El Juzgado de Instrucción número Dos de Castro Urdiales aprecia indicios de delito en el traspaso de tres fincas pertenecientes a la Fundación Escuela a la Junta Vecinal de Mioño por parte del alcalde pedáneo, el socialista Víctor Echevarría. Un auto de este juzgado ha acordado finalizar la fase de instrucción, al estimar que existen indicios racionales de un delito societario por disposición fraudulenta de los bienes de una sociedad con abuso de las funciones propias de su cargo. Las diligencias se abrieron cuando una de las miembros del Patronato de la Fundación Escuela en Mioño presentó una querella.
Ahora se acuerda continuar las diligencias previas mediante el procedimiento abreviado, lo que significa que en el momento en que acusación o defensa presenten escrito de calificación, podría abrirse juicio oral.
La Fundación Escuela de Mioño se constituyó en 1852, y su escritura explicita que los integrantes de su Patronato debían ser el cura párroco del pueblo, en calidad de presidente; el alcalde pedáneo y los parientes más inmediatos de los fundadores.
La querellante entró en el patronato en marzo de 2006, tras acreditar su condición de descendiente de los fundadores.
En distintas fechas, se realizaron desde el patronato, entonces no constituido como tal porque no se había procedido a la aceptación del cargo por parte de los integrantes, y por parte del querellado, cesiones de uso a favor de la Junta Vecinal y en perjuicio de la Fundación.
En concreto, se cedió el uso de tres fincas, (dos de carácter urbano destinadas a Casa de Cultura y consultorio médico, y una rústica), con una superficie total de 1.264 metros cuadrados.
Posteriormente, estos bienes fueron integrados en el inventario de la Junta Vecinal. Una vez emitida certificación por el Ayuntamiento de Castro Urdiales de que el citado inventario era correcto, el alcalde pedáneo los inscribió a nombre de la Junta.
El auto hecho público hoy señala que Víctor Echevarría hizo "caso omiso" a los requerimientos que le efectuaron la querellante y el Protectorado de Fundaciones de Cantabria.
En ellos se le explicaba el origen de los bienes --la Fundación-- y la nulidad de la inscripción, ya que las cesiones no cumplían ninguno de los requisitos exigibles. Por tanto, se le instaba a realizar una rectificación registral, para ajustar el Registro a la realidad.
A estas peticiones, el pedáneo de Mioño reaccionó iniciando los trámites de disolución de la Fundación Escuela. En su declaración, Echevarría reconoció como ciertos los hechos, que, según el Auto, la Audiencia Provincial ya ha considerado como indiciarios del delito que se le imputa.
En concreto, el Juzgado de Instrucción castreño aprecia indicios racionales de que los hechos constituyan un delito societario por disposición fraudulenta de los bienes de una sociedad, con abuso de las funciones propias de su cargo.
Contra este auto judicial podrá interponerse en recurso de reforma y subsidiario de apelación en los tres días siguientes a su notificación, o bien un recurso de apelación en los cinco días siguientes.
Fuente: Agencia Europapress
