La responsable del área de Asuntos Sociales en el Consistorio castreño, Elisa Dopico Merino, acompañada por la presidente de la Residencia Municipal (Santo Hospital), Elena Muro, ha salido al paso de las acusaciones realizadas recientemente por el responsable de UGT, Juan Carlos Saavedra, sobre la expulsión de trabajadoras de esta institución.
En este sentido, Elisa Dopico puso de manifiesto que “primero quiero puntualizar que todos y cada uno de los miembros de la Junta Administrativa que dirige esta Residencia, representamos a los diferentes colectivos de la ciudadanía castreña y al Ayuntamiento representado por mí. La Residencia cumple un bien social y así queremos que siga siendo. No obstante en nuestro afán de hacer bien las cosas y que sus recursos no se agoten, tenemos que gestionar lo mejor posible el dinero y el patrimonio existente. Para ello hay que contratar personal, hay que atender a personas ancianas, hay que realizar obras, etc; lo que significa que unas veces es necesario contratar personal por circunstancias del servicio y otras no.
Por eso se dieron por finalizados unos contratos, como ocurre en otras empresas, porque se quiera o no, esta Residencia es una empresa al fin y al cabo”. “Recordar que el pasado mes de mayo de 2007 finalizaban una serie de contratos y el responsable del área de Personal en el Ayuntamiento comunicó a la Junta de Gobierno de esta Residencia que esos contratos no se renovaran porque se habían hecho, según él, de forma ilegal, no habían pasado por oposición como tampoco ningún otro trabajador de la misma. Además que no era un buen momento por estar inmersos en un periodo electoral. Esta Junta, asesorada por los Servicios Técnicos Municipales tomó la decisión de renovar esos contratos por un periodo de tres meses, siguiendo las directrices del propio Ayuntamiento y elaborar una bolsa de empleo, con las circunstancias de todos conocidas.
En la Residencia siempre se han hecho los contratos de acuerdo a las modalidades que existen y facilitados por la oficina de empleo y jamás hemos tenido ningún problema. Nunca ningún partido político se ha posicionado y defendido a las personas que han finalizado contrato, a excepción del PSOE que ahora ha presentado una moción al Pleno defendiendo a estas trabajadoras. También queremos dejar claro que hasta ahora ningún representante político se ha dirigido a los miembros de esta Junta Administrativa para contrastar los hechos”.
A través del INEM.
“La bolsa de empleo está anulada desde el pasado día 7/09/07 y ratificada en Junta el 14/09/07 por no cumplir con el fin para el que fue creada. Una vez anulada la bolsa de empleo, la Junta lo primero que hizo fue cumplir con la Ley. Las contrataciones posteriores al 7/09/07 se han realizado a través del INEM, con la solicitud y la preelección correspondiente”.
Extraído de: elalerta.com
