La sala de lo Penal y lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de
Cantabria estudia un presunto delito de prevaricación cometido en el
Ayuntamiento de Castro por la venta de terrenos públicos en la zona de
Cotolino. La institución judicial estima así la querella criminal
presentada hace varios meses por el edil no adscrito Pedro Revuelta y
el portavoz del Colectivo en Defensa del Puerto Deportivo, Ángel María
Villanueva, contra el alcalde, Fernando Muguruza, el portavoz de IU,
Salvador Hierro, y el líder del PP, José Miguel Rodríguez.
Los denunciantes acudieron a los tribunales el pasado mes de marzo.
Entonces acusaron a los líderes del equipo de gobierno y a dos técnicos
-el ex secretario, César Sáinz, y el ex gerente de Urbanismo, Pablo
Sámano- de vender «con plena conciencia de su carácter perjudicial»
11.000 metros cuadrados de terreno público en el sector APD-2. La
parcela fue enajenada en junio de 2004 tras la firma de un convenio
entre el Consistorio y una promotora vizcaína. La operación supuso unos
ingresos para las arcas locales de 2,8 millones de euros. No obstante,
tanto Revuelta como Villanueva aseguran que «el terreno se vendió a un
precio muy por debajo de lo que marca el mercado». Así, el Ayuntamiento
habría dejado de percibir «casi seis millones de euros», mantienen.
La
apertura de diligencias previas es un trámite preceptivo en este tipo
de procesos judiciales. No obstante, supone una nueva vuelta de tuerca
en las supuestas irregularidades del convenio del APD-2, que ya fueron
denunciadas por el ex interventor, Fernando Urruticoechea, ante la
Fiscalía en 2004. Entonces, tras varios meses de investigación, la sala
archivó la denuncia que también acusaba al alcalde y a sus socios de
gobierno de un presunto delito de prevaricación.
Extraído de: elcorreodigital.com
