El último informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre el Ayuntamiento de Castro Urdiales, referido a los ejercicios 2004 y 2005, detecta la falta de una estructura organizativa en el Consistorio, así como irregularidades en algunos procesos de gestión. En el periodo fiscalizado, ocupaba la Alcaldía el entonces regionalista Fernando Muguruza, que gobernaba con el PP e IU. En sus conclusiones, el informe, al que ha tenido acceso Europa Press, considera especialmente "grave" la situación de la Intervención del Ayuntamiento, dada su responsabilidad en las tareas de control interno y contabilidad, dada la "carencia" de medios personales para desempeñar sus competencias y la asunción de labores "ajenas" a sus funciones.
Así, destaca que en ese periodo el Ayuntamiento no dispuso de "ningún" reglamento orgánico que definiera su estructura organizativa, ni de una "adecuada" atribución de competencias, como tampoco de un sistema "normalizado" de formación y archivo de expedientes.
También resalta que se producía "frecuentemente" la aprobación del gasto "sin asegurar" la debida consignación del crédito y sin la contabilización de esta fase presupuestaria, una "irregularidad" que derivó en la existencia de facturas sin contabilizar por no contar con crédito presupuestario "suficiente".
El procedimiento "habitual", según el tribunal, era su "regularización" en los años siguientes a través del reconocimiento extrajudicial del crédito, figura prevista para "situaciones excepcionales". Así, en 2004, la cuantía de obligaciones de ejercicios anteriores reconocidos mediante esta figura fue de 6.169.668 euros y en 2005 de 339.731 euros.
Señala que la "falta de aplicación" de procedimientos administrativos "adecuados" en la gestión del gasto tuvo como consecuencia que se pagaran con "retraso" facturas de proveedores y devoluciones de ingresos, así como que se demorara "innecesariamente" la devolución de subvenciones.
Asimismo, destaca que desde el año 2000 el Ayuntamiento ha mantenido un "retraso continuado" en la rendición de su cuentas anuales, y como consecuencia de ello sus estados financieros y cuentas anuales a 31 de diciembre de 2004 no expresan la imagen "fiel" del patrimonio y de la situación económico-financiera de la entidad, aunque representan "razonablemente" la de 2005.
El tribunal señala también aspectos como que se "ha incumplido sistemáticamente" el plazo de presentación de los presupuestos, la ausencia de procedimientos y herramientas de gestión "adecuados" en materia de personal; la contratación de personal laboral temporal para proveer puestos de forma "indefinida"; la "ausencia" de control y supervisión en materia recaudatoria, o los incrementos del coste en la ejecución de los contratos de servicios y la falta de control sobre los mismos, entre otros.
GESTIÓN URBANÍSTICA
En el caso de la gestión urbanística, el tribunal achaca a este departamento la misma falta de estructura organizativa y de procedimientos "normalizados". Así, destaca aspectos como la no inclusión de "datos fundamentales" en la aplicación informática para la tramitación de los expedientes, o la carencia de una relación completa y numerada de las modificaciones del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).
Junto a ello cita incumplimientos referidos a aprovechamientos urbanísticos, en materia de dotaciones de parques y jardines, o modificaciones del PGOU, y destaca que durante los ejercicios fiscalizados no se realizó "ninguna acción sistemática" de inspección, la Corporación dispuso de inspectores urbanísticos.
Señala además que la totalidad de los expedientes de contratación de obras "adolecían de deficiencias o irregularidades", y tampoco había un seguimiento y control de la ejecución de los contratos de servicios públicos. Así, recalca que la modificación del de recogida de residuos y limpieza supuso un incremento del 158% del coste, lo que, según el tribunal, debería haber dado lugar a su resolución.
Entre sus recomendaciones, el Tribunal de Cuentas cree que el Ayuntamiento debería dotarse de una estructura organizativa en la que estén definidas las competencias, funciones y procedimientos que garanticen el "adecuado" funcionamiento de la entidad, así como segregar funciones para que no concurran competencias de gestión y control en un mismo responsable municipal.
También considera que debería dotarse de aplicaciones informáticas que permitan un tratamiento ""adecuado" de la información, con aplicaciones automatizadas sobre vencimiento de plazos, así como dotar de medios "suficientes" a la unidad encargada del control interno y la contabilidad.
Extraído de: cantabriaconfidencial