La Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria ha remitido un carta al Ayuntamiento de Castro Urdiales, con fecha 7 de febrero, en la que se acuerda «la suspensión temporal total» de la tercera fase del saneamiento de Castro Urdiales, una obra que fue adjudicada a la empresa UTE Dragados, SA-SYH, Construcción, Servicios y Medio Ambiente, por un importe de 3.040.725 euros.
Entre los motivos para paralizar esta actuación, la Dirección General de Obras Hidráulicas y Ciclo Integral del Agua, a la vista del informe favorable del director de las Obras,señala que «en el trazado previsto existen algunas zonas que el Ministerio de Fomento quiere variar, y destaca la no cesión de los terrenos para la ejecución de las obras». Según explica, se impide la entrada a esos terrenos que fue solicitada el 2 de enero de 2008».
Problemas
En palabras del alcalde de Castro, Fernando Muguruza, «la suspensión de esta obra tan necesaria se debe a que el Ministerio de Fomento ha detectado un problema en Cerdigo. No permite que se coloquen tuberías a menos de dieciséis metros de la autovía».
Para Muguruza, esto supone que «no se pueda dar solución a un problema tan gravísimo como el del barrio de Montealegre, donde hay que retirar las aguas fecales con cisternas cada cierto tiempo, lo que está suponiendo muchísimo dinero al Ayuntamiento» . Es por lo que desde el equipo de gobierno no entienden «cómo un problema que afecta tan solo a Cerdigo puede perjudicar al resto de pedanías». «Esto nos hace temer que detrás de esta orden de paralización existen intereses en que Castro salga nuevamente perjudicado», subrayó el regidor.
Cabe recordar, que el Ayuntamiento solicitó al Gobierno regional la inclusión de Sonabia y Ontón en esta tercera fase del saneamiento o llevarla a cabo en una cuarta fase, a lo que el Ejecutivo cántabro respondió que esas actuaciones se irían acometiendo «a medida que las lineas programáticas y presupuestarias lo permitirían». Ante esta situación, el alcalde aseguró ayer que «hasta que el PSOE no abandone el Gobierno regional, Castro no levantará cabeza».
Multas por vertidos
La «suspensión temporal» de las obras de la tercera fase del saneamiento de Castro Urdiales, según el concejal de Medio Ambiente del Consistorio municipal, Pedro Quintana (AxC), tendrá otras consecuencias negativas para el Ayuntamiento, «ya que se había llegado a un acuerdo con la Confederación Hidrográfica del Norte para dejar de verter el saneamiento a los ríos en 2009».
«Si no se cumple este compromiso, nos volverán a multar, como lo han hecho hasta ahora, y esto supondría en un periodo de tres años, un perjuicio de 900.000 euros al Ayuntamiento», apuntó el edil.
LA ACTUACIÓN
Características: Esta obra completará el sistema de saneamiento, para lo que interceptarán y transportarán los vertidos de los núcleos de población más alejados.
Presupuesto: 3 millones de euros.
Plazo de ejecución: 12 meses.
Núcleos a los que afecta: Otañes, Santullán, Lusa, Mioño, Cerdigo, Allendelagua, Montealegre y Helguera.
Respuestas al deslinde de Ontón
La problemática con respecto al deslinde de Ontón podría tener una solución en apenas una semana. Los representantes del Instituto Geográfico Nacional (IGN) tienen prevista una visita al Ayuntamiento de Castro Urdiales, que en principio podría tener lugar el próximo 4 de marzo, para resolver este conflicto entre la localidad vizcaína de Muskiz y la pedanía castreña de Ontón.
Según recordó el alcalde de Castro Urdiales, Fernando Muguruza, fue el Consistorio municipal el que tuvo la iniciativa de estudiar la cuestión, «y a quien corresponde por ley la defensa de sus límites municipales». Es por lo que el Ayuntamiento solicitó en su día la labor de asesoramiento del catedrático de Historia del Derecho, Juan Baró, y «encomendamos los aspectos jurídicos del asunto al despacho de García de Enterría, costeando los castreños todos los gastos derivados de este estudio», matizó Muguruza.
Trámites
Tras esa reunión que se celebrará en el Consistorio de Castro Urdiales, previsiblemente el próximo 4 de marzo, el Instituto Geográfico Nacional emitirá un informe dando la razón a uno u otro Ayuntamiento. Como trámite posterior, el Consejo de Estado emitirá un dictamen, y por último, el Ministerio de Administraciones Públicas, resolverá la cuestión. Esta orden del Ministerio podrá ser recurrida ante la Audiencia Nacional, y en última instancia ante el Tribunal Supremo.
Extraído de: eldiariomontanes.es
