La Fiscalía de Cantabria ha acusado a los dos últimos alcaldes de Castro Urdiales, Fernando Muguruza y Rufino Díaz Helguera, a otros 15 ediles de PSOE, PP, PRC e IU y a cinco técnicos de prevaricar para sacar adelante modificaciones urbanísticas destinadas a favorecer a empresas promotoras. El Ministerio Público asegura que, durante las legislaturas 1999-2003 (gobierno del PSOE, con Díaz Helguera como alcalde) y 2003-2007 (gobierno de PP-PRC-IU, con Muguruza como regidor municipal), la Corporación aprobó a sabiendas de su ilegalidad una serie de operaciones urbanísticas que causaron al municipio un perjuicio estimado en 2,4 millones de euros.
En este caso, se examina la autorización de una urbanización promovida por la empresa Urdicam, así como las irregularidades en la gestión del Ayuntamiento de Castro Urdiales puestas de manifiesto por el Tribunal de Cuentas en su informe de 26 de febrero de 2009.
En ese informe del Tribunal de Cuentas, como resume la propia Fiscalía en su escrito de cargos, se relata "la absoluta falta de control, rigor, ausencia de organización y, en definitiva, actuación al margen de la legalidad vigente en un desarrollo urbanístico, que además fue importantísimo en los últimos años".
Esa ausencia de control en la gestión del urbanismo en un municipio que casi ha duplicado su población en diez años, continúa el fiscal, permitió un "modelo centrado y basado únicamente en la mera construcción de viviendas, lo que significa una ausencia de preocupación por cubrir las necesidades de la población y crear un espacio urbano de calidad".
A lo largo de 22 páginas, el Ministerio Público detalla una serie decisiones con las que miembros de la Corporación de Castro Urdiales y técnicos cualificados del Ayuntamiento, como el secretario y el arquitecto municipal, consiguieron sacar adelante una serie de modificaciones urbanísticas a pesar de existir informes contrarios de la Comisión Regional de Urbanismo del Gobierno de Cantabria.
Como consecuencia de esas operaciones, en 2002 se permitió "por la vía de los hechos" construir un vial que no estaba previsto en el plan general y que, según el fiscal, se hizo "en beneficio lucrativo de los promotores y propietarios de los terrenos".
A cambio, se perdieron más de 2.000 metros de terreno que deberían haber sido destinados a equipamientos públicos.
El fiscal denuncia además que, para ocultar esa operación, "el secretario del Ayuntamiento (César Saiz), en connivencia con el alcalde (Rufino Díaz Helguera), remite al Boletín Oficial de Cantabria para su publicación la certificación del acta del pleno, haciendo constar" una modificación distinta a la que realmente se había aprobado, "alterando el documento en su contenido esencial".
En su calificación provisional de los hechos, la Fiscalía formula cargos contra los dos últimos alcaldes, ocho ediles del PSOE, tres concejales del PRC, dos del PP y otros dos de IU, así como contra el secretario y el arquitecto municipal cuando se cometieron los hechos y tres técnicos del Consistorio.
