«No tengo ningún problema en asumir que este expediente lo tramitó César Saiz (ex secretario municipal en el Ayuntamiento de Castro), amigo íntimo de Javier Leonardo, representante legal de Dirsur y al que denominó como el 'vietnamita'». Así de claro se mostró ayer el portavoz de IU y ex concejal de Obras, Salvador Hierro, en su comparecencia ante el juez Luis Acayro Sánchez. Una testificación que se adelantó, «sin que se me haya entregado ninguna citación alterando el día de mi declaración», ya que hoy se celebra el acto de Apertura del Año Judicial 2008-2009. Por este motivo, hoy no comparecerán ante el juez, como estaba previsto, el alcalde Fernando Muguruza y el ex edil de Industria, Jaime Díez Muro.
En su comparecencia ante el juez, como imputado por una presunta adjudicación «a dedo» de la contratación a la empresa Dirsur para la realización del texto refundido del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), por un importe de 24.000 euros, Hierro dijo que ni él ni Marta González (ex edil del PRC) «hicieron nada respecto a este expediente». «Yo no di ninguna orden a la ex gerente de Urbanismo, Alicia García». Además, aseguró que desconocía la nota de intervención de Fernando Urruticoechea. «Gran culpa la tienen el señor Saiz y el señor Urruticoechea por no tramitar expedientes, por acumular expedientes a los que no se ha dado el trámite que había que darle», señaló al mismo tiempo que dijo que «solo estuvo en la Junta de Gobierno y por eso resulta imputado». «César Saiz nunca advirtió de ninguna ilegalidad», concluyó.
Por su parte, el ex secretario municipal, también imputado por este asunto, apuntó que «Salvador Hierro, que estaba en contratación, era el único que conocía la ley» y dijo que las obras menores, inferiores a 30.000 euros, «se hacían sin mucho rigor».
Responsabilidades
Preguntado por si mantenía lo que declaró en las diligencias del túnel de Mioño, sobre el funcionamiento de las juntas de gobierno, de que «todos sabían lo que hacían», César Saiz respondió ayer que «no todos sabían lo que hacían. Todo se aprobaba por unanimidad pero no todos sabían si era legal o no».
Por otro lado, el ex secretario le dijo al instructor que «cuando hace el acta se acuerda que se pase a todos los departamentos que puedan estar interesados, que su secretaria ya sabe a quien se notifica y que al final del acuerdo pone a quien se notifica». «No me explico porqué en el expediente solo pone Dirsur», afirmó.
Otra de las que tuvo que testificar ayer ante el juez Luis Acayro Sánchez, en calidad de imputado, fue la ex edil del PRC, Marta González, quien dejó claro que no participó en nada de la contratación, ni tuvo el pliego, ni se reunió con nadie. «El secretario no me advirtió de nada. Yo actuaba creyendo que las ilegalidades serían advertidas por los técnicos». «Nunca recibí ninguna oferta en mano», añadió. Asimismo, manifestó que fue cesada «porque discrepaba por motivos políticos, por no hacerse las cosas bien», concluyó.
«Me siento harta y enfadada»
Los ediles populares Concepción Carranza y José Miguel Rodríguez López cerraron el turno de testificaciones ante el juez. Por primera vez desde que comenzara la investigación judicial en el Ayuntamiento de Castro, los dos concejales convocaron a los medios de comunicación para hacer declaraciones sobre sus imputaciones.
«Me siento harta y enfadada porque este asunto nada tiene que ver conmigo. No existe ningún argumento para que pueda salir culpable en ninguna de las causas que se imputan», declaró Carranza al mismo tiempo que dejó claro que en ningún momento «ha sido consciente de la vulneración de los procedimientos administrativos». «Son los técnicos los que tienen que advertirnos», dijo.
Por su parte, Rodríguez López aclaró que para nada «tenemos que demostrar nuestra inocencia, para eso está la presunción de inocencia». Además, dijo que en este caso era responsabilidad, del por entonces interventor Urruticoechea, «avisarnos si se cometía alguna ilegalidad».
Extraído de: eldiariomontanes.es
