Tras cuatro semanas de protestas y varias reuniones con los responsables municipales, los vendedores ambulantes de Castro no han conseguido frenar su traslado a Cotolino. Es más, por el camino se han dejado un buen pellizco en multas y, al no haber instalado los puestos en todo este tiempo, han sufrido unas pérdidas económicas que, de media, rondan los «12.000 euros» por puesto, según estimaciones del portavoz del colectivo, Imanol Calvente. Y sostiene que hay casos «peores». En total, hay 94 comerciantes acreditados en la localidad, por lo que el 'agujero' podría superar el millón de euros.
En un escrito enviado a los vendedores, la edil del área, Ana Zubiaurre, reitera que el cambio de ubicación es «definitivo» y desestima los tres emplazamientos alternativos propuestos. Además, les «remite» al artículo 24 h. de la nueva ordenanza municipal. Éste estipula que «no asistir, sin previo conocimiento justificado del Ayuntamiento, al mercado durante cuatro o más semanas, o seis alternas de forma consecutiva» es causa suficiente para «extinguir las autorizaciones de venta». Los 'jueveros', que ayer volvieron a manifestarse por el municipio cántabro, se han tomado este apunte como una «amenaza» que, de cumplirse, podría desembocar en una «batalla campal». Y es que consideran que su ausencia de Cotolino «está justificada».
Nuevas movilizaciones
En marzo expira el plazo para renovar las licencias de venta, pero, de momento, sólo «seis o siete» ambulantes las han tramitado. Quieren esperar a ver si dan resultado las nuevas movilizaciones que tienen previsto desarrollar en las próximas semanas.
Extraído de: elcorreodigital.com
