24 de octubre de 2008, 10:34
La edil de Asuntos Sociales de Castro Urdiales, compareció hace unos días en el Juzgado de Instrucción Número 2, como imputada por presuntas irregularidades en la contratación por parte del Ayuntamiento de los servicios de la empresa de desratización Trapur.En su testificación, Dopico dejó claro que «verbalmente no se hacia nada». «La única persona que intentó ayudar un poco fue Urruticoechea (el por entonces interventor), quién me dijo que conocía una empresa muy buena en el País Vasco y se ofreció para hacer el pliego para la contratación de los servicios de desratización».
«Entendí que el interventor me proponía legalizar la situación para contratar a una empresa determinada, cosa que entiendo que no era legal. Urruticoechea se portó muy bien conmigo, pero en ese momento entendí que era una proposición deshonesta», dijo Dopico.
La edil aseguró que «nadie controlaba que Trapur hiciese los trabajos» y estimó «desproporcionadas las ganancias de Trapur en 2003 y 2004, si 11 de cada 12 euros que se facturaban eran beneficios, teniendo en cuenta que se facturaron más de 130.000 euros».
Extraído de: eldiariomontanes.es
