martes. 03.12.2024

La Agencia Tributaria ha detectado

un agujero de más de 9 millones de

euros en las cuentas de todas las

personas, y grupos familiares, que

han sido imputadas hasta la fecha en

las distintas diligencias previas en

curso por delitos de muy diversa naturaleza,

alguna ya en fase de enjuiciamiento

(caso Trapur o caso Mioño,

por ejemplo).


Según un informe

al que ha tenido acceso en parte EL

MUNDO de fuentes municipales, y

que analiza el periodo que va de

1999/2000 a 2007/2008, los desfases

patrimoniales hasta ahora no conocidos

más relevantes alcanzarían al

grupo integrado por los hermanos

Díez Muro-Ibarrola (400.000 euros

entre los tres); el ex arquitecto Pedro

Restegui (1.800.000 euros, aunque

podría superar los dos millones); la

ingeniera municipal Alicia García

(770.000 euros); Pilar Villanueva Alba

(casi 500.000 euros) –Gestoría

Asemar–; el ex edil de IU Salvador

Hierro –él, 66.000, y sus padres jubilados

han acumulado un patrimonio

con valor catastral de 500.000 euros

los últimos años–; Santiago Vélez

(40.000 euros); y el edil Tomás Molinero

–su madre, 100.000 euros, y un

primo 150.000 euros–.

A todos ellos se sumarían los ingresos

no justificados ya hechos públicos

de distintos concejales y funcionarios

municipales. De esa lista,

destacan especialmente, por elevados,

los desfases patrimoniales descubiertos

en las unidades familiares

del alcalde tránsfuga Fernando Muguruza;

el ex líder del PP castreño y

actual teniente de alcalde tránsfuga

José Miguel Rodríguez; el también

lugarteniente de Muguruza y primer

espada de Acuerdo por Castro

Rufino Díaz Helguera, o el ex secretario

del Ayuntamiento César Díez,

entre otros.

El nuevo informe de la Agencia

Tributaria, por tanto, hace las veces

de resumen para facilitar la comprensión

de todo lo actuado, las conexiones

entre las distintas personas

investigadas y, a su vez, para

realizar ciertas matizaciones de los

informes precedentes con nuevos

datos obtenidos y vinculados a los

anteriores.

Del conjunto de los datos disponibles

se concluye, en primer lugar,

que «bastantes de las personas investigadas

presentan un desfase entre

ingresos y gastos declarados».

Una circunstancia que se repite es

que algunos de los directamente investigados,

apenas poseen un patrimonio

relevante si bien sus familiares

cercanos han experimentado un

incremento importante en el suyo.

Conclusión: De acreditarse la comisión

previa de un delito por parte de

los implicados, estos hechos podrían

ser constitutivos de un delito de

blanqueo de capitales.

Por otro lado, también se colige

que «en la actividad mercantil del

Ayuntamiento de Castro existe una

relación comercial o familiar frecuente

con personas que en algún

momento han percibido o perciben

rentas del trabajo del mismo, que

actualmente trabajan para sociedades

que mantienen relaciones con

el Ayuntamiento. Estas personas y

sociedades están relacionadas por

vínculos familiares o societarios

con algunos concejales o sus familiares

».

Ya en tercer lugar, se cita que las

personas investigadas o vinculadas

con ellas antes de desempeñar funciones

públicas eran declarantes de

rentas escasas, percibían prestaciones

por desempleo, o eran profesionales

con una actividad económica

poco relevante según sus rentas declaradas.

A raíz de su relación con el

Ayuntamiento se aprecia un notable

incremento en su actividad económica.

De hecho se crean comunidades

de bienes, participan en sociedades

inversoras, se dan de alta en alquiler

de locales, compran y venden

con relativa frecuencia bienes inmuebles

y adquieren propiedades

próximas a las zonas urbanas.

