal de Obras, Salvador Hierro. Además, no hay pliego de condiciones, garantía de ningún tipo de contrato y no constan otras ofertas ni invitaciones sino que directamente se adjudica a Izeta por 54.520 euros».
A instancias de su abogado, Fernando Muguruza aseveró que «ni el interventor ni el secretario del Ayuntamiento le advirtieron de que la contratación de esas obras contraviniera la normativa». Posteriormente y a preguntas de los periodistas, Muguruza insistió de nuevo en su inocencia. «No ha habido la más mínima mala fe en la realización de esta obra, que contó con la subvención del Gobierno de Cantabria, y doy por su puesto que va a ser sobreseido totalmente este asunto». El alcalde aprovechó la ocasión para volver a cuestionar la actitud del juez. «Creo sinceramente que la intención del juez al haber unido este asunto al del túnel de Mioño (como delito conexo) no es otra que retrasar la resolución exculpatoria de Fernando Muruguza», apuntó.
Otras declaraciones
Además del regidor, también declararon ayer como imputados, el ex gerente de Izeta, Ignacio Díez Muro; su hermano el ex edil de Industria, Jaime Díez Muro, y el el concejal de IU, Salvador Hierro, y como testigo, Carmelo Cano, del servicio de contratación municipal. Precisamente, este último le dijo al juez que «no tenía constancia del expediente administrativo y que desconocía si existía pliego de condiciones».
Por su parte, el ex edil de Obras, Salvador Hierro, y el ex de Industria, Jaime Díez Muro, coincidieron en señalar que no recordaban que esta documentación pasara por Junta de Gobierno.
Extraído de: eldiariomontanes.es
