La Unión (LU), en nota de prensa a este medio, se congratuló de la adopción, por el Juzgado de instrucción nº 2 de Castro Urdiales, de las medidas cautelares en el procedimiento judicial conocido como de La loma, que se instruye en dicho Juzgado.
Desde la formación política recordaron que el pasado mes de Septiembre, la formación que ejerce la acusación popular, solicitó que se suspendiera en el ejercicio de las competencias públicas al Alcalde, Fernando Muguruza, y a los concejales, de IU, Salvador Hierro y al ex concejal del Partido Popular, José Miguel Rodríguez “Kaika”.
Asimismo, LA UNION (LU), solicitó la paralización cautelar de las obras en ejecución en los sectores SUNP 3 y 12 de La Loma, así como la suspensión de las ventas y publicidad con traslado de la medida al Registro de la Propiedad.
El Presidente de la formación, Rafael Sebrango, manifestó que “Estamos satisfechos, al igual que todos los ciudadanos de bien, con el Auto que decreta estas medidas cautelares, fundamentalmente porque se trata, sin duda alguna, de una medida de garantía que protege, en primer lugar el interés general de todos los castreños, y el particular, de todos aquellos ciudadanos que adquirieron de buena fe viviendas con numerosísimos defectos de legalidad, y especialmente, aquellas que no tienen agua potable”.
“Difícilmente, puede entenderse que pueda arreglar un problema, quien ha contribuido de manera fundamental a crearlo”, aseguró y “éste es el caso de los Sres. Muguruza, Hierro y Rodríguez López, piezas fundamentales del desastre urbanístico de Castro Urdiales”.
“La permanencia en el Ayuntamiento de estas personas, lesivas para el interés general y las arcas públicas de Castro Urdiales”, continuó el representante de LA UNION (LU), han convertido a Castro en “exponente de lo que es una sangría y expolio de las arcas municipales, transformando Castro en un municipio caótico y sumido en una crisis financiera y patrimonial de la que va a tardar muchos años en recuperarse”, aseguró Sebrango.
“Es evidente que quien haya esquilmado la capacidad económica de un Ayuntamiento, burlándose de la ley, no puede permanecer en un cargo público, ni un minuto más”.
Finalizó señalando que “una vez más se demuestra como necesaria la disolución de la corporación municipal, a la cual el Gobierno Regional ampara no adoptando la iniciativa para esta medida”.