Así mismo, se constata que muchas

de las personas relacionadas

por vínculo familiar con algunos

concejales perciben o han percibido

rentas del trabajo del Ayuntamiento

de Castro, de la Residencia

Municipal, de empresas relacionadas

con el Ayuntamiento, y que trabajan

o han trabajado en algún momento

para empresas en las que

sus administradores, socios, partícipes

o autorizados a cuentas es o

ha sido algún concejal.

Más. Del estudio de la Agencia

Tributaria queda probado que algunas

de las escuelas municipales

deportivas (Remo, Fútbol, Voleibol,

Balonmano, Fútbol Sala...) y diversas

asociaciones que reciben o han

recibido subvenciones municipales

están o han estado en algún momento

relacionadas con familiares

de algún concejal o autorizados a

sus cuentas.

Finalmente, se subraya que diversas

empresas vinculadas personal

o profesionalmente con los concejales

o funcionarios municipales

mantienen relaciones comerciales

con el Ayuntamiento de Castro Urdiales

y al mismo tiempo han aumentado

sus ingresos por ventas

considerablemente. 

Por su relevancia, EL MUNDO

extrae las conclusiones relativas a

las personas investigadas más significadas.


FERNANDO MUGURUZA

Es alcalde

desde el año 2003. A título personal

no presenta desfase entre ingresos

y gastos No tiene vinculaciones

familiares dentro del Ayuntamiento

de Castro. La incorporación a la política

le ha supuesto duplicar sus ingresos

por rentas del trabajo. Su

cónyuge María Cristina Puente López

presenta un desfase entre ingresos

y gastos estimado de 121.382 euros.

Todo ello a falta del análisis de

las cuentas corrientes. Llama la atención

el fuerte endeudamiento a largo

plazo adquirido en el año 2007 con

un inmueble y un vehículo, si bien

este último consta a nombre de su

empresa.

También se ha detectado que la

familia de su cónyuge, principalmente

sus tías, son propietarios de

importante bienes en Castro. Se da

la circunstancia de que muchas de

las propiedades rústicas se encuentran

en la zonas de San Juan, Torquilla,

Pando, Samano, Momeñez,

Ornas, El Moral, La Cuadra y Llacente.


J. MIGUEL RODRÍGUEZ, ‘KAIKA’

Ha desempeñado el cargo de concejal

de Hacienda y patrimonio

desde el año 2003. Percibe rentas

del trabajo del Ayuntamiento de

Castro, y sus sociedades Portus

Amanus y Bordados del Cantábrico.

Está casado con Pilar Barquín,

titular de Maroljoba SL, y tiene

tres hijos (José Miguel, Marco Antonio

y Oliverio), los cuales perciben

rentas de la sociedad Portus

Amanus. Dos de ellos están o han

estado dados de alta en IAE relacionados

con la construcción. En

total, el desfase patrimonial de la

unidad familiar se estima en unos

607.000 euros.

El hecho de que, tanto Marco

Antonio como Oliverio, perciban

siempre los mismos importes de la

sociedad de su padre, estén dados

de alta en IAE con otras actividades,

pasen al paro en 2006 y 2007,

y que Oliveiro declare hasta el

2005 en la Foral de Vizcaya, presenta

dudas acerca si realmente

trabajan para la sociedad de su padre

o únicamente están incluidos

en nómina para aumentar gastos

de personal.

Con respecto a las empresas más

relevantes, Portus Amanus SL y Maroljoba

SL, se destaca el papel de esta

última. Para la Agencia Tributaria,

parece constituida para agrupar

el patrimonio familiar y mantenerlo

al margen de cualquier responsabilidad.

Se cita incluso otra sociedad, Modapronto,

donde constan como administradores

solidarios, nombrados

en 1992, José Miguel Rodríguez

López y Julio Morales Arozamena.

La madre de Julio Morales, Asunción

Arozamena, consta como administradora

del Hotel El Ancla de

Laredo y en 2000 era partícipe de

Castrotur con un 16% junto con José

Miguel Rodríguez. A más, es hermana

de José Ramón Arozamena

(fallecido), padre de Francisco Arozamena

Vizcaya, administrador y

autorizado a cuentas de Construcciones

Obra Maestra, cuyo representante

era el edil José Tomás Molinero

Arroyabe y que ha sido pagadora

de Molinero Arroyabe.


