La investigación que ha iniciado el Juzgado Instrucción Número 2 de
Castro Urdiales prosigue su cauce. Y es que durante la jornada de ayer,
y por espacio de cinco horas aproximadamente, el juez instructor llamó
a testificar a varias personas en relación a uno de los expedientes
urbanísticos requisados por la Policía Judicial y referente, entre
otras, a la urbanización 'Residencial San Pelayo', en Santullán, que
promueve la empresa Sacyr Vallehermoso.
Según ha podido conocer este periódico, ayer testificaron varios
vecinos de la pedanía castreña de Santullán y algún funcionario de la
Dirección General del Ciclo Integral del Agua del Gobierno de
Cantabria. Además, el careo que iban a mantener en un principio dos
funcionarias municipales -la ingeniera Mari Carmen Villanueva y la
técnico de Infracciones Urbanística Yolanda Sánchez- finalmente se
celebró ayer.
El careo y Ballesteros
En este sentido, aunque Villanueva planteó en su día que se podría
haber cometido una irregularidad dentro de las obras en Santullán y por
el contrario, Sánchez habría argumentado no tener constancia de esta
posible irregularidad, ayer las declaraciones de ambas habrían
coincidido. Incluso, se especula con que responsabilizaran ante el juez
de esa presunta denuncia por irregularidades al ex secretario José
Manuel Ballestero. Y es que su nombre se recuerda durante estos días en
Castro por todas aquellas denuncias que presentó en su etapa como
responsable de la Secretaría municipal, arrastrando con ellas en los
procesos judiciales a otros empleados municipales.
Recordemos que, finalmente, Ballestero dejó este Ayuntamiento y,
sorprendentemente, retiró todas sus denuncias contra el Ayuntamiento
castreño. Es más, en un escrito remitido el pasado 28 de noviembre al
alcalde, Ballestero mostró su intención de mantener «unas cordiales
relaciones» con el Consistorio castreño y con cuantos responsables
municipales forman parte del mismo, «especialmente con Fernando
Muguruza».
Dudas
Entre los motivos por lo que testificaron ayer varias personas se
encuentra el abastecimiento de agua a la zona del Alto de La Loma El
juez podría haber solicitado una serie de expedientes al Ayuntamiento
al considerar que se habría dado el permiso de obra en la zona del alto
de La Loma sin abastecer de agua a las viviendas que allí se han
construido.
El alcalde de Castro Urdiales, Fernando Muguruza, uno de los siete
imputados por un presunto delito de prevaricación, justificó al
respecto que en la actualidad las viviendas construidas disponen de
agua y que está en tramitación la construcción de dos depósitos de
agua, con un coste próximo a los 330.000 euros, para abastecer toda la
zona de Loma en el monte Cueto. «En 2004 se iniciaron los trámites para
su construcción, y para ello se necesitaba la tramitación de un PERI
(Plan Especial de Reforma Interior) que le diera viabilidad
urbanística. La tramitación ha sido lenta y ahora mismo está en los
despachos de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y
Urbanismo (Crotu)», apuntó el alcalde.
También testificó ayer Juanchu Bazán, miembro de la asociación
ciudadana 'Otro Castro Posible'. Este colectivo denunció en su día ante
la Comisión Regional de Urbanismo que con la construcción de estos
depósitos de agua en el Monte Cueto se incumplía además del Plan
General, las normas urbanísticas regionales y el Plan de Ordenación del
Litoral «que no permiten este tipo de construcción en suelo protegido».
«En defensa de los vecinos de Santullán»
El alcalde pedáneo de Santullán, Julián Revuelta (PSOE), recordó ayer,
en declaraciones a este periódico, que en el año 2006 la empresa Sacyr
Vallehermoso comenzó las obras de la urbanización 'Residencial San
Pelayo' «invadiendo caminos vecinales y una finca propiedad de la Junta
Vecinal». «Se ordenó que se retiraran y no sólo no hicieron caso, sino
que continuaron ocupando más terreno. Este hecho se denunció varias
veces y ante la negativa del alcalde de Castro a amparar a la Junta y
ante lo que creemos que era y es protección a una empresa promotora, se
amplió la denuncia a Muguruza, por aquel entonces alcalde del PRC y
diputado regional, y al ex concejal de Obras, Salvador Hierro (IU) por
presunta prevaricación», puntualizó.
Julián Revuelta dijo también que desde el año 2006 se vienen
investigando los hechos denunciados por la pedanía y, confirmó, que en
la jornada de ayer se tomó declaración a varios funcionarios de Castro
y del Gobierno de Cantabria y a vecinos de la pedanía conocedores de
hechos relativos a la obra y al Plan Parcial SUNP-12 en Santullán».
El pedáneo dijo que la Junta está personada como acusación
particular. «Aunque de momento no podemos hacer declaraciones, sí puedo
decir que ha quedado demostrado que la Junta Vecinal denunció la verdad
y que protege los intereses de los vecinos actuales y los que vengan a
vivir en un futuro», concluyó Revuelta.
Extraído de: eldiariomontanes.es
