La investigación que ha iniciado el Juzgado de Instrucción Número 2 de Castro Urdiales afronta una semana decisiva. El instructor del caso ha citado a declarar para esta semana tanto a los imputados por un presunto delito de prevaricación con respecto a la adjudicación de las obras del túnel de Mioño, como a los denunciantes.
Mañana, martes, testificarán los cinco ediles no adscritos, incluido el concejal de Obras y Servicios, Rufino Díaz Helguera, socio del actual equipo de gobierno, que pusieron en conocimiento de la Fiscalía una serie de documentación que podría demostrar las irregularidades cometidas en la adjudicación de las obras del túnel de Mioño. Además de Díaz Helguera los otros denunciantes fueron los ex concejales Pedro Olano, Teresa Pérez, Perpetua Andueza y Pascuala San Miguel.
Por su parte, los siete imputados en el caso declararán al día siguiente, miércoles. Se trata del alcalde Fernando Muguruza, los ediles del Partido Popular, José Miguel Rodríguez López y Concepción Carranza, el concejal de Izquierda Unida, Salvador Hierro, y los ex ediles regionalistas Jaime Díez Muro y Juan Tomás Molinero, así como el entonces concejal de Deportes en el Consistorio, Santiago Vélez (IU).
Irregularidades
Recordemos que la contratación de las obras del túnel de Mioño en 2006 fue el origen de la intervención judicial. La investigaciones se derivan de la querella presentada el 27 de septiembre de 2006 por parte de la Fiscalía y a raíz de la denuncia presentada por esos cinco ediles no adscritos, todos ellos expulsados en su día del PSOE.
«A dedo»
La querella se dirigió inicialmente contra los concejales Jaime Díez Muro y Salvador Hierro por haber adjudicado presuntamente «a dedo» a la que era empresa del hermano del edil regionalista, la obra de reparación del túnel de Mioño. La imputación se amplió después al resto de los miembros de la junta de gobierno local de Castro Urdiales en aquel momento.
Durante la instrucción, se han detectado otros hechos que podrían ser constitutivos de otros delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos, por lo que se ha acordado la apertura de diligencias previas. Situación que motivó la intervención de numerosos expedientes de la Gerencia de Urbanismo. Como ya informó este periódico, se trata de una serie de obras y facturas entre las que figuran la licencia de obras de 'Residencial San Pelayo', en Santullán, que promueve la empresa Sacyr Vallehermoso, así como otros expedientes urbanísticos en el Alto de la Loma.
La postura de Rufino Díaz Helguera
Una de las incógnitas que aún falta por desvelar será si el concejal de Obras y Servicios, Rufino Díaz Helguera, ratifica ante el juez la denuncia que interpuso en su día acompañando a los otros cuatro ediles no adscritos. Hace unos días el líder de Acuerdo por Castro no quiso concretar a los medios de comunicación cuál será su posicionamiento este martes. «Si me han citado a mí y a otras personas para que estemos allí, yo las declaraciones no las puedo hacer antes en otro sitio. Serán las que sean», aseguró.
No obstante, Díaz Helguera dejó claro a los periodistas que «nunca haría nada, ni hace dos años ni el día 15 de abril, que pueda ir contra las personas, contra ninguna. Para eso hay que valer», concluyó.
El resto de ediles denunciantes tampoco se han posicionado públicamente sobre la decisión que tomarán ante el juez el próximo martes, aunque se presupone que ratificarán lo dicho en su día.
Extraído de: eldiariomontanes.es