SALVADOR HIERRO

Concejal

tránsfuga de IU. Ha percibido rentas

del Ayuntamiento de Castro Urdiales

desde el año 1999. También

tiene ingresos de su actividad económica

(pintura) a través de su

participación en las sociedades

Chisman SC, Pinturas Castro SC,

Pinturas Gefechi SC y Jufesan

Castro SC. Sus socios son familiares.

Se repiten las situaciones de

otros investigados: el directamente

implicado apenas posee propiedades,

no así sus familiares directos.

De hecho, Hierro y su cónyuge

únicamente disponen de un local a

su nombre y una propiedad adquirida

a su tío Hilario Santurde, y sus

saldos en cuentas son insignificantes,

aunque a título personal el investigado

presenta un desfase patrimonial

personal de 66.326,29 euros.

No obstante, sus padres,

Salvador y María, jubilados de 75

y 72 años, con ingresos no superiores

a 20.000 euros/año y habiéndose

dedicado hasta 1997 al comercio

al por menor de bacalao y

salazones, tienen una importante

actividad de compra venta de inmuebles

en los últimos años sin

que les conste financiación ajena.

Actualmente son propietarios de

inmuebles por un valor catastral

superior a los 500.000 euros.

A fecha de 31 de diciembre de

2008, sus saldos en cuentas superan

los 80.000 euros.

Hay más relaciones familiares.

Por ejemplo, Nicolás Santurde Ahedo,

casado con Begoña Rodríguez

Sanchoyarto. El primero está autorizado

a cuentas del Grupo regional

de Actividades Espeleológicas, que

percibe subvenciones del Ayuntamiento

de Castro. A la par, su cónyuge

percibe rentas del trabajo de sociedades

relacionadas con servicios

de limpieza y ajardinamiento, sociedades

éstas que imputan ventas a

muchos ayuntamientos de España

entre los que se encuentra el de Castro.

A ambos no les constan propiedades

hasta el año 2004, en el que

aparecen tres en Sámano.

Hilario Santurde, tío de Salvador,

a su vez, está autorizado a cuentas

de la Asociación El Sejo junto con

otras personas, la cual recibe subvenciones

del Ayuntamiento de Castro.

Sus hijos son Tatiana e Iván. La

primera percibe rentas del trabajo

del Ayuntamiento de Castro desde el

2001, casada con Fernando José

Prieto Fierrez quien participó en su

día con un 33% en Jufesan Castro

–una hermana de éste, Rocío, percibe

rentas del trabajo de la Residencia

de Castro–. A más, ambos son

adquirentes y transmitentes de varios

inmuebles durante el período

2001-2006.

Respecto a las sociedades vinculadas

a Salvador Hierro, queda

acreditado que la mayoría de los

ingresos superiores a 3.000 euros

provienen de las empresas de los

hermanos Díez Muro –uno ex concejal

del PRC y el otro gerente de

la empresa Izeta, ambos enjuiciados

en el caso Mioño– y Javier Ibarrola

Altuna.


RUFINO DÍEZ HELGUERA

Fue alcalde

del Ayuntamiento de Castro

entre los años 1992 a 2003. Hoy es líder

de Acuerdo por Castro y teniente

de alcalde. En lo que se refiere al

propio investigado, apenas presenta

un patrimonio personal relevante;

sus percepciones del trabajo proceden

exclusivamente del Ayuntamiento

de Castro desde al menos

1999. No consta dado de alta como

autónomo ni en IAE ni es socio o

partícipe de sociedad alguna. No

constan vehículos a su nombre ni

préstamos bancarios. El desfase estimado

entre ingresos y gastos inicialmente

calculados ascendía a

37.993,44 euros, sin contar sus saldos

en cuentas (57.932,92 euros a 31

de diciembre de 2008).

Durante los años 2003 a 2007 ha

tenido ingresos de 14.719,46 euros,

7.631,31 euros, 4.511,03 euros,

3.639,0 euros y 17.914,18 euros,

respectivamente, es decir, cantidades

que entre los años 2005 a 2006

apenas superan los 8.000 euros.

Precisamente es en esos años donde

en su cuenta del BBVA se ingresan

en metálico 36.180 euros, «por

lo que sería de interés averiguar el

origen de esos fondos».

En lo que se refiere a sus familiares,

son relevantes los datos relativos

a sus hermanos. Por ejemplo,

Andrés, que regenta una peluquería

local y presenta un desfase entre ingresos

y gastos de 416.264,65 euros

–no se ha tenido en cuanta una última

vivienda (138.232 euros ni el saldo

en cuentas (20519,96 euros)–. A

pesar de declarar rentas por importe

de 14.000 euros anuales de media

desde el año 2000, entre los años

2004 y 2006 adquiere fondos de inversión

por valor de 90.000 euros y

es titular de siete inmuebles urbanos

en Castro.

Otro hermano, Ángel, tiene vinculación

con diversas promotoras

que tienen intereses importantes

en Castro Urdiales y ha recibido

rentas de Izarra SL, Arcan Flavi y

Proyectos y Construcciones. Su

cónyuge, Mª Asunción Antuñano,

ha percibido rentas del Ayuntamiento

de Castro y desde el año

2002 de la Residencia Municipal de

Castro. Sus hermanos, también: Alberto

del Ayuntamiento los años

1999-2000, y Lucio de Dornier SA.

(empresa encargada de la OCA en

el municipio).

Un tercer hermano de Rufino Díaz,

José María, también mantiene

vinculación con diversas promotoras

que tienen intereses en Castro Urdiales,

percibiendo rentas, entre

otras, de Masegama, Arcan Flavi,

Bilpro e Inblam. Hasta el año 2003

fue titular de las cuentas de la Escuela

Municipal de Fútbol de Castro.

A su cónyuge, María Cruz, le constan

ingresos del Consistorio desde el

año 2000 y de la promotora Bilpro.

Tienen dos hijos menores de edad

con cuentas corrientes a las que está

autorizado Rufino.

A Rufino Díaz se le relaciona

también por vínculo familiar con

Estrella Liendo, hermana de su

madre. Tiene una hija, Estrella Escalante,

casada con Juan Antonio

Ilarza, partícipe de Conilsa, propietaria

de inmuebles valorados en

500.000 euros en la Ronda 26-28 y

un saldo en cuentas a diciembre de

2008 de casi 9 millones de euros

Se ha detectado que tanto la familia

Ilarza Angulo como la de su madre

Angulo Pico, tienen a su nombre

propiedades que superan los

4.000.000 euros de valor catastral

en Sámano, La Suma, Callejo, La

cuadra, El Molinar, El Moral, Hornas,

La Jarilla y La Serna.

