Si hasta ahora el titular del Juzgado de Instrucción Número 2 de Castro Urdiales se había centrado en investigar irregularidades cometidas en el Ayuntamiento durante la pasada legislatura, ahora parecer querer ampliar esa investigación al último mandato de Rufino Díaz Helguera como alcalde. El actual edil de Acuerdo por Castro, fue alcalde de este municipio y líder de los socialistas castreños. Y es que ahora el juez ha abierto diligencias previas en virtud del informe de auditoría del Ayuntamiento de Castro Urdiales referidos a los ejercicios 1999, 2000, 2001 y 2002.
En concreto, investiga los apartados de la cuenta general, urbanismo, personal, contratación administrativa y gastos y obligaciones reconocidas. Se trata de un informe que fue encargado la pasada legislatura cuando gobernaba el tripartito PRC, PP e IU, con Fernando Muguruza de alcalde. Paradójicamente, Rufino Díaz Helguera, concejal de Obras, comparte en la actualidad gobierno con Fernando Muguruza y el PP, impulsores, junto con Izquierda Unida, de la ejecución de esta auditoría.
Para el juez, «los hechos que resultan de las anteriores actuaciones presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal».
Diligencias
No obstante, el instructor asegura en su auto que al no estar determinadas la naturaleza y circunstancias de tales hechos, ni las personas que en ellos han intervenido, «procede instruir diligencias previas y practicar aquellas esenciales encaminadas a efectuar tal determinación y, en su caso, el procedimiento aplicable».
De ahí, que el juez haya ordenado incoar las diligencias previas dando cuenta de ello al Ministerio Fiscal. También ha requerido a la unidad patrimonial de la Policía Judicial a fin de que proceda a practicar las gestiones encaminadas al esclarecimiento de los hechos investigados.
La historia
Cuando el tripartito PRC, PP e IU entró en el gobierno municipal en el año 2003 una de sus primeras actuaciones fue convocar un concurso público para realizar una auditoría de los ejercicios económicos del Ayuntamiento desde el año 1999 hasta el 2002, época en la que Rufino Díaz Helguera, entonces en el PSOE, ostentaba el cargo de alcalde. Finalmente, la auditoría se encargó a la empresa ATD Auditores. El 23 de marzo de 2006 el tripartito llevó a pleno el resultado de ese informe. Fue una sesión que acabó con la intervención de la Policía Local que obligó al por entonces interventor, Fernando Urruticoechea, a abandonar el salón de plenos. Según el concejal de Hacienda y Patrimonio, José Miguel Rodríguez López, la empresa encargada del estudio había detectado «que existían responsabilidades contables en esos años».
Rodríguez López apuntó que los resultados de esa auditoría señalaban que «eran numerosas las facturas sin contabilizar, y que había irregularidades en el cobro de aprovechamientos urbanísticos y de algunos impuestos como el IVA y el IRPF».
Errores contables
Ese día Fernando Urrutioechea dijo en el pleno que «el anterior equipo de gobierno socialista cometió, sin saber, errores contables, aunque la situación actual (en 2006) es más grave porque el tripartito lo hace a sabiendas». Muguruza afirmó en su día, en referencia a esa auditoría, que la misma demostraba que se habían «inflado los ingresos que se dilapidaron posteriormente».
Por su parte, Díaz Helguera ya mostró en ese polémico pleno su malestar por el encargo de esa auditoría que calificó como «ajuste de cuentas».
Extraído de: eldiariomontanes.es
