Nueva visita del alcalde de Castro Urdiales, Fernando Muguruza, a los juzgados de la ciudad. En esta ocasión, el regidor tuvo que comparecer ayer por una presunta adjudicación irregular a la empresa Tecma, por importe de 24.000 euros, para la redacción de un informe para la extinción de la plaga de termitas en el conjunto histórico de Castro y por la presunta adjudicación «a dedo» de la contratación a la empresa Dirsur para la realización del texto refundido del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).
En ambas testificaciones, Muguruza coincidió a la hora de señalar que los reparos «los intentaba resolver con sentido común», basándose principalmente en las «urgencias» que había en la ciudad, entendiendo que «no se podía anteponer una tramitación correcta a una necesidad vital». Preguntado sobre si sospechaba que se estaba cometiendo algún tipo de ilegalidad, el primer edil castreño manifestó que «todo lo contrario. Ha sido una sorpresa que se esté planteando este procedimiento como una ilegalidad», aseguró en su primera comparecencia sobre el 'caso Dirsur'.
«Despilfarro»
Pero las declaraciones del alcalde no se limitaron únicamente a estos dos asuntos. Muguruza lamentó que «empiece a haber facturas de los abogados. Estoy empezando a hacer cálculos de lo que le va a costar al erario público todas estas instrucciones y estamos hablando de muchos millones de pesetas y la paralización de un juzgado por la investigación de asuntos fantasmales que solo existen en la mente de algún interventor desquiciado», dijo. «Es lamentable que no se pongan garantías para que no haya un despilfarro del dinero público como va a suceder y está sucediendo, con las docenas de tramitaciones que ya se están llevando en este juzgado», añadió.
Y es que el edil de Urbanismo cree que «es probable que el juez Luis Acayro Sánchez se esté inmiscuyendo en competencias y responsabilidades que corresponden al Ayuntamiento y al Pleno de Castro Urdiales». «Creo que existe una autoridad que le corresponde a los ayuntamientos y tengo serias dudas que los juzgados puedan intervenir en esas decisiones que corresponden a los alcaldes y a los plenos. Existe una potestad un poder», aseveró.
Además, del regidor municipal ayer también testificaron el primer teniente de alcalde, José Miguel Rodríguez López, el ex edil de Industria, Jaime Díez Muro y el ex secretario municipal, César Saiz.
«Estoy esperando el momento adecuado para reclamar justicia»
El alcalde de Castro Urdiales también se refirió al hecho de que el ex interventor municipal, Fernando Urruticoechea, -que ya ha comparecido ante el juez en varias ocasiones como testigo en varios procesos- se haya personado como acusación particular en el 'caso Mioño'.
«Creo que el señor Urruticoechea debería prepararse para la que le va a caer encima, porque, desde luego, yo no pienso permanecer inactivo ante la actuación irresponsable y criminal que ha tenido este hombre a lo largo del tiempo, tanto por su falta de actuación y dejación de sus obligaciones como interventor, como con sus manifestaciones públicas».
Muguruza dejó claro que está esperando el momento adecuado «para reclamar justicia». «Y bien haría el señor Urruticoechea en recopilar documentación, como hemos hecho los demás, que le exima de responsabilidad penal».
Por otro lado, descartó que haya habido cualquier tipo de amiguismo con las empresa Dirsur (que redacto el texto refundido del PGOU), la empresa Tecma (que hizo un informe para acabar con las termitas del casco histórico) o con la empresa Izeta, que ejecutó la obras del túnel de Mioño y del ascensor del mercado municipal.
Extraído de: eldiariomontanes.es