La Agencia Tributaria ha detectado
un agujero de más de 9 millones de
euros en las cuentas de todas las
personas, y grupos familiares, que
han sido imputadas hasta la fecha en
las distintas diligencias previas en
curso por delitos de muy diversa naturaleza,
alguna ya en fase de enjuiciamiento
(caso Trapur o caso Mioño,
por ejemplo). Según un informe
al que ha tenido acceso en parte EL
MUNDO de fuentes municipales, y
que analiza el periodo que va de
1999/2000 a 2007/2008, los desfases
patrimoniales hasta ahora no conocidos
más relevantes alcanzarían al
grupo integrado por los hermanos
Díez Muro-Ibarrola (400.000 euros
entre los tres); el ex arquitecto Pedro
Restegui (1.800.000 euros, aunque
podría superar los dos millones); la
ingeniera municipal Alicia García
(770.000 euros); Pilar Villanueva Alba
(casi 500.000 euros) –Gestoría
Asemar–; el ex edil de IU Salvador
Hierro –él, 66.000, y sus padres jubilados
han acumulado un patrimonio
con valor catastral de 500.000 euros
los últimos años–; Santiago Vélez
(40.000 euros); y el edil Tomás Molinero
–su madre, 100.000 euros, y un
primo 150.000 euros–.
A todos ellos se sumarían los ingresos
no justificados ya hechos públicos
de distintos concejales y funcionarios
municipales. De esa lista,
destacan especialmente, por elevados,
los desfases patrimoniales descubiertos
en las unidades familiares
del alcalde tránsfuga Fernando Muguruza;
el ex líder del PP castreño y
actual teniente de alcalde tránsfuga
José Miguel Rodríguez; el también
lugarteniente de Muguruza y primer
espada de Acuerdo por Castro
Rufino Díaz Helguera, o el ex secretario
del Ayuntamiento César Díez,
entre otros.
El nuevo informe de la Agencia
Tributaria, por tanto, hace las veces
de resumen para facilitar la comprensión
de todo lo actuado, las conexiones
entre las distintas personas
investigadas y, a su vez, para
realizar ciertas matizaciones de los
informes precedentes con nuevos
datos obtenidos y vinculados a los
anteriores.
Del conjunto de los datos disponibles
se concluye, en primer lugar,
que «bastantes de las personas investigadas
presentan un desfase entre
ingresos y gastos declarados».
Una circunstancia que se repite es
que algunos de los directamente investigados,
apenas poseen un patrimonio
relevante si bien sus familiares
cercanos han experimentado un
incremento importante en el suyo.
Conclusión: De acreditarse la comisión
previa de un delito por parte de
los implicados, estos hechos podrían
ser constitutivos de un delito de
blanqueo de capitales.
Por otro lado, también se colige
que «en la actividad mercantil del
Ayuntamiento de Castro existe una
relación comercial o familiar frecuente
con personas que en algún
momento han percibido o perciben
rentas del trabajo del mismo, que
actualmente trabajan para sociedades
que mantienen relaciones con
el Ayuntamiento. Estas personas y
sociedades están relacionadas por
vínculos familiares o societarios
con algunos concejales o sus familiares
».
Ya en tercer lugar, se cita que las
personas investigadas o vinculadas
con ellas antes de desempeñar funciones
públicas eran declarantes de
rentas escasas, percibían prestaciones
por desempleo, o eran profesionales
con una actividad económica
poco relevante según sus rentas declaradas.
A raíz de su relación con el
Ayuntamiento se aprecia un notable
incremento en su actividad económica.
De hecho se crean comunidades
de bienes, participan en sociedades
inversoras, se dan de alta en alquiler
de locales, compran y venden
con relativa frecuencia bienes inmuebles
y adquieren propiedades
próximas a las zonas urbanas.
Así mismo, se constata que muchas
de las personas relacionadas
por vínculo familiar con algunos
concejales perciben o han percibido
rentas del trabajo del Ayuntamiento
de Castro, de la Residencia
Municipal, de empresas relacionadas
con el Ayuntamiento, y que trabajan
o han trabajado en algún momento
para empresas en las que
sus administradores, socios, partícipes
o autorizados a cuentas es o
ha sido algún concejal.
Más. Del estudio de la Agencia
Tributaria queda probado que algunas
de las escuelas municipales
deportivas (Remo, Fútbol, Voleibol,
Balonmano, Fútbol Sala...) y diversas
asociaciones que reciben o han
recibido subvenciones municipales
están o han estado en algún momento
relacionadas con familiares
de algún concejal o autorizados a
sus cuentas.
Finalmente, se subraya que diversas
empresas vinculadas personal
o profesionalmente con los concejales
o funcionarios municipales
mantienen relaciones comerciales
con el Ayuntamiento de Castro Urdiales
y al mismo tiempo han aumentado
sus ingresos por ventas
considerablemente.
Por su relevancia, EL MUNDO
extrae las conclusiones relativas a
las personas investigadas más significadas.

Hacienda alerta de una sesuda trama en la que se ‘esfumaron’ 9 millones de las arcas...