La portavoz de la Agrupación Socialista Castreña, María Jesús Esteban, y varios compañeros de partido han repartido durante el fin de semana un folleto en el que piden la dimisión del alcalde de Castro Urdiales, Fernando Muguruza, tras ser considerado tránsfuga por la comisión de expertos del Pacto Antitransfuguismo.
En el folleto se recuerda que Mariano Rajoy firmó el pacto en julio de 1997 siendo ministro de Administraciones Públicas, para evitar que este tipo de conductas corrompan la vida política y económica del país. Se dice en el folleto que según el dictamen emitido por el comité de expertos, la conducta de Muguruza fue determinante para calificarle de tránsfuga.
En primer lugar porque sus dos compañeros del PRC permanecieron fieles a su partido y fue el actual alcalde de Castro quien se apartó de ellos, votándose a sí mismo mientras sus compañeros lo hacían a la candidata socialista de acuerdo con las instrucciones de su partido.
Por todo ello, el PSOE exige a los concejales que «sustentan a este alcalde tránsfuga que soliciten su dimisión para impedir que un personaje de este tipo sea el representante de todos los castreños». Los socialistas castreños consideran que las declaraciones posteriores al dictamen de Fernado Muguruza y Rodríguez López (PP) constituyen un «claro desafío» a lo que ha decidido la comisión de expertos y al propio Pacto Antitransfuguismo, «están llenas de disparates» y en el caso de Muguruza llegan a ser «peligrosamente anticonstitucionales», especialmente cuando habla de que en España hay un régimen partitocrático.
Cómplices
El secretario general del PSOE de Castro Urdiales, Ángel Gil, hizo ayer una reflexión sobre todo lo acontecido en torno al tema del transfuguismo y aseguró que hay bastante de «despreciable e indigno» en el líder del partido popular castreño, que «se rasgó las vestiduras en la anterior legislatura por el transfuguismo de dos de sus concejales». Gil recordó las ruedas de prensa en Santander y en Castro con el texto del Pacto Antitransfuguismo de fondo y cómo «lanzó las campanas al vuelo» cuando en el pasado mes de julio la Comisión de Seguimiento no dictaminó sobre el caso de Castro y decidió dejar el dictamen en manos del arbitraje de reconocidos juristas independientes, es decir de la Comisión de Expertos, «ahora pretenda desacreditar a esa misma comisión con presuntos intereses políticos».
Extraído de: eldiariomontanes.es
