lunes. 30.01.2023

El Juzgado número 2 de Castro Urdiales ha acusado hoy al alcalde, Fernando Muguruza, y al edil de Hacienda, José Miguel Rodríguez (PP), de "beneficiar sistemáticamente" a un empresario amigo de ambos concediéndole año tras año el servicio de desratización, a pesar de no tener medios adecuados para realizarlo. El juez ha hecho público hoy el auto por el que declara concluida la instrucción del conocido como "caso Trapur", donde establece que deberán responder por las irregularidades detectadas en la contratación del servicio municipal de control de plagas el alcalde, Rodríguez, la concejal de Sanidad, Elisa Dopico (AxC), el ex concejal del PP Pedro Revuelta, la técnico municipal Icíar Infante y el empresario Pedro María Llamas.


El auto imputa al alcalde, a los ediles y a la técnico municipal un delito de prevaricación, y al empresario Pedro María Llamas un delito de tráfico de influencias. También tendrán que responder por tráfico de influencias Rodríguez y Dopico.

El auto señala que Trapur es una empresa "modesta" y "familiar" que, pese a ser deficitaria en el ejercicio 2002, ha facturado más de 579.000 euros desde 2003, cuando empezó a recibir adjudicaciones "en exclusiva" y "con manifiesto trato de favor" de los servicios de desratización en el municipio "y comenzó a ser extraordinariamente rentable".

El juez explica que, en un primer momento, esas adjudicaciones se realizaban mediante un "fraccionamiento ilícito" de los contratos con conocimiento de los concejales Dopico, Revuelta y Rodríguez, y con el consentimiento del alcalde.

Con posterioridad, a partir de noviembre de 2005, y dado que "la ilegalidad no podía mantenerse por más tiempo" por las importantes sumas que se empezaban a acumular, añade, se inició un concurso público que se adjudicó a Trapur, aunque esa empresa no presentó la mejor oferta ni dio cuenta de los medios de que disponía.

El auto destaca que el teniente de alcalde y concejal del PP, José Miguel Rodríguez, medió "de manera determinante" para que en esa convocatoria resultase adjudicataria la empresa de su amigo Pedro Llamas.

Indica que, antes de mayo de 2003, cuando todavía no se había convocado ningún concurso, los servicios de desratización los prestaban tres empresas, de las cuales solamente una tenía contrato en vigor, si bien los gastos en dicho periodo no superaron los 90.000 euros.

Según el auto, cuando se iba a superar el plazo máximo de vigor de ese único contrato, el alcalde, Fernando Muguruza, envió a la empresa un escrito para concluir el servicio, pero no abrió ningún expediente de inicio de un concurso público.

Elisa Dopico elaboró otro documento en el que anunciaba que el Consistorio iba a denunciar el contrato y no abonaría las facturas pendientes.

Con posterioridad, Dopico siguió adjudicando los trabajos de desratización a Trapur sin que conste expediente alguno y con un "indiciario trato de favor" para esta empresa, ya que sus ofertas "no eran las mejores", asegura el auto.

A modo de ejemplo, el juez precisa que, en comparación con las ofertas de otras empresas, una de las que presentó Trapur para desratizar dependencias municipales tenía el precio "manipulado, ajustado a lápiz y presentaba la factura el día siguiente" lo que, a su juicio, es indicativo de que esos trabajos estaban adjudicados previamente.

El auto indica que Pedro Revuelta, que era concejal de Juntas Vecinales, encargó verbalmente a esa empresa la desratización de las nueve pedanías del municipio.

Según subraya, este edil se puso de acuerdo con Pedro María Llamas y fraccionó la contratación a razón de 3.000 euros por pedanía, a fin de evitar el procedimiento de la contratación.

A partir de diciembre de 2004, Dopico y Revuelta fueron destituidos de sus cargos y fue el concejal de Hacienda y portavoz del PP, José Miguel Rodríguez, quien se hizo cargo de sus áreas de gestión. El juez asevera que Rodríguez continuó realizando adjudicaciones "directas" y "fraccionadas" con la "connivencia" del alcalde.

Destaca que este concejal encargó a Trapur la desratización de todo el municipio y, para que esta empresa pudiera obtener "el mayor beneficio posible", lo dividieron en sectores "de manera ficticia" y "sistemática", a fin de no rebasar el límite de los contratos menores.

En noviembre de 2005 se elaboró y aprobó el expediente de la convocatoria para optar a la adjudicación de este servicio, a la que se presentaron ocho empresas, entre ellas Trapur, que fue la que finalmente se hizo con el contrato aunque su oferta económica no fue la mejor ni acreditó medios materiales o equipos de trabajo.

El auto incide en que durante la instrucción se ha puesto de manifiesto que las cantidades facturadas al Ayuntamiento por Trapur no fueron declaradas en su totalidad a la Agencia Tributaria, pese a cobrarlas con IVA.

Añade que desde 2007 la hija de Pedro Llamas, que también milita en el PP, desempeña las funciones de secretaria personal del alcalde, Fernando Muguruza, como cargo de confianza.

Extraído de: soitu.es

El juez acusa a Muguruza y Rodríguez de beneficiar sistemáticamente a un amigo