El partido Político La Unión (LU) ejercerá de acusación popular en el juicio que comienza mañana contra el ex alcalde de Castro Urdiales, Fernando Muguruza, y el ex concejal de Hacienda, Jose Miguel Rodríguez 'KyK' por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias.
La Unión solicita para el ex alcalde la pena de 14 años de inhabilitación para cargo público por la comisión de dos delitos de prevaricación, y pide para Rodríguez López la imposición de una pena de un año de presión y siete años de inhabilitacuión para cargo público por la comisión de un delito de prevaricación en concurso con un delito de tráfico de influencias.
Los hechos se remontan al año 2005 cuando, según la formación política, el Ayuntamiento de Castro Urdiales por medio de su alcalde y su cocnejal de Hacienda decidieron "beneficiar" a varias empresa alquilando sus naves, "pese a tener locales propios disponibles". Según La Unión, Fernando Muguruza decidió pagar el alquiler de una nave a una empresa determinada, "a pesar de no contar, curante largos lapsos de tiempo de hasta 20 meses, sin contrato de ningún tipo que amparara el pago de fondos municipales" y peses a los reparos de ilagalidad formulados por la intervención municipal.
Esta situación irregular dio lugar a que, entre los años 2005 y 2007, el Ayuntamiento gastara "indebidamente" un total de 41.290,92 euros. Según la versión ofrecida por La Unión, "a irregularidad era tal que consta cómo en la redacción de los contratos de arrendamiento "no intervenían funcionarios", siendo los mismos redactados por la propia empresa. Después, Muguruza y Rodríguez López presuntamente ordenaban al jefe de Contratación municipal que la nave se debía alquilar "sí o sí" a la empresa a cuestión.
Por su parte, Jose Miguel Rodríguez López decidió presuntamente beneficiar a un compañero del Partido Popular mediante el alquiler de una segunda nave. Para ello, el propio concejal ordenó mediante nota manuscrita que en las condiciones técnicas se introdujeran las características de la nave de dicho militante del PP, "con el fin de asegurarse la contratación" según La Unión.
El presidente de la formación política, Rafael Sebrango, ha destacado que "la lucha contra la corrupción se demuestra actuando", y "no haciéndose la plañidera en público para luego no hacer nada". Desde el partido han asegurado que seguirán en la lucha contra la corrupción, ya que “está en el ADN de La Unión”, y se trata de "un imperativo moral". También han aprovechado para lamentar "las cortapisas económicas que se imponen en España a quienes quieren ejercer la acción popular".
El juicio comenzará el lunes 3 de noviembre a las nueve y media de la mañana en el Juzgado de lo Penal número 4 de Santander, y está previsto que las sesiones duren dos días (lunes y martes).
