Los bomberos ya nos avisaron que el día que hubiera un incendio en el último bloque el camión no llegaba hasta allí y una ambulancia tuvo que sacar una vez a un señor en una silla porque no pudieron pasar la camilla hasta su casa”, explica Olga Baudet, administradora de la comunidad de propietarios de la urbanización San Martín, de Castro Urdiales (Cantabria).
Este problema no es el único al que se enfrentan las 85 familias de esta zona, que demandan desde hace siete años el remate de su urbanización. Ahora que un juzgado retiró el pasado 9 de octubre la potestad en materia de urbanismo a su alcalde, temen lo peor, que es caer en el olvido de la Administración. Los vecinos de muchos barrios de Castro Urdiales viven en urbanizaciones rematadas chapuceramente y han leído que todo esto se debe a la connivencia del Ayuntamiento con las constructoras.
El catálogo de quejas es amplio: sus garajes se edificaron sobre una zona de desagüe de lluvias que bajan de una cercana montaña; los viales son los construidos provisionalmente hace siete años; en el terreno donde la constructora se comprometía a hacer un parque un muro limita la parcela de un vecino con quien el Ayuntamiento no ha conseguido negociar. Además, la estrechez de la vía de acceso a las viviendas, provocada por la dificultad de culminar el proyecto original de la urbanización debido precisamente a ese contencioso, origina frecuentes discusiones entre conductores que quieren acceder al garaje y vecinos que se han llevado más de un susto al salir de sus casas y toparse de repente en la calzada con un vehículo a punto de arrollarlos.
Los problemas son muchos, según Andoni Gómez, vecino de la urbanización, ya que “las arquetas del vecino están obstruidas y las aguas fecales salen a la calle. La constructora hizo dos plantas de garaje en vez de una prometida sobre planos. Nos engañaron claramente porque en el plano venía una cosa y luego hicieron otra”. Como la constructora no pudo terminar su proyecto, depositó ante el Ayuntamiento de Castro Urdiales la cantidad de dinero correspondiente a la multa prevista en el contrato, y destinada en teoría para que la iniciativa municipal desarrollase el final de obras, “pero a los tres años retiraron el dinero, según marca la ley, porque nadie lo usó nunca para nada”, añade Gómez.
Con la construcción de la segunda fase los vecinos esperaban acabar con los inconvenientes, pero tras la retirada de competencias al alcalde creen que se van a prolongar en el tiempo. Gómez dice que “en las últimas reuniones el alcalde siempre nos dijo que en un par de años se solucionaba todo y nos fue dando largas”. Pero quien resultó más perjudicada por la imprevisión constructora fue Sara García, una vecina que vio cómo se inundaban los garajes tras las últimas lluvias torrenciales en la zona, el 26 de febrero de 2009, ya que la puerta de entrada, además de una pendiente pronunciada para salvar el desnivel no previsto, está ubicada frente a la zona de desagüe de un riachuelo y el agua se desborda e inunda los garajes. Sara dice que “un coche quedó sumergido en el agua y hubo que repararlo y una moto quedó inservible”. La solución que ve esta propietaria es que “si el alcalde está inhabilitado pues que dimita y pongan a otro que pueda desarrollar los proyectos previstos y firmados”.
La culpa de tanta imprevisión hay que buscarla en las prisas por adjudicar y construir en un terreno que nunca terminó de ser propiedad completa de la constructora, construcciones Cotolino. De hecho, a los actuales viales de acceso les faltan nueve o diez metros de ancho para completar el plan aprobado. El ejemplo de San Martín no es único, ya que prácticamente todos los vecinos de Castro Urdiales están en pie de guerra contra la gestión de su regidor, Fernando Muguruza, tránsfuga del Partido Regionalista Cántabro (PRC), que gobierna el municipio gracias a un pacto con diferentes grupos políticos. Pero su actuación en materia urbanística sólo le ha traído problemas con la Justicia. El juzgado número 2 de Castro Urdiales decidió retirarle todas la competencias sobre urbanismo y contratación el pasado 9 de octubre.
Todo comenzó con su detención en febrero por la Guardia Civil para prestar declaración acusado de prevaricación, malversación de fondos públicos y falsedad documental por las obras en la zona de actuación llamada A 1.34, que comprende varias parcelas del municipio donde se levantan algunas urbanizaciones. La denuncia fue presentada por la Junta de Santillán y los vecinos de la urbanización La Loma porque el alcalde autorizó que se hicieran sus casas sobre un arroyo, susceptible de ser terreno municipal. Por lo tanto, se habría producido supuestamente una apropiación indebida del patrimonio público. El problema es que ya hay 105 viviendas construidas de las 207 previstas. Previamente había sido detenido su concejal de obras, Rufino Díaz Helguera.
No es único procedimiento judicial al que se enfrenta Murguruza, ya que el juzgado de Instrucción 2 de Castro Urdiales también le acusa de prevaricación en la adjudicación de las obras en el túnel de Mioño –a la empresa Izeta– y la desratización del municipio –a Trapur, propiedad de un cargo local del PP–. Además, el juzgado ha abierto otras 25 diligencias por delitos contra la ordenación del territorio, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y blanqueo de capitales.
