No es difícil perderse entre los pintorescos vaivenes políticos
acontecidos en Castro Urdiales durante los últimos cuatro años de
legislatura. El actual mapa político de la localidad costera es fruto
de inesperados giros que comenzaron a producirse desde la misma
constitución del equipo de gobierno tras los pasados comicios. Más
tarde, la expulsión de cuatro ediles de dos partidos supuso un nuevo
revés que se tradujo en la pérdida de la mayoría para el ejecutivo
local y desencadenó una crisis sin precedentes en el PSOE.
El punto de partida ya fue, cuando menos, curioso. El PSOE, liderado
por Rufino Díaz Helguera, fue el partido más votado en las pasadas
elecciones y obtuvo 8 concejales. Sin embargo, un sorprendente pacto
entre el PRC, IU y PP, que sumaban 13 ediles -5, 3 y 5,
respectivamente-, dejó a los socialistas en la oposición después de
doce años de gobierno. Así las cosas, el recién nacido tripartito
eligió a Fernando Muguruza como primer edil. La mayoría absoluta
brindó, durante algo más de un año, una relativa calma a la vida
municipal que, sin embargo, no tardaría en desaparecer.
En
diciembre de 2004 el equipo de gobierno sufrió un inesperado revés que
le relegó a la minoría. La expulsión de cuatro corporativos -dos del PP
y dos del PRC- por salirse de la disciplina de voto, dejó al tripartito
con 9 ediles. Primero fue Marta González (PRC), a la que más tarde
siguieron el regionalista Guzmán Miranda, Elisa Dopico y Pedro Revuelta
(ambos del PP). Los disidentes trataron de formar un grupo mixto, pero
el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria no se lo permitió. Sin
embargo, los cuatro 'rebeldes' permanecieron en el Consistorio, lo que
supuso una notable pérdida de fuerza para el tripartito, que ya sólo
contaba con 9 de los 21 concejales que forman la Corporación.
Fue
precisamente el apoyo de esos concejales no adscritos lo que daría
luego la mayoría absoluta a los socialistas en abril de 2005 para
registrar una moción de censura contra Muguruza. Pero esta iniciativa
desencadenó una crisis sin precedentes en el PSOE, que expulsó del
partido a sus ocho ediles, entre los que se encontraba el ex alcalde
Rufino Díaz Helguera. Al final, los concejales sucumbieron a la presión
de sus respectivos partidos y la moción fue retirada un día antes de su
debate en el pleno por todos los firmantes. Pero el polémico punto
desencadenó fuertes tensiones y una gran expectación popular. Víctor
Etxebarria y Ana Vélez de Mendizabal -los primeros ediles que se
echaron atrás- fueron readmitidos en las filas socialistas. Uno de los
expulsados, Emilio Cabezas, dimitiría a los pocos días de retirar su
rúbrica de la reprobación contra el alcalde. La representación del
grupo en el Consistorio se completó con Marisa Iturbe, que era la
siguiente en la lista.
Crisis en el PSOE
A
raíz de estos hechos, el PSOE se vio obligado a constituir una gestora
que llevara las riendas de la formación en el municipio a la espera de
recomponer su ejecutiva local. Pero aún faltaba un sobresalto más. Ana
Vélez de Mendizábal y Marisa Iturbe dimitían en octubre de 2005 por la
«imagen de deterioro y división interna» que proyectaba el partido.
Este revés dejó a los socialistas con un único concejal en el
Ayuntamiento hasta que corriese de nuevo la lista. El PSOE ha tenido
que esperar hasta el pasado enero para reorganizar su ejecutiva en
Castro.
Así las cosas, la Corporación ha permanecido compuesta
desde entonces por los 9 ediles del tripartito -PRC, IU y PP-, 3
representantes socialistas y 9 concejales no adscritos -cinco
expulsados del PSOE y los cuatro disidentes-.
Hoy el panorama
político es semejante al de 2003 en lo que a candidatos se refiere.
Salvo el PSOE, liderado en los anteriores comicios por Rufino Díaz, y
cuya lista encabeza ahora Chus Esteban. Aunque el regidor llegó a dudar
de su reelección como candidato por el PRC, finalmente el comité local
le brindó su apoyo. El PP e IU también han renovado su confianza en
Rodríguez y Hierro. Entre las novedades, el colectivo ciudadano Grupo
de Trabajo y la formación nacionalista Conceju Nacionaliegu Cántabru.
El futuro del puerto deportivo, en las urnas
El consejero de Obras Públicas y Vivienda del Gobierno de Cantabria,
José María Mazón, ya lo anunció en septiembre. Su departamento
retomaría el proyecto del puerto deportivo de Castro tras las
elecciones municipales. La razón para retrasar el plan era evitar que
fuera utilizado como «arma política» en los comicios. Y es que pocos
asuntos han levantado tantas ampollas como éste. No obstante, la
polémica sigue latente y el resultado que arrojen las urnas podría
marcar el futuro de estas obras.
La sombra de un fuerte
rechazo vecinal planea sobre el proyecto desde su puesta en marcha hace
tres años. A las 14.000 firmas presentadas contra su construcción hay
que añadir la constitución de una plataforma ciudadana dedicada a
frenar el plan, el colectivo en Defensa de la Bahía, que ha llevado el
asunto a los tribunales. Entre otras cosas, alegan graves perjuicios
medioambientales y la vulneración de la Ley de Costas.
Y la
presión se hizo notar. Aunque el Ejecutivo regional aspiraba a
reordenar el frente marítimo castreño de forma integral, hace año y
medio decidió dividir el plan. Tras el verano se ejecutará el parking
subterráneo del parque de Amestoy, que cuenta con el beneplácito
general. Después le tocará el turno al puerto.
El tripartito
quiere sacar adelante el proyecto. El PSOE, por su parte, apoya el
parking, pero no cree que el puerto sea «urgente». El Conceju y Acuerdo
por Castro lo rechazan de plano.
Extraído de: elcorreodigital.com