La Fiscalía ha solicitado el sobreseimiento provisional de las acusaciones contra el alcalde de Castro Urdiales, Fernando Muguruza, por el caso Trapur, y pide en cambio penas de prisión, de entre diez meses y dos años y un mes, para los concejales José Miguel Rodríguez y Elisa Dopico, también miembros del actual equipo de Gobierno. Así se plantea en sendos escritos remitidos por el fiscal al Juzgado de Instrucción número 2 de Castro Urdiales.
En uno de ellos se solicita el sobreseimiento para el alcalde, al considerar que no hay indicios suficientes para afirmar que Muguruza fuera consciente de que se estaba forzando la realización de contratos menores para adjudicar los trabajos de desratización y desinfección de manera directa a Trapur sin expediente de contratación.
El segundo escrito, en cambio, solicita la apertura de juicio oral contra cuatro acusados: el gerente de Trapur, una funcionaria municipal, la concejala Elisa Dopico, que en el momento de los hechos representaba al PP y actualmente forma parte del equipo de Gobierno por AxC (Acuerdo por Castro); y el edil José Miguel Rodríguez López, ex portavoz 'popular', que fue dado de baja del partido a principios del mes de noviembre tras conocerse la acusación por las obras del Túnel de Mioño y de eliminación de barreras en el mercado municipal.
En el caso Trapur, el fiscal solicita la mayor de las condenas para la concejala Elisa Dopico, primera que asumió las responsabilidades de Sanidad en el equipo de Gobierno y a la que considera responsable de poner en marcha un "sistema de contratación en el que se eludía de manera reiterada y consciente el procedimiento de adjudicación legalmente previsto", "seccionando" los servicios de desratización y desinfección como contratos menores.
En su opinión, la edil ha incurrido en un presunto delito de tráfico de influencias, un delito continuado de prevaricación y otro de cohecho. Por ello, pide para ella condenas que suman dos años y un mes de cárcel, 17 años de inhabilitación y más de 200.000 euros de multa.
Mientras tanto, para el otro concejal, el ex portavoz 'popular' José Miguel Rodríguez y sucesor de Dopico en la Concejalía de Sanidad, la Fiscalía propone diez meses de prisión por un presunto delito de tráfico de influencias, junto con una multa de 200.000 euros. Además, solicita 15 años de inhabilitación (cinco por tráfico de influencias y otros diez por un supuesto delito continuado de prevaricación).
Por lo que respecta al gerente de Trapur, Pedro Llamas, le considera responsable de un presunto delito de cohecho por el que demanda un año y tres meses de cárcel y multa.
Por último, para la veterinaria municipal que redactó el informe técnico que permitió la adjudicación a Trapur del concurso para el servicio de desratización, Itziar Muruaga, el fiscal solicita siete años de inhabilitación por un supuesto delito de prevaricación.
LOS HECHOS
En su escrito de acusación, la Fiscalía asegura que tras el cambio de gobierno municipal en Castro Urdiales en el año 2003, la entonces concejala de Sanidad, Elisa Dopico, "valiéndose de su cargo", dio orden "expresa y directa" a los funcionarios de su departamento para que a partir de entonces se encomendaran los trabajos de desratización y desinfección de vías públicas a Trapur "con exclusividad".
El objetivo, a su juicio, era "beneficiar económicamente a su compañero de partido político", Pedro Llamas, como socio y administrador único de la empresa.
De esta forma, cuando se recibía una queja vecinal que requiriera la respuesta del servicio de desratización y desinfección, el personal municipal o la propia concejala se lo comunicaban a la empresa, que presentaba el correspondiente estudio y presupuesto, "en la mayoría de los casos cuando el trabajo ya se había realizado".
En año y medio la empresa giró al Ayuntamiento facturas por importe superior a 132.000 euros, y obtuvo un beneficio de más de 101.000 euros, tal como sostiene el fiscal, que también asegura que en febrero de 2004 la concejala recibió de Trapur un cheque de 1.000 euros "en concepto de obsequio o contraprestación por las continuas adjudicaciones".
A finales de 2004 Dopico fue relevada en la Concejalía de Sanidad por su compañero de partido José Miguel Rodríguez, que, según la Fiscalía, "mantuvo el método establecido por su antecesora". De esta forma, a lo largo de 2005 la empresa facturó otros 140.732 euros por sus servicios y logró un beneficio de más de 110.000 euros.
Ya en abril de 2005, la Junta de Gobierno Local dio cuenta de una nota de la Intervención que advertía de la necesidad de convocar un proceso de contratación y así se hizo, publicando el concurso a finales de año.
Para valorar las ofertas presentadas la Mesa de Contratación solicitó un informe técnico. El problema es que cuando la técnico municipal fue a entregar ese informe al entonces concejal de Sanidad, José Miguel Rodríguez, éste "valiéndose de su superioridad laboral", hizo que se realizara una valoración entre ambos que fue la que finalmente se plasmó en el informe, lo que permitió la adjudicación a Trapur.
OTRAS ACUSACIONES
Las acusaciones que realiza la Fiscalía en relación al caso Trapur se suman a las planteadas también con respecto a las obras del túnel de Mioño y la eliminación de barreras arquitectónicas en el mercado municipal.
En ese caso, la Fiscalía ha propuesto que se condene a un año de prisión y multa de 14.000 euros al ex gerente de la empresa Izeta y ha pedido diez años de inhabilitación para el ex concejal de Obras Salvador Hierro y para el ex edil de Industria Jaime Díez Muro, hermano del gerente de la empresa que se encargó de los trabajos.
Asimismo, ha solicitado ocho años y nueve meses de inhabilitación para Muguruza, José Miguel Rodríguez López, Santiago Vélez y Concepción Carranza, miembros de la Junta de Gobierno Local anterior, y siete años para el edil Juan Tomás Molinero. También ha pedido la inhabilitación por siete años del secretario municipal, César Saiz, y el ex interventor, Gregorio Alcedo.
