domingo. 21.07.2024

http://1.bp.blogspot.com/-TpcOGC_ZL9E/To7-tfcmetI/AAAAAAAAA60/r9qBV1ubh1I/s1600/26082010638.jpgEl PSOE de Castro Urdiales ha presentado una moción solicitando la supresión de la Ley de Tasas Judiciales aprobada por el Partido Popular, explicando los argumentos esgrimidos para tal solicitud en la nota de prensa que publicamos a continuación.






NOTA DE PRENSA

EL PSOE DE CASTRO PRESENTA UNA MOCIÓN SOLICITANDO LA SUPRESIÓN DE LA LEY DE TASAS JUDICIALES APROBADA POR EL PP.

Es necesario un pacto de Estado y un consenso con los colectivos profesionales para garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva.

El pasado 22 de noviembre entró en vigor la ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

Tras una tramitación de vértigo en el Parlamento con evidente afán de ocultación a los ciudadanos, su contenido constituye una muestra más de la voluntad del Gobierno de llevar a cabo un desmantelamiento de los servicios públicos esenciales, cuestionando a su vez el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales.

La Ley 25/1986, de 24 de diciembre, de Supresión de las Tasas Judiciales, ya erradicó de nuestro ordenamiento jurídico la figura de la tasa judicial, para propiciar que todos los ciudadanos pudieran obtener justicia cualquiera que fuera su situación económica o su posición social. Por ello parece mentira que en pleno Siglo XXI, el Ministro Alberto Ruiz Gallardón, con una peculiar y muy peligrosa idea de la justicia, pretenda imponer estas tasas judiciales, haciéndonos retroceder a épocas ya superadas, respaldado por su partido: el Partido Popular.

Este cambio normativo tan RADICAL se ha llevado a cabo desoyendo a los colectivos profesionales implicados: jueces, fiscales, secretarios judiciales, funcionarios, abogados, procuradores, consumidores y usuarios…; sin haberse aceptado ninguna propuesta de los Grupos Parlamentarios a lo largo de su tramitación en ambas Cámaras; y contra el criterio del Grupo Socialista, al extenderse el pago de tasas judiciales a toda persona natural y jurídica, así como a los órdenes jurisdiccionales civil, contencioso administrativo y social.

Y es que las tasas aprobadas ATENTAN contra el derecho FUNDAMENTAL a la TUTELA JUDICIAL EFECTIVA previsto en el Artículo 24 de la Constitución.

El objetivo recaudatorio que persigue esta Ley es desproporcionado con la limitación del derecho de acceso a la justicia y puede convertirse en un obstáculo impeditivo para la obtención de tutela judicial efectiva.

Y es que el “efecto disuasorio” solo es tal, para quienes tengan menos capacidad económica; y ello sin perder de vista que al no existir otras alternativas a la Administración de justicia, lo que puede fomentar es que cada uno se tome la justicia por su mano.

Por ello, el Grupo Socialista ha presentado Enmienda a la totalidad de devolución del proyecto de ley, y ha instado a las Mesas de las diferentes Comisiones la exclusión de las personas físicas como sujetos obligados al pago de tasas judiciales y a garantizar que nadie vea limitado su derecho de acceso a la justicia por no poder hacer frente al pago de la tasa judicial; anunciado que presentará recurso de inconstitucionalidad contra la ley.

Ello no obstante, y como muestra de la improvisación y chapuza que está llevando a cabo el Ministerio de Gallardon, el día de entrada en vigor de la ley (22 de Noviembre) ni siquiera se había aprobado el Modelo Oficial para liquidar la tasa, que debe aprobar el Ministerio de Hacienda y Administraciones Publicas, de forma que se ha creado una situación de incertidumbre e inseguridad jurídica que da a la vez vergüenza y pavor.

Finalmente, y tras varias vacilaciones, parece que la tasa empezara a aplicarse sin efectos retroactivos a partir del momento en que se apruebe el modelo oficial de liquidación que puede tardar días o semanas.

Ante este lamentable espectáculo que esta ofreciendo el Ministerio de Justicia y el Gobierno del Partido Popular que no ha querido atender a las demandas de los colectivos implicados, de los grupos de la oposición, ni al sentido común, se han sucedido diversas movilizaciones en toda España.

En Cantabria se han llevado a cabo sendas concentraciones los días 12 de Noviembre y 23 de Noviembre ante las sedes de los Palacios de Justicia, concentraciones SIN PRECEDENTES en las que jueces, fiscales, secretarios judiciales abogados y procuradores se han unido para instar la retirada de las tasas judiciales y por la Justicia.

Por ello, los concejales del Grupo Municipal Socialista consideramos necesario que toda la sociedad, y el Ayuntamiento de Castro Urdiales, hagan llegar su sentir común contra las tasas injustas a través de un acuerdo plenario instando al Gobierno de España a que suspenda la entrada en vigor de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, hasta que se concierte y firme un Pacto de Estado, para cuya redacción sean oídos los colectivos profesionales de jueces, fiscales, secretarios judiciales, funcionarios, abogados, procuradores y consumidores y usuarios; por el que se modifique la normativa para garantizar el Derecho Fundamental a la Tutela Judicial Efectiva, excluyendo a las personas físicas como sujetos obligados al pago de tasas judiciales y a garantizar que nadie vea limitado su derecho de acceso a la justicia por no poder hacer frente al pago de la tasa judicial.


Mª Begoña Vega Martín

Concejala Grupo Municipal Socialista



El PSOE de Castro pide la supresión de la Ley de Tasas Judiciales