El Tribunal de Cuentas ha llegado al Ayuntamiento de Castro Urdiales. El objetivo: fiscalizar la gestión del anterior equipo de gobierno ( PRC, PP e IU) con Fernando Muguruza al frente de la Alcaldía, durante la pasada legislatura, en concreto, durante los años 2004 y 2005. Entre las anomalías que el Tribunal de Cuentas ha recogido en su informe previo, al que el Ayuntamiento podrá presentar alegaciones durante un plazo aproximado dos meses, destaca un desfase en la valoración de varias parcelas ubicadas en Cotolino (Área de Planeamiento Diferido, nº 2 del PGOU) y en El Chorrillo (SUP 3).
Al parecer, en los convenios de permuta de estas dos áreas se acordaron valoraciones con importantes diferencias respecto a su valoración inicial, de forma que «en los terrenos aportados por el Ayuntamiento se redujo su valor y en los recibidos se incrementó. El importe de estas diferencias han podido suponer un perjuicio para el Consistorio de 3.444.652 euros».
Además, en el desarrollo urbanístico del área de Cotolino «se incumplió el Artículo 83 del Real Decreto Legislativo (RDL) 1/1992 en relación a las dotaciones para parques y jardines, zonas deportivas y recreo y expansión. No se produjo ninguna cesión de sistemas locales para estas dotaciones, y según el estándar mínimo establecido, se deberían haber cedido 32.802 metros cuadrados.
En relación con este mismo ámbito territorial, se produjo la compensación al Ayuntamiento por la inclusión de caminos y viales de dominio público en el área a urbanizar. Esta compensación, por importe de 593.670 euros, se fijó en el 100% del exceso de edificabilidad obtenido por la empresa propietaria de los terrenos, «vulnerando el Artículo 80.1 de la Ley de Base Reguladora del Régimen Local (LBRL) que establece la inalienabilidad de los bienes de dominio público». Además, se fijó la obligación de la empresa de ceder al Ayuntamiento 213.500 metros cuadrados de suelo no urbanizable y la empresa pagó 726.548 euros al Consistorio «sin que se haya obtenido información sobre la justificación de esta compensación económica».
Aprobación del gasto
En su amplio informe, el Tribunal de Cuentas ha detectado que durante el periodo que ha fiscalizado «se producía frecuentemente la aprobación del gasto sin asegurar la debida consignación de crédito y sin la contabilización de esta fase presupuestaria». Esta irregularidad derivó de la «existencia de facturas sin contabilizar por no contar con crédito presupuestario». El procedimiento habitual era su regularización en los años siguientes a través de la figura del reconocimiento extrajudicial de crédito. En 2004 la cuantía de obligación de ejercicios anteriores reconocidas mediante esta figura fue de 6.169.668 euros y en 2005 de 339.731 euros.
Por otro lado, el Consistorio castreño ha mantenido desde el ejercicio 2000 «un retraso continuado en la rendición de sus cuentas anuales y las de los ejercicios de 2000 a 2003 fueron rendidas sin aprobar por el pleno de la Corporación». Asimismo, la cuenta anual del 2004 se rindió al Tribunal de Cuentas «con retraso de dos meses respecto al plazo legal y de forma incompleta, y la de 2005 con retraso de cinco meses». En relación a la cuenta general de 2006, cuando se estaba elaborando este informe de fiscalización, el Tribunal «no había recibido esa cuenta anual, habiendo finalizado el plazo establecido de presentación el 15 de octubre de 2007».
Con todo esto, el Ayuntamiento tendrá un periodo de dos meses para presentar las alegaciones que considere a este anteproyecto del Tribunal de Cuentas. A partir de ahí, este organismo emitirá un informe definitivo que trasladará al fiscal, encargado de decidir si corresponde o no abrir diligencias en el caso de que hubiese indicios de delito.
«Grave desaparición de ingresos»
En 2004, el por entonces interventor municipal del Ayuntamiento de Castro Urdiales, Fernando Urruticoechea, ya informó al equipo de gobierno de la «grave desaparición de ingresos por aprovechamientos urbanísticos, con la consiguiente descapitalización del patrimonio municipal del suelo» y de la necesidad de revisar todos los convenios urbanísticos de los últimos años, empezando por el emblemático APD 2, ubicado en el área de Cotolino, del que solicitó la contratación de un informe jurídico elaborado por un experto.
Según Urruticoechea, en ese informe se demostraba que el convenio firmado en 2000 «transgredía frontalmente la legislación vigente y suponía una lesión intolerable al patrimonio municipal que justificaba la tramitación judicial de lesividad por apropiación privada de unos 1.100 millones de las antiguas pesetas que correspondían al Ayuntamiento».
Obstáculos para obtener información
El Tribunal de Cuentas señala en su informe que a la hora de realizar las tareas de fiscalización del Consistorio castreño «han existido especiales dificultades y significativos retrasos en la obtención de la documentación, así como relevantes carencias que han afectado a las actuaciones fiscalizadoras». Asegura además que el deficiente sistema de formación y archivos de expedientes, junto con la ausencia de un sistema normalizado de distribución de los trabajos, «ha dificultado y en algunos casos imposibilitado el acceso a la documentación».
Por otro lado, este organismo fiscalizador apunta que el Consistorio no ha puesto a su disposición las relaciones de expedientes tramitados en las diferentes áreas de gestión. «No ha sido posible conocer el número de licencias solicitadas y concedidas en el periodo fiscalizado, ni los expedientes de disciplina urbanística, ni las modificaciones del PGOU, ni los contratos formalizados en 2004 y 2005», señala.
Extraído de: eldiariomontanes.es
