«Está que claro que hay una campaña orquestada en desprestigiar y descalificar a Fernando Muguruza. No sé en base a qué, pero desde luego coinciden el Gobierno de Cantabria y el juez en ese intento de hacer daño personal, moral y público a Fernando Muguruza». Estas fueron las primeras declaraciones que realizó ayer el alcalde de Castro Urdiales después de comparecer durante cerca de hora y media ante el juez instructor, Luis Acayro Sánchez. En esta ocasión, al primer edil castreño se le imputan dos delitos: uno por malversación de fondos y otro por prevaricación en relación al arrendamiento verbal de una lonja privada por parte del Ayuntamiento para la cesión de su uso a un particular.
Durante su comparecencia ante el juez, Fernando Muguruza explicó como en 2004 firmó un convenio urbanístico con Construcciones Martín del Río por el que el Ayuntamiento podría utilizar ese local ubicado en la calle Cayetano Tuero hasta marzo de 2006.
En 2007 y ante las quejas de los vecinos que aseguraban que había un carrocista en el local, el propio regidor (según su declaración), preguntó al interventor, al secretario y a todos los funcionarios cuál era la situación del local y tras abrir un expediente le informa que había vencido el convenio, que se seguía ocupando el local, que no se había pagado y que había unas deudas pendientes que él desconocía. También confirmaron al regidor que había un carrocista, Javier Carrasco, en ese local.
Así las cosas, el alcalde aseguró ayer al juez que ante esta situación se plantearon dos soluciones: o pagar la deuda o dejar a Construcciones Martín del Río que reclamara esa deuda a través del Juzgado. «Entendí que Martín del Río iba a ganar, seguro, por la vía judicial y di orden de que se resolviera esas mala situación dando orden de que el carrocista Carrasco abandonara el local», apuntó Muguruza. «Creo que actué con la máxima diligencia en defensa de los intereses de la sociedad castreña y la comunidad de propietarios», añadió.
Acuerdo verbal
Por otro lado, Fernando Muguruza aclaró al instructor del caso que «no recuerda haber llegado a ningún acuerdo verbal con Martín del Río una vez que había vencido el convenio urbanístico, a pesar de que este último haya declarado que había llegado a un acuerdo verbal con el Ayuntamiento» Además, dijo desconocer si el acuerdo verbal hecho por Martín del Río lo hizo con otra persona.
Con respecto al reparo del interventor que pone de manifiesto la falta de tramitación de un expediente administrativo para uso de un local, el primer edil castreño manifestó ayer que hubiera correspondido al interventor, al secretario o al edil de Deportes «haber caído en la cuenta de la finalización de dicho contrato».
Finalmente, y en referencia al uso de ese local, Muguruza consideró que se trata de un uso como una actividad cultural, dado que el Coso Blanco lo es. «Al parecer el juez interpreta que eso fue una actividad comercial de ahí que entienda que hubo malversación de fondos públicos», dijo.
Tras testificar por cuarta vez en los Juzgados de Castro, el alcalde consideró que «a este paso tendré que venir a testificar todas las semanas. Es absolutamente absurdo pero como decía Arcadi hace unos días: «Cuando la jauría cese de sus aullidos, se verá la simple y llana realidad de las cosas».
El propietario, el carrocista, el secretario...
Fernando Muguruza no fue ayer el único que tuvo que comparecer ante el instructor del caso. También lo hicieron en calidad de testigos el propietario de la lonja ubicada en la calle Cayetano Tueros, Fernando Martín del Río; el carrocista castreño Javier Carrasco y el directivo de la Sociedad de Deportiva de Remo Castro Urdiales, Daniel Laiseca. A esta lista de testigos habría que sumar la de Javier Sainz, ex secretario municipal que tuvo que desplazarse desde su actual destino, el Ayuntamiento de Tarazona de La Mancha (Albacete), para comparecer ante el juez.
Al parecer, Fernando Martínez del Río, propietario de la lonja que fue alquilada al Ayuntamiento de Castro Urdiales, habría asegurado ante el juez que en su día «había llegado a un acuerdo verbal con el Ayuntamiento una vez que venció el convenio urbanístico».
Extraído de: eldiariomontanes.es