El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Castro Urdiales rechazó en nota de prensa que durante la pasada legislatura el Consistorio perdiera cerca de tres millones y medio de euros en permutas urbanísticas y afirmó que la responsabilidad sobre lo ocurrido en Cotolino era del concejal de Vivienda en 1996, el socialista Joaquín Antuñano. El alcalde Fernando Muguruza y sus socios del PP y de Acuerdo por Castro respondieron de esta forma al informe del Tribunal de Cuentas que señala que en los años 2004 y 2005 el Consistorio pudo perder 3,44 millones de euros por irregularidades en permutas de terrenos en Cotolino (área de planeamiento diferido 2, APD 2) y en El Chorrillo (suelo urbanizable programado 4, SUP 4).
El equipo de gobierno aseveró que el anterior equipo de gobierno (PRC, PP e Izquierda Unida) «no realizó ninguna venta de viales ni de terrenos de dominio público, como tampoco vendió aprovechamientos urbanísticos que correspondieran al Ayuntamiento».
«Cuando la nueva Corporación llegó al Ayuntamiento en mayo de 2003 decidió examinar aquellos expedientes urbanísticos de ejercicios anteriores, entre los que se encontraba el de la zona de Cotolino (APD 2), firmado en 1996, siendo responsable de la firma el entonces concejal socialista Joaquín Antuñano, el cual ocupa un cargo de gran responsabilidad en la Consejería de Industria», apuntaron en su nota.
El equipo de gobierno añade que en la pasada legislatura «forzó una nueva negociación con los promotores» de Cotolino, «obteniendo no sólo la propiedad de los terrenos comprometidos en 1996, sino la mejora de los convenios ya firmados y ejecutados, unas mejoras plasmadas en el Convenio Novacional firmado en mayo de 2004». «Este asunto ya fue estudiado y sobreseído por la Fiscalía en Santander por no encontrar indicio de delito alguno», apuntaron en alusión a la querella por prevaricación que presentó contra el anterior equipo de gobierno por ese asunto la Plataforma contra el puerto deportivo y un ex concejal del PP, Pedro Revuelta.
Muruguza y sus actuales socios de gobierno niegan además que durante la pasada legislatura se pusiera «ningún tipo de obstáculo a la obtención de documentos por parte del Tribunal de Cuentas». «Son reiterados los escritos ordenando a distintos departamentos que facilitasen toda la documentación requerida por éste», alegan.
«Que dé la cara»
Estas afirmaciones del equipo de gobierno castreño tuvieron una respuesta del actual director de gabinete de la Consejería de Industria, Joaquín Antuñano. «El informe del Tribunal de Cuentas hace referencia a los años 2004 y 2005 y yo no tengo que decir nada porque no estaba en la Corporación, señaló ayer».
Antuñano apuntó al ex alcalde socialista entre los años 1991 y 2003, Rufino Díaz Helguera, como el responsable de firmar esos expedientes urbanísticos a los que se refiere Muguruza y sus socios de gobierno. «Muguruza quiere tapar a Díaz Helguera porque es su compañero de equipo de gobierno y esto puede provocar una crisis interna», aseveró.
El director de gabinete de Industria explicó que Díaz Helguera, como alcalde, ejercía el poder ejecutivo y la responsabilidad «recaía en él». «Que dé la cara, que parece que viene como un nuevo político y que no se esconda detrás de la sombra de Muguruza y Rodríguez López», dijo.
El PSOE critica la «falta de transparencia»
La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Consistorio castreño, María Jesús Esteban, también se refirió ayer al informe previo del Tribunal de Cuentas. Por un lado, criticó la «total falta de transparencia e información» que el Ayuntamiento «viene dejando en evidencia desde la pasada legislatura». Por otro lado cuestionó la «falta de rigor, de procedimiento y de responsabilidad que ha tenido el tripartito (PRC, PP e IU) durante el mandato anterior».
En declaraciones a Punto Radio Castro, la portavoz del PSOE aseguró que el Tribunal de Cuentas pone en evidencia clara y contundentemente que todas y cada una de las áreas del Ayuntamiento de Castro Urdiales «no tienen control alguno» y eso deriva de la «falta de voluntad política para poner control». «En el descontrol está sin duda una posibilidad de discrecionalidad, una posibilidad de corrupción», añadió.
Para María Jesús Esteban esa «falta de rigor» ha tenido «graves perjuicios» para la credibilidad de la institución municipal y graves perjuicios económicos «como evidencia ese anteproyecto».
Responsabilidades
D otro lado, la edil socialista coincidió con su compañero de partido Joaquín Antuñano a la hora de señalar al actual portavoz de Acuerdo por Castro, Rufino Díaz Helguera, como el responsable de la firma de esos convenios urbanísticos en la zona de Cotolino en su época de alcalde (1991-2003).
Extraído de: eldiariomontanes.es
